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el referéndum del 1 DE OCTUBRE

Los ayuntamientos proclives a colocar urnas el 1-O alcanzan al 38% del censo

EN TORNO A | 600 de los 947 Consistorios de catalunya son favorables a facilitar el referéndum, aunque los municipios más poblados han optado por descolgarse

D.N. - Sábado, 9 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Dos vecinos contemplan la fachada principal del ayuntamiento de Manresa, donde el gobierno municipal de CDC colgó una estelada en 2015.

Dos vecinos contemplan la fachada principal del ayuntamiento de Manresa, donde el gobierno municipal de CDC colgó una estelada en 2015. (EFE)

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  • Dos vecinos contemplan la fachada principal del ayuntamiento de Manresa, donde el gobierno municipal de CDC colgó una estelada en 2015.

PAMPLONA- Ayuntamientos de Catalunya que suman al menos tres millones de habitantes guardan silencio o ya han rechazado la cesión de los locales electorales habituales para la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido su convocatoria. Se trata, entre otros, de grandes urbes como Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, El Prat de Llobregat y Castelldefels, que entre todas ellas suman una importante porción de la población. De los 847 municipios diseminados por el mapa catalán, alrededor de 600 han confirmado que instalarán las urnas para el referéndum. Pese a ser una amplia mayoría, su traslación a un porcentaje del censo alcanzaría, a lo sumo, el 38%. Un 30% de la población, por su parte, habita en localidades que aún no se han definido.

El nexo entre todas estas localidades que aún no se han sumado al 1 de octubre es la presencia del PSC en el equipo de gobierno, en algunas ocasiones en solitario y en otras compartiendo protagonismo con otras formaciones, algunas de ellas de corte independentista. Y tremendamente importante es su población, ya que dos de las cuatro capitales de provincia, gobernadas por los socialistas, ya han dicho que no tomarán parte. Es el caso de Tarragona y Lleida, que cuentan con 131.000 y 139.000 habitantes, respectivamente. Con la duda pendiente de Barcelona, que de por sí sola aporta un 21% del censo debido a sus 1,6 millones de vecinos, la Girona otrora gobernada por el actual president Carles Puigdemont es la única que ha confirmado participación. Su población, sin embargo, es de poco más de 75.000 personas. En todos los casos de duda con respecto al 1-O, se ha trasladado a los servicios jurídicos municipales la carta en la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, daba un plazo de 48 horas para confirmar la disponibilidad de los espacios que se usan habitualmente como colegios electorales para el referéndum. La mayor parte de estos municipios aún no se han pronunciado sobre si responderán a la carta del president, dado que entienden que el plazo para decidirse acaba el próximo martes por considerar el fin de semana y el festivo de la Diada inhábiles.

Doble presiónNo solo el Govern movió ficha para que los ayuntamientos mostraran su respaldo a la consulta. El mismo día en el que Puigdemont abrió esa opción llegó también una orden en sentido contrario por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En una carta firmada por el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, el Ejecutivo español recordó a los ediles que se pretendían adherirse al referéndum que se trata de un proceso “inconstitucional e ilegal”. Dicho de otro modo, Moncloa presionó para que los consistorios desatiendan la “exigencia” de la Generalitat de ceder locales. La convocatoria y celebración “de un proceso refrendario de esa naturaleza atenta” no solo contra varios artículos de la Constitución Española, sino también contra el articulado del propio Estatuto de Autonomía de Catalunya, señalaba la misiva.

Otro ente de calado entre los municipios, aunque en este caso en el Estado, también ha ejercido cierta presión. Se trata de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo presidente, el socialista Abel Caballero, condenó ayer las “presiones” a los ayuntamientos catalanes por parte de la Generalitat para que apoyen el referéndum y subrayó que estas presiones son “profundamente antidemocráticas y delictivas”. En un comunicado, expresó el apoyo del organismo que dirige a todos los ayuntamientos que son objeto de presión y hizo hincapié en que ninguna corporación catalana debería dar facilidades para la celebración de un referéndum “ilegal e ilegítimo”.

Los municipios catalanes que dudan de su participación hacen esta interpretación en base al artículo 30.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que establece que los plazos superiores a 24 horas se deben expresar en días hábiles. A su entender, el plazo dado por Puigdemont empezó a contar a partir del momento en que se recibió la carta y, como el lunes es festivo en Catalunya, sostienen que el tiempo dado por el Govern expira el martes.

No participaránAlgunos ayuntamientos ya se han posicionado claramente respecto a la convocatoria a las urnas del Govern. Es el caso de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón (PSC), que ha comunicado por escrito que no cederá locales de votación para el 1-O, porque el referéndum ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). Aún más importancia tiene el papel de L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más importante de Catalunya con más de 250.000 habitantes. La alcaldesa de la localidad, ubicada en pleno cinturón industrial de Barcelona y fortín socialista durante largas décadas, la socialista Núria Marín, ya ha rechazado ceder locales para la consulta soberanista.

Tampoco va a ceder espacios su compañero en la ejecutiva del PSOE y hombre fuerte de Pedro Sánchez en Catalunya, el alcalde de Viladecans (Barcelona), Carles Ruiz. Se da el caso de que el pleno de esta localidad ya aprobó en julio de 2016 una resolución en la que rechazaba la “voluntad manifestada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de desobedecer las sentencias y las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como el de vulnerar el marco legal estatutario y constitucional”.

También han mandado cartas rechazando la cesión de espacios electorales la alcaldesa de Vallirana (Barcelona), Eva Martínez;y la alcaldesa de Gavà (Barcelona), Raquel Sànchez, mientras que el alcalde de Mataró (Barcelona), David Bote, presumiblemente hará lo mismo, ya que avisó de que no cedería locales si el Constitucional suspendía la ley del Referéndum.

La alcaldesa de Badia del Vallès (Barcelona), Eva Menor, también ya ha firmado una carta declinando colaborar con la Generalitat para la celebración del 1-O después de la suspensión del Constitucional.

Otras grandes ciudades, entre ellas la capital catalana, aún no se han manifestado: no lo han hecho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ni tampoco el alcalde de Cornellà de Llobregat, Antoni Balmón. A este grupo se suman el alcalde de Lleida, Àngel Ros, que en el pasado ya había censurado abiertamente que se pidiera la colaboración de los ayuntamientos para “actos ilegales”, y el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Un caso llamativo de los municipios que guardan silencio es el de Castelldefels, donde la alcaldesa socialista, Maria Miranda, gobierna gracias a un acuerdo con Movem Castelldefels (la lista que lideraba ICV, junto con otros partidos), PDeCAT, ERC y Castelldefels Sí Pot (marca local de Podemos). 

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