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tema referente a la Autovía del Camino

Presentan una queja contra el Defensor del Pueblo, Javier Enériz

EFE - Martes, 12 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 15:15h

Javier Enériz, Defensor del Pueblo de Navarra

Javier Enériz, Defensor del Pueblo de Navarra (Parlamento)

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PAMPLONA. Un abogado navarro ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo de España contra su homólogo en Navarra, Javier Enériz, al entender que éste se debió mantener al margen del conflicto de Autovía del Camino SAU por el pago la contribución territorial.

La empresa, titular de la A-12 (Pamplona-Logroño), tiene como consejero delegado a un exconsejero de Agricultura con el que fue director general Enériz, que en este caso, según indica el abogado Fernando Goñi, ha actuado "a instancia" de la mercantil.

En este sentido Goñi precisa a Efe, que Autovía del Camino SAU recurrió en los tribunales tanto la Ponencia de Valoración supramunicipal, que sirvió de base para fijar la contribución, como la liquidación de este impuesto en 2015, recurso que los tribunales ahora ya han desestimado.

Sin embargo aún no se habían pronunciado cuando Enériz intervino en marzo en este asunto con una resolución, subraya el letrado, que recomendaba a Hacienda considerar como "no aplicable" a las autovías de peaje en la sombra la contribución territorial e impulsar un cambio normativo, en línea con el Estado, que "les librara" de este tributo.

El problema que conlleva esta forma de actuar es para Goñi, no solo que el Defensor del Pueblo de Navarra plantee no aplicar la legislación foral, sino que su Estatuto le "impide" examinar de manera "individual" asuntos sobre los que exista sentencia firme o estén pendientes de resolución judicial.

Y en este caso, subraya el letrado, aunque Enériz argumenta que analiza "con carácter general el trato fiscal" a las autovías de peaje, "sólo analiza la contribución territorial" recurrida.

Fernando Goñi, que ha representado en este litigio al ayuntamiento de Legarda, calcula que Autovía del Camino SAU deberá pagar del orden de 35 millones de euros durante el periodo de vigencia de la concesión de la A-12 al conjunto de los 25 consistorios por cuyos términos transcurre.

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