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El PDeCAT da su brazo a torcer

Doble nacionalidad para quien quiera conservarla


Un reportaje de Jesús Barcos. Fotografía Toni Albir (Efe) - Martes, 29 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Vista general del auditorio del Parlament de Catalunya, durante una cumbre sobre el referéndum celebrada el pasado mes de diciembre.

Vista general del auditorio del Parlament de Catalunya, durante una cumbre sobre el referéndum celebrada el pasado mes de diciembre. (EFE)

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  • Vista general del auditorio del Parlament de Catalunya, durante una cumbre sobre el referéndum celebrada el pasado mes de diciembre.

Junts pel Sí y la CUP aprobarán en el Parlament antes de ese 1-O la Ley de Transitoriedad, que es la principal de las llamadas “leyes de desconexión”, prevista para, en caso de que ganara el ‘sí’ a la independencia, crear un marco legal alternativo al español. La proposición de Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República permitiría a los ciudadanos mantener la doble nacionalidad. Asimismo, otorgaría al presidente de la Generalitat carácter de jefe de Estado. Por otro lado, la Generalitat pasaría a ser autoridad aduanera, y el Ejército debería abandonar Catalunya, que se constituiría en “una República de Derecho, democrática y social”, cuya soberanía nacional radicaría “en el pueblo de Catalunya”. Lo que no se explicita es si esa Catalunya independiente tendría ejército, algo que JxSí y CUP dejan para el debate constituyente.

Sí se concretan los requisitos para tener la nacionalidad catalana y que ello “no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra”. Además, se asegura, “el Govern promoverá, en el tiempo más breve posible, negociaciones con el Estado español para celebrar un tratado en materia de nacionalidad”.

La proposición de ley, aún no registrada, deja claro que sería la “norma suprema del ordenamiento jurídico catalán” mientras no sea aprobada una “constitución catalana”. Asimismo, establece que las normas locales, autonómicas y estatales vigentes en Catalunya en el momento de entrada en vigor de la ley se continuarán aplicando en lo que no contravengan esta ley y el derecho catalán aprobado después.

FUNCIONARIOS INTEGRADOSTambién se continuarían aplicando las normas del derecho de la UE, el derecho internacional general y los tratados internacionales. El personal del Estado que preste sus servicios en Catalunya se integraría en la administración pública catalana en las mismas condiciones retributivas y empleo, salvo que renuncie.

Se reconocería el derecho a percibir prestaciones sociales públicas, así como se reconocerían los periodos de cotización en Seguridad Social. La Generalitat sería la única “autoridad” tributaria y desaparecería la potestad de la Agencia Tributaria en Catalunya. Por lo que respecta a la asunción de la deuda, se dejaría a la eventual fase de negociación con el Estado. La ley prevé que la Generalitat tendría toda la autoridad tributaria, aunque sin afectar a las competencias recaudatorias de las administraciones locales. Sin embargo, no explica qué pasará con la parte de la deuda del Estado que corresponde a Catalunya. Sus relatores aclaran que será una parte fundamental de la negociación con el Ejecutivo estatal, en caso de que el ‘sí’ gane el 1-O. “Si no hay negociación, no hay asunción de la deuda”, advirtió ayer el parlamentario de la CUP Benet Salellas.

tres fasesEl proceso constituyente constaría de tres fases sucesivas: una primera, de proceso participativo;una segunda, de elecciones constituyentes y elaboración de una propuesta de Constitución por parte de una Asamblea Constituyente;y una tercera, de ratificación de la eventual constitución mediante un referéndum.

El proceso participativo tendría lugar, según dicha ley, durante los “seis meses posteriores a la proclamación de los resultados del referéndum” y constaría de un proceso deliberativo a nivel sectorial y territorial y la convocatoria de un “Foro Social Constituyente” formado por representantes de la sociedad y partidos políticos.

Al mismo tiempo, el Govern crearía un consejo asesor formado por expertos académicos, catalanes e internacionales para asesorar en esa fase deliberativa. El Foro Social Constituyente, recogiendo los debates de esa fase, formularía un conjunto de preguntas sobre los principios y cuestiones generales de esa futura ‘constitución’, que deberán ser resueltas por la ciudadanía mediante un proceso de participación. Acabado ese proceso participativo, “el presidente de la República disolverá el Parlament y convocará elecciones constituyentes”, de las que saldría una asamblea con el mismo número de miembros que el Parlament disuelto. Dicha asamblea redactaría una propuesta de constitución, que se deberá aprobar por mayoría de 3/5 de los miembros del pleno. En caso contrario, será suficiente mayoría absoluta en una segunda votación.

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