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La Asesoría Jurídica de la MCP

Por Juan del Barrio - Domingo, 3 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

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La convocatoria de un proceso de contratación para reforzar la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Servicios de la Comarca de Pamplona SA, ha desatado las críticas de UPN a la gestión del presidente Aritz Ayesa, a través del exalcalde Enrique Maya. Éste le acusa de “provocar la dimisión de los dos principales letrados de la MCP para poder tener las manos libres en la institución y llevar a cabo sus obsesiones políticas saltándose cualquier oposición técnica o legal”. La Sra Donázar, Secretaria del Consejo de Administración de SCPSA y el Sr Pérez Remondegui, Asesor Jurídico del mismo, han dimitido de sus cargos en dicho Consejo a causa de esa convocatoria, pero no han renunciado a sus cargos en la MCP ni a sus suculentos sueldos.

La primera consideración que se puede hacer es que, cualquier político o gestor responsable, si quiere llevar a cabo el programa al que se comprometió ante la ciudadanía y por el cual fue elegido, deberá intentar conseguir los recursos adecuados para realizar esa tarea y a su vez rodearse del equipo técnico de su confianza que lo haga posible. Esto es lo que normalmente se hace en todas las administraciones, no solo del Estado sino en todos los países con sistemas políticos democráticos.

En este caso además, la decisión de convocar un concurso de méritos y capacidad fue propuesta por la Presidencia de la MCP al Consejo de Administración de SCPSA, donde fue aprobada. La persona elegida tras ese concurso, en un proceso garantizado por el correspondiente tribunal, pasará como asesora o asesor jurídico a la plantilla de SCPSA y el Presidente podrá ejercer la designación para el puesto que mejor convenga. ¿Por qué se produce la indignada salida a los medios de UPN, con Enrique Maya a la cabeza? ¿No eligieron ellos a sus asesores jurídicos a dedo y sin concursos públicos ni procesos de selección? Pues sí, lo hicieron y lo siguen haciendo allí donde se les dejan.

La trayectoria político-profesional de uno de los dimisionarios, G. Pérez Remondegui, lo demuestra. Desde 1987 desempeñó durante 11 años el cargo de Técnico de Administración Pública, rama jurídica, en el Gobierno de Navarra, presidido la mayoría de esos años por UPN. Desde 1988 simultaneó ese cargo con el de Asesor Jurídico en la MCP, pasando en 1998 a Director de la Asesoría Jurídica de la misma. En el año 2003 pidió excedencia en la MCP y, nombrado a dedo por la Sra Barcina, pasó a dirigir la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Iruñea/Pamplona, y en ese puesto se mantuvo hasta el final del período de alcaldía de Enrique Maya. Su contratación supuso algunos choques entre competencias asesoras con el Secretario municipal.

En el periodo que dirigió la Asesoría Jurídica municipal de Y. Barcina y E. Maya, se produjeron numerosas actuaciones nefastas de ambos alcaldes, con irregularidades legales y económicas muy perjudiciales para la ciudadanía, algunas muy sonadas. Es lógico pensar que, por acción o por omisión, el Sr Remondegui como asesor algo tendría que ver en dichas actuaciones. Recordemos algunas de ellas:

- El caso del ático de la Sra Barcina en Irunlarrea, donde ésta reconvirtió su piso y varios trasteros anexos en un gigantesco ático con piscina incluida, en contra de todas las leyes y ordenanzas de construcción y remodelación de viviendas. Aquí Y. Barcina contó con el apoyo “profesional” del arquitecto E. Maya.

- La actitud visceral de Y. Barcina contra el vasquismo, que le llevó a incumplir la legalidad durante varios años en las rotulaciones de calles y señales de tráfico en formato bilingüe, castellano-euskera.

- Las posibles infracciones urbanísticas y legales en la decisión de construir el aparcamiento subterráneo de la Plaza del Castillo y sus consecuencias. El Sr Remondegui no estuvo al principio de esa construcción, años 2001 y 2002, pero sí al final, en el 2003 y posteriores, años en los que se pagaron las consecuencias de todo tipo: Adjudicación de la gestión y dirección del aparcamiento por 75 años, cuando como máximo sólo podía hacerse por un máximo de 50. Destrucción de los restos arqueológicos y materiales históricos con alto valor patrimonial. Indemnización de 6 M€ por los errores jurídicos en la concesión, que fueron cargados al erario público de la ciudad (lucro cesante). Ausencia total de gestiones para recuperar un patrimonio milenario que, todo lo contrario, se fue deteriorando o fue destruido a sabiendas de que se estaba cometiendo un delito que no prescribe contra el Patrimonio Histórico.

- El mantenimiento del jefe de la Policía Municipal en contra de la mayoría del Pleno, que lo reprobó. Ya se sabe que algunos reglamentos conceden a la alcaldía prerrogativas de decisión sobre el Pleno, pero una actitud de ética democrática hubiera impulsado a su remoción.

- El ‘chanchullo’ del proyecto de Museo de los Sanfermines, a todas vistas innecesario, con idas y venidas durante muchos meses, y al final nunca realizado. El coste para las arcas municipales fue enorme.

- Las componendas e ilegalidades urbanísticas que se utilizaron para reconvertir un solar dotacional, antiguo edificio militar de Intendencia, en solar edificable para El Corte Inglés.

- Las denuncias de Y. Barcina contra las pancartas de las peñas cuando le criticaban o caricaturizaban tanto a ella como a miembros de su partido.

- Las dietas cobradas de Caja Navarra de manera ilegal y con absoluta falta de ética. Salieron a la luz cuando Y. Barcina era Presidenta de Gobierno, pero afectaron tanto a ella como a Enrique Maya, Miguel Sanz, etc., que tuvieron que devolverlas.

- Tanto Y. Barcina como E. Maya incumplieron durante sus mandatos con la Ley de Memoria Histórica al no querer cambiar el nombre de la Plaza Conde de Rodezno, o lo que era lo mismo, la Plaza del Condado de Rodezno.

Es impensable que todas estas esas actuaciones caciquiles e irregulares se tomaran por parte de Y. Barcina y/o E. Maya sin antes ser aconsejados por su asesor de confianza G. P. Remondegui, lo que supone que tuvo importancia su participación, tanto si la hubo por acción, como por omisión.

En 2015, ante el cambio político en las elecciones locales, el Sr Remondegui dejó su excedencia y volvió a la seguridad que le brindaba la MCP, de nuevo como Director de la Asesoría Jurídica. No le hicieron esperar a que quedara libre ese puesto, como suele suceder en caso de largos períodos de excedencia.

Ahora, tras dos años de Asesor del Consejo de SCPSA, dimite de ese cargo y provoca la reacción airada de la dirección de UPN en la Mancomunidad. Se comprende su enfado, especialmente el de E. Maya, saliendo en defensa de uno de sus “peones”… el que le ha asesorado a lo largo de sus cuatro años de alcaldía de un pésimo gobierno de la ciudad.

Esperamos y deseamos que después de la remodelación de la Asesoría Jurídica de la MCP, la dirección de la entidad tenga las manos libres para llevar adelante el programa con el que se comprometió a principios de legislatura.

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