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Eh bildu sospecha que en Ultzama ha habido pagos irregulares y ayudas “solapadas”

Araiz cifra en 400.000 € el sobrepago de subvenciones por parte del Gobierno foral

Facturas halladas en la documentación evidencian descuadres de hasta 40.000 € entre Consistorio, Levenger y Bioenergía

Andoni Irisarri Iban Aguinaga - Miércoles, 30 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:09h

pamplona- La comisión parlamentaria que investiga la desaparición de la planta de biogás de Ultzama encara la fase de análisis de la documentación y convocatoria de comparecencias con muchos puntos todavía por aclarar. Pese a que a principios de julio la Fiscalía no consideró penalmente relevantes las irregularidades denunciadas por la Cámara de Comptos, el complicado entramado empresarial, el incierto papel del Ayuntamiento de la localidad (gobernado por la agrupación afín a UPN durante todo el proceso) y el abrupto cierre de la planta tras 3,2 millones de dinero público invertidos son algunas de las incógnitas que tendrá que despejar una comisión parlamentaria constituida a finales de mayo con la única oposición de los regionalistas, y que prevé terminar sus trabajos para octubre.

Pero como si de un prolegómeno de lo que queda por venir se tratara, ayer el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, quiso adelantar algunos de los hallazgos más destacables que la revisión de los documentos ha proporcionado al grupo de trabajo. Fueron tres los casos concretos citados por Araiz, pero de sus declaraciones se dedujo que podrían ser muchos más los aspectos cuestionables que emanen de todo lo relacionado con la planta. Esta fue puesta en marcha por iniciativa del Ayuntamiento en 2007, cuando Patxi Pérez, ex director general de Administración Local y actual miembro de la Ejecutiva de UPN, era el alcalde. La empresa Levenger fue la adjudicataria, y ésta, junto con otras empresas de la zona, conformó Bioenergía Ultzama, a la que se cedió la explotación de la planta. Pues bien, la Cámara de Comptos detectó, entre otras irregularidades, que entre el Ayuntamiento, la adjudicataria y la cesionaria se produjo una facturación cruzada que podría haber servido para captar más subvenciones del Gobierno de Navarra.

Concretamente, dentro de ese engranaje EH Bildu sospecha que el Ayuntamiento pudo “instrumentalizarse” para acceder a unas subvenciones que el departamento de Desarrollo Rural sólo concedía a entidades locales, y que se utilizaron para asumir pagos que se iban girando entre Consistorio, Levenger y Bioenergía con el mismo concepto, pero no siempre con la misma cantidad.

40.000€ de desfasePor ejemplo, y según Araiz, este sistema se habría utilizado en dos ocasiones para sufragar maquinaria. En uno de esos intercambios, que data de 2008, el Ayuntamiento le facturó 612.000 € a Levenger, pero luego Bioenergía le cobró a Levenger solo 572.000 € euros por el mismo concepto. Un desfase de 40.000 euros que además llevó a Araiz a sospechar que pueda tratarse del pago de “una comisión” o por prestarse a “ese sistema de cobro de subvenciones”, pero que en cualquier caso precisa de una explicación por parte del Ayuntamiento, de quien Araiz se preguntó si “estaba al tanto” de ese sistema.

400.000 € en ayudas “solapadas”Otra de las facturas halladas por EH Bildu compromete a Levenger, Bioenergía y la empresa que redactó los proyectos en 2007 y 2008, Aierdi Ingenieros. Araiz indicó que EH Bildu ha encontrado una factura emitida por Levenger hacia Bioenergía que data de 2009 y cuyo concepto es “asesoramiento técnico en la preparación de proyectos para la empresa Aierdi Ingenieros”, por un montante de 27.500 € más IVA. “Si esto se confirma”, precisó Araiz, “lo que habría sucedido es que Levenger asesoró técnicamente a Aierdi, de ahí que figurasen esquemas de Levenger en el proyecto inicial de una empresa que resultó posteriormente adjudicataria”. Esto, según el portavoz soberanista, podría ser “una ilegalidad” por confrontar la Ley Foral de Contratos, que en su artículo 20 “prohibe expresamente y dice que no podrán contratar con la administración aquellas empresas que han intervenido en la determinación de las especificaciones técnicas”. “Esto, que es sospechoso, de confirmarse en estos términos sería muy grave y escandaloso”, consideró. Con respecto a las ayudas, Araiz cifró en 400.000 euros de dinero público los que se habrían solapado por subvenciones de Desarrollo Rural (que financió el 60% del 65% de las inversiones totales) e Industria (actual Desarrollo Económico, que sufragó el 30%), en un “perverso uso del dinero público”.

Por último, Araiz recuperó un episodio “que no está vinculado a la Administración”, pero que representa bien “lo que fue esta planta”. Levenger escrituró que la cesión de sus derechos como adjudicataria a Bioenergía se hacía gratis, pero ese mismo día le remitió una factura con ese mismo concepto por valor de 20.000 €: “Esa escritura es totalmente falsa, no sabemos si así se pretendía engañar a los socios, pero es algo prohibido por la ley de mercantiles y que puede ser un delito de administración desleal”.

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