El escaso interés empresarial arroja dudas sobre el proyecto de torres en el solar Salesianos

Sólo tres empresas se presentan a la subasta de Nasuvinsa con 53 millones de salida

Ana Ibarra Unai Beroiz - Sábado, 9 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Imagen del equipamiento educativo que se pretende trasladar a Sarriguren.

Imagen del equipamiento educativo que se pretende trasladar a Sarriguren. (Foto: Unai Beroiz)

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Imagen del equipamiento educativo que se pretende trasladar a Sarriguren.

pamplona- Tan sólo tres ofertas se han interesado en el solar de Salesianos para hacer negocio inmobiliario. Adania, Andía y Nature (vinculada a ACR) son las tres empresas promotoras que han participado en la subasta abierta por la sociedad pública Nasuvinsa. La sociedad pública sacó a subasta 7 lotes que contemplan 4 torres con 400 viviendas, un hotel y un edificio social. Las posibles plusvalías revertirían, según anunció el Gobierno, en la promoción de vivienda social de alquiler.

En concreto, la subasta recogía la intención de promover cuatro bloques residenciales y un edificio de uso público, lo que permitirá, a su vez, trasladar el centro de Formación Profesional y construir las nuevas instalaciones en Sarriguren. Nasuvinsa sacó a licitación -como intermediario en una operación que se fraguó en anteriores mandatos con UPN a la cabeza- la parcela del Ensanche con un precio de salida de 53 millones: un total de 7 lotes en los que se ha reparcelado un solar de casi 14.000 metros cuadrados y, de acuerdo con las condiciones que establecían el pliego de licitación, ninguna empresa podrá resultar adjudicataria de más de dos contratos para una mayor diversificación de los promotores locales. Es decir, todo a punta a que si hay siete lotes y tres empresas, no se llegaría en principio a cubrir la totalidad de la subasta.

Los siete lotes contemplan la construcción de un total de 400 viviendas distribuidas en cuatro torres de entre 7 y 17 alturas, una instalación hotelera en al menos la mitad de la edificabilidad de uno de los principales bloques y un edificio de uso social y titularidad municipal de 3.000 metros cuadrados, dotado con una reserva de 3 millones para su equipamiento.

En la negociación del nuevo convenio, la empresa pública de vivienda también garantizó que la totalidad de los recursos que Salesianos obtuviera en la subasta de su solar irá destinada a sufragar el colegio de FP en Sarriguren, hasta un máximo de 37 millones de euros, sin que la congregación pudiera obtener ingresos superiores, por encima de su inversión en el nuevo centro. Entre otras garantías, Nasuvinsa cambió el modelo de la subasta para que esta sociedad urbanística foral actúe únicamente como gestora en el traspaso de la titularidad de las parcelas de Salesianos a los promotores, sin que las arcas públicas tuvieran que asumir ningún riesgo.

El convenio establecía que Salesianos obtenía un mínimo de 26 millones (si la subasta iba a la baja) y un máximo de 37 en función del resultado monetario de la subasta. De este modo, con 53 millones de ingresos la congregación obtenía hasta 37 millones (calculaba en 37,2 millones su inversión en Sarriguren), y el resto entraba en las arcas de Nasuvinsa. El Gobierno calculaba en 45,9 millones los gastos totales de Salesianos incluyendo los tres millones para pagar el Civivox, 0,8 millones para la plusvalía del ayuntamiento, 0,5 millones para los trámites urbanísticos, y 0,4 para notarios y registro. Los 4 millones a pagar al Ayuntamiento de Egüés por la parcela urbanizada de Sarriguren se permutaban por otro lado con otros solares en el Casco Viejo de la urbanización. Según los cálculos iniciales, Nasuvinsa aportaba en principio 11,9 millones de las plusvalías del solar de Salesianos al plan de vivienda social del Gobierno que tiene un coste total de 80 millones.

Por otro lado, la operación de venta estaba sujeta al resultado del fallo judicial ante el recurso presentado por vecinos del Ensanche. De hecho, la jueza ha citado el próximo 20 de septiembre a los ponentes para redactar la sentencia. En caso de que los tribunales tumbaran el proyecto los promotores tenían las manos libres para no formalizar la compra, según el contrato previsto.