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El Gobierno foral emprenderá acciones contra las personas responsables de la planta de Ultzama

El Ejecutivo considera que generaron daño económico a la arcas públicas por el cobro de subvenciones duplicadas

efe - Miércoles, 6 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 12:41h

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Vista general de la planta de biogás de Ultzama, en su inauguración en 2010.

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PAMPLONA. El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de hoy emprender acciones legales contra las personas jurídicas responsables de la planta de biometanización de Ultzama al considera que generaron un daño económico a la arcas públicas por el cobro de subvenciones duplicadas.

Se trata, según ha indicado en conferencia de prensa la consejera María Jose Beaumont, de que los tribunales determinen si existe responsabilidad penal o civil "en la financiación irregular con fondos públicos" de la construcción de la planta El Gobierno quiere aclarara así si las sociedades Bioenergía Ultzama y Leverger, sin descartar otros posibles responsables, actuaron correctamente en relación con las subvenciones para financiar la planta o si por el contrario pudieron cometer algún delito o infracción civil.

De hecho, tras la revisión de los expedientes de las ayudas concedidas por Desarrollo Rural y Desarrollo Económico, y a la vista también del informe realizado sobre este asunto por la Cámara de Comptos, el Ejecutivo no descarta que la financiación del proyecto pueda ser constitutiva de delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevariación y estafa.

Beaumont ha señalado al respecto que el archivo decidido por la Fiscalía "no es una resolución judicial y por lo tanto no cierra la puerta" a otras actuaciones como la aprobada hoy, y de hecho ha recordado que el Tribunal de Cuentas también tiene abiertas unas diligencias preliminares para investigar una posible responsabilidad contable en este asunto y ya ha solicitado documentación al Gobierno de Navarra, que se la remitió este verano.

Y es que el Gobierno de Navarra entiende que se produjo "una doble financiación en la construcción de la planta de biometanización" ya que el Ayuntamiento de Ultzama recibió subvenciones de Desarrollo Rural y, por el mismo proyecto, Bioenergía Ultzama S.A. las obtuvo de Desarrollo Económico.

En este sentido, el vicepresidente Manu Ayerdi ha indicado esta empresa habría pagado casi 1,14 millones de euros, IVA excluido, por encima del coste del proyecto, fijado en poco más de tres millones. La diferencia se abonó al Ayuntamiento de Ultzama que, a su vez, pagó ese dinero a Levenger, la mercantil dedicada al suministro e instalación de la maquinaria, para pasar después el 100 % de los gastos de construcción a otros proveedores. Una operación que al parecer se hizo sin que existiera constancia de una modificación del proyecto de inversión que se presentó para obtener las subvenciones.

A la vista de los datos disponibles, el Gobierno de Navarra entiende que a las posibles irregularidades contribuyó el entramado societario en torno a la planta de biometanización y ahora duda de que pueda recuperar el dinero. Según Ayerdi, Desarrollo Rural reclamó en marzo la devolución de 216.000 euros más 44.000 de intereses y Desarrollo Rural pidió en abril del año pasado, aunque en este caso no por la doble subvención sino por incumplimiento de la inversión, el reintegro de más de un millón de euros, 906.000 de ayudas y 148.000 por intereses, pero Biometanización Ultzama está en un proceso concursal que hace temer al Gobierno por la recuperación de este dinero.

En todo caso la decisión de acudir a los tribunales cuenta con el aval de un informe de la Cámara de Comptos en el que el órganos fiscalizador detectaba graves incumplimientos de la normativa de contratación pública por parte de los responsables del Ayuntamiento de Ultzama, así como una doble facturación en la construcción de la planta de biogás, por la que empresas distintas llegaron a cobrar por el mismo concepto. Eso hizo que el órgano fiscalizador se dirigiera a la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra notificando los indicios de responsabilidad penal detectados y que derivaban, además, en un perjuicio para los fondos públicos.

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