Cinco magistrados cuestionan a la Audiencia Nacional

Sostienen que la jurisdicción universal permite investigar la querella por terrorismo en Siria

Miércoles, 6 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Madrid- Cinco de los magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se han mostrado contrarios a la decisión tomada por la mayoría de sus compañeros de dar carpetazo a la querella contra autoridades sirias por la presunta detención ilegal, tortura y ejecución de un hombre en el año 2003. Consideran que este órgano judicial sí tiene competencia para investigar los hechos porque jurisdicción universal establece la “facultad de perseguir los más graves crímenes internacionales”.

El Pleno, reunido el 21 de julio, estimó por mayoría el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión tomada en febrero por el entonces juez instructor Eloy Velasco de admitir a trámite la querella presentada por Amal Hag-Hamdo Anfalis, la hermana de la víctima contra nueve miembros de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia sirias al entender que este órgano judicial no tiene “jurisdicción para la persecución de los hechos”. Por un lado, los magistrados José Ricardo de Prada Solaesa y Ramón Sáez Valcárcel emitieron un voto particular en contra del auto emitido por la mayoría de la Sala de lo Penal, al que se adhirieron los magistrados Manuela Fernández Prado y Antonio Díaz Delgado. En él manifiestan que la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar la muerte del hermano de la querellante.

conveniosExplican que así lo establece la jurisdicción universal a través de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y de otros tratados internacionales que señalan que tanto los tribunales internacionales como los nacionales tienen la “facultad de perseguir los más graves crímenes internacionales”. Asimismo, señala que es “innegable” el deber de corresponsabilidad por parte de todos los estados que componen la comunidad internacional en poner los medios para evitar la impunidad de los más graves crímenes internacionales y que aunque no tengan la obligación de establecer un sistema de jurisdicción universal incondicional, sí existen normas concretas de cooperar para dichos fines.

Para los magistrados el derecho a la reparación es un “auténtico derecho humano” destinado a la “obtención de justicia, verdad, reparación”, a través de los tribunales o por otros medios. Hay que recordar que el juez Eloy Velasco admitió la querella al entender que sí tenía competencia para estudiar el caso porque la querellante tenía nacionalidad española en el momento en que se cometieron los hechos. El ex juez instructor llegó a tomar declaración a Amal Hag-Hamdo Anfalis y citó a cuatro testigos, entre ellos antiguo policía militar forense sirio, conocido como César, que sería quien habría realizado las fotografías de personas ejecutadas en los centros de detención ilegal. En el auto de admisión, señaló que lo denunciado podría ser susceptible de delito de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, terrorismo y desaparición forzada;si bien, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el pasado mes de julio investigar al gobierno sirio por un delito de terrorismo porque se trata de una causa muy general y su instrucción comportaría una “extensión desmesurada e injustificada de la jurisdicción”.

Esta querella es la primera acción penal de justicia transnacional ante tribunales europeos para enjuiciar a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado sirio. - Efe/E.P.