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El Parlament impulsa el referéndum y el Govern firma el decreto de convocatoria

Un parlamento dividido saca adelante la ley que fija el marco legal del 1-O en un pleno largo, bronco y crispado

Humberto Unzueta - Jueves, 7 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Carles Puigdemont y su consejeros aplauden tras la votción de la ley del referéndum en el Parlament

Carles Puigdemont y su consejeros aplauden tras la votación de la ley del referéndum en el Parlament (AFP)

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Carles Puigdemont y su consejeros aplauden tras la votción de la ley del referéndum en el Parlament

pamplona- La Generalitat de Catalunya pone la directa al referéndum independentista del 1 de octubre tras firmar ayer el decreto que habilita la celebración de la convocatoria. Carles Puigdemont fue el último en firmar pero antes que él hicieron lo mismo el resto de los consejeros de su gobierno y el vicepresident Oriol Junqueras que, de este modo, se corresponsabilizaron ante las eventuales responsabilidades judiciales que se puedan derivar de la convocatoria.

Con la aprobación de la ley, su inscripción en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y la posterior firma del decreto de convocatoria se aprieta el botón del referéndum por los soberanistas y en paralelo desde el Gobierno español se activa la maquinaria para suspender la ley y determinar las responsabilidades penales de los impulsores de la norma. El choque de trenes ya está aquí. El diálogo tendrá que esperar.

La firma del decreto tuvo lugar ya bien entrada la noche en el auditorio del Parlament, donde se dispuso un escenario con las banderas catalana y de la UE, antes unas 200 personas. Fue el colofón solemne a una larga, frenética y bronca jornada en la Cámara legislativa que durante todo el día acogió la sesión plenaria en la que se presentó, debatió y aprobó la ley del Referéndum, la norma que fija el marco legal de la consulta fijada para el 1 de octubre, registrada por la coalición Junts pel Sí (JxSí), la coalición entre PDeCAT y ERC que sustenta al Govern de Puigdemont. Como estaba previsto, la proposición de ley contó con el respaldo de los impulsores de la norma y de la CUP, que sumaron la mayoría absoluta necesaria para sacarla adelante. El resultado de la votación fue de 72 votos de apoyo a la ley, 11 abstenciones y 52 parlamentarios que no votaron.

Enfrente tuvieron a Ciudadanos (C’s), PSC y Partido Popular que se opusieron a la iniciativa y que escenificaron su rechazo a la ley y al procedimiento mediante el que ayer fue aprobada abandonando el hemiciclo en el momento en que iba a ser votada, en señal de protesta. Además, los populares dejaron sobre sus escaños banderas catalanas y españolas. La diputada de Podem Àngels Martínez se levantó para ir a retirar las enseñas españolas, aunque fue reprendida por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que instó a los ujieres de la Cámara a reponer las banderas.

Por su parte Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) se abstuvo. Se especulaba con ello pero finalmente ninguno de los partidos que integran la coalición de izquierdas dio su apoyo a la ley, a pesar de la división interna que ayer volvieron a escenificar. Los dos partidos que forman parte de este grupo, ICV y Podem, quisieron marcar perfil propio respecto al eventual referéndum de independencia. Justo cuando el presidente de la formación en el Parlament, Lluís Rabell (independiente, pero afín a ICV), se disponía a tomar la palabra para defender el posicionamiento de su grupo, el diputado Joan Giner (Podem) inquirió a Forcadell si el tiempo de intervención podía repartirse en dos turnos, para poder fijar también su posición la formación morada.

La jornada fue muy larga -arrancó a las nueve de la mañana y concluyó a las nueve y media de la noche- y llena de momentos de tensión, bronca y desconcierto y dejó patente de nuevo el choque entre los que abanderan el principio de legitimidad del voto y el principio de legalidad. Hubo más interrupciones que tiempo real de debate y la discusión tuvo muchos instantes de crispación. Los soberanistas y los constitucionalistas se cruzaron reproches permanentes por la interpretación del reglamento. Comenzó por la mañana cuando JxSí pidió a la Mesa del Parlament, invocando el artículo 81.3, incorporar al orden del día el debate y votación por la vía exprés de la proposición de ley de referéndum.

Ahí empezaron las dificultades para Forcadell, que ayer tuvo que emplearse a fondo y con mano de hierro ante las exigencias de los parlamentarios contrarios a la ley que le acusaron de saltarse el reglamento, especialmente el diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa, con quien se las tuvo tiesas en repetidas ocasiones. Otro momento caótico se produjo cuando la presidenta del Parlament no permitió hablar al letrado mayor de la Cámara, quien junto con el secretario general del legislativo, Xavier Muro, advirtió en un informe a la Mesa de que la tramitación de la ley del Referéndum choca de forma directa con las sentencias y autos del Tribunal Constitucional.

Durante el pleno Ciudadanos, el PSC, el PP y Catalunya sí que es Pot coincidieron en que se estaban vulnerando los derechos de los diputados porque apenas se les dio dos horas para presentar enmiendas, se les privó de pedir un informe al Consejo de Garantías Estatutarias y se optó por un procedimiento de urgencia que evitaba la comparecencia de expertos, la creación de una ponencia y la redacción de un dictamen. El Consejo de Garantías Estatutarias dio la razón a los grupos de la oposición y recordó a Forcadell que la Mesa está obligada a tramitar las peticiones de informes sobre la legalidad de las leyes que se impulsan en la Cámara. Fue el segundo sapo que tuvo que tragarse Forcadell.

Junts pel Sí y la CUP alegaron que no les quedaba otro remedio que optar por esa vía y culparon al Estado español de no dejarles otra salida, porque si hubieran optado por el trámite habitual el referéndum no se habría podido convocar con la ley vigente. “No nos ha quedado otro camino que este, es una ley para votar y con todas las garantías y hoy no acaba nada sino que empieza todo”, dijo Lluís Corominas.

CLAVES DE LA LEYCon la ley de Referéndum debe nombrarse una Sindicatura Electoral que actúe como árbitro del referéndum con funciones similares a la de la Junta Electoral Central. La formarán 5 juristas y politólogos independientes nombrados por el Parlament que se encargarán del escrutinio y certificarán los resultados de la votación. También velarán por la imparcialidad y el pluralismo en los medios de comunicación y acreditarán a los observadores internacionales. De este órgano dependerán 5 sindicaturas electorales de demarcación.

El censo es una de las mayores incógnitas del 1-O y la ley lo deja en manos del Govern, que ‘aprobará un decreto de normas complementarias’ que lo regulará. Este decreto también detallará los puntos de votación con las más de 6.000 urnas que el Govern ha anunciado que ya tiene. Las papeletas incluirán la pregunta “Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?”, que podrá responderse con ‘sí’ o ‘no’.

Los ayuntamientos deberán poner a disposición del Govern los locales de su titularidad que se usan habitualmente como centros de votación. Los cargos de PSC, Cs y PP ya han dicho que no colaborarán.