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El PDeCAT da su brazo a torcer y la ley de desconexión se aprobará antes del 1-O

La norma blinda legalmente el resultado del referéndum, y prevé amnistiar a los condenados por el ‘procés’

X. Garmendia - Martes, 29 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP presentaron ayer el contenido de la norma de desconexión en el Parlament.

Parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP presentaron ayer el contenido de la norma de desconexión en el Parlament. (Foto: Efe)

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  • Parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP presentaron ayer el contenido de la norma de desconexión en el Parlament.

pamplonA- El soberanismo catalán volvió a encender ayer los motores para meter la directa y acelerar hacia la independencia. Con apenas 35 días de margen hasta el referéndum y de forma repentina, Junts pel Sí y la CUP sacaron a la luz la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, la norma clave para la desconexión que se ha mantenido en el más estricto oscurantismo desde hace meses. El documento, que servirá como puente hacia el Estado catalán en caso de que el sí se alce con la victoria, tendrá la luz verde del Parlament antes de la votación del 1-O, una decisión no exenta de desavenencias entre las propias filas del independentismo. Finalmente el PDeCAT, que quería postergar su aprobación, ha dado su brazo a torcer con una ley que, entre otros contenidos, adopta la república parlamentaria como forma de Estado y activa una amnistía para todos los condenados por el procés, entre ellos, el expresident Artur Mas.

El contenido de la ley era una de las grandes incógnitas de la hoja de ruta soberanista. Su redacción se ha gestado en la sombra para entorpecer la respuesta judicial de Madrid. El grado de secretismo ha sido tal que Junts pel Sí tuvo que convocar a sus parlamentarios para explicarles los principales puntos del texto solo unos minutos antes de la presentación ante los medios de comunicación. A diferencia de la Llei del Referèndum d’Autodeterminació, esta vez la exposición estuvo alejada de toda puesta en escena y se produjo en la sala de prensa del Parlament bajo los mandos de dos representantes de la coalición gobernante y otros dos de la CUP.

“El ciudadano conocerá de antemano cuáles son las consecuencias de su voto, sea sí o no”

LLUÍS COROMINAS

Presidente del grupo de Junts pel Sí

“Aprobar esta ley dinamita cualquier intento de abrir un nuevo ‘procesismo”

Los 89 artículos y 3 disposiciones finales -una de ellas, suspensiva en caso de que la secesión sea rechazada en el referéndum- de la norma esbozan el boceto de la arquitectura jurídica que se levantará en suelo catalán durante su metamorfósis hacia el Estado propio. Esto hace que tenga fecha de caducidad, ya que solo estará en vigor hasta que las Cortes Constituyentes redacten y sometan a votación popular una Constitución. El texto dibuja el horizonte político de una Catalunya independiente: una república parlamentaria en la que el president de la Generalitat sería el jefe de Estado, con tres idiomas cooficiales -catalán, castellano y aranés- y en la que los ciudadanos no tendrían que renunciar a la nacionalidad española para obtener la catalana.

El tempo de esta ley había causado una nueva fricción en el seno de los independentistas. La CUP llevaba semanas urgiendo a Junts pel Sí para que todas las normas de desconexión, incluyendo esta, estuvieran aprobadas con un margen suficiente de cara al referéndum de autodeterminación. ERC no planteaba ninguna reticencia, pero el PDeCAT, por su parte, prefería esperar al recuento de papeletas de forma que solo se activara en caso de victoria del sí. Además, la formación heredera de Convergència quería evitar un nuevo frente judicial con Madrid antes del 1-O.

Pero más allá de los argumentos oficiales, ERC y sobre todo la CUP detectaban dudas entre los representantes del PDeCAT acerca de la senda independentista. La aprobación de la ley de transitoriedad antes del referéndum supondrá que no haya posibilidad de dar marcha atrás, ya que el resultado de la votación quedará blindado legalmente. Por el contrario, demorar el beneplácito del Parlament hasta después del plebiscito abriría la opción de dejar en el dique seco la voluntad de los votantes. Por ello, tanto el partido de Junqueras como los anticapitalistas han ejercido presión para, en palabras del cupaire Benet Salellas, “dinamitar cualquier intento de abrir un nuevo procesismo”.

CALENDARIOAunque se sabe que se aprobará antes de octubre, pocos más detalles se conocen del calendario parlamentario de esta ley. Los soberanistas entienden que el Gobierno español mirará con lupa cualquier movimiento e impondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional en cuanto pueda. Lo mismo ocurre con la Llei del Referèndum d’Autodeterminació, que ni siquiera ha sido aún tramitada por la Mesa del Parlament, algo que tampoco se prevé oficialmente para la reunión de hoy. Así, a poco más de un mes de la votación, los últimos pasos del procés siguen en un limbo sin respaldo legal. Por un lado, los promotores del 1-O aguardan para obstruir las acciones judiciales de Madrid;por el otro, se ven apremiados por la cercanía de la votación. Después de ver derribada la reforma del reglamento de la Cámara para facilitar la aprobación de las leyes de desconexión, Junts pel Sí y la CUP se aferran a preceptos del código original para rehuir los procedimientos habituales e introducir súbitamente sus iniciativas en el orden del día.

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