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Editorial de diario de noticias

La perversión de los altos tribunales

Las decisiones del TC, y otros tribunales, sobre Catalunya, así como otras que han afectado a la capacidad legislativa foral de Navarra, son consecuencia de la anulación política del papel de tutela y arbitraje que la Constitución le confirió inicialmente

Miércoles, 13 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

a la anulación por el Tribunal Constitucional de la ley del referéndum aprobada por el Parlament y la orden de suspensión de la convocatoria para el 1-O, así como su advertencia a alcaldes y funcionarios catalanes sobre el impedimento a la misma o a las actuaciones y a las órdenes y amenazas penales de la Fiscalía y las prohibiciones de tribunales menores de actos en favor del derecho democrático a decidir en Catalunya o incluso a los medios de que “informen” de todo ello -de evidente contenido inconstitucional muchas de ellas- no se les debe buscar origen en la unilateralidad del legislativo catalán. En realidad, estas y otras decisiones del alto tribunal en torno al denominado procés, también de otras, incluyendo aquellas que han afectado a la capacidad legislativa foral de Navarra, por ejemplo, son consecuencia última de la perversión del papel de arbitraje y tutela que le confiere originariamente la Constitución y derivan especialmente de una interpretación artera y políticamente utilitaria de la elección de sus miembros y de sus incompatibilidades. Tanto es así que esa desviación del TC, que también ha afectado al órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, y al Tribunal Supremo, y que ha sido promovida mediante acuerdos entre PSOE y PP, una vez asentado en el Estado un sistema que ha primado durante décadas el bipartidismo, ha terminado por convertir a la más alta instancia de la Justicia en el Estado en arma política, utilizada por el Gobierno de turno tanto para eludir responsabilidades en la conculcación de derechos como para impedir el desarrollo de competencias no estatales y de iniciativas legislativas disconformes con el diseño uniforme del Estado que PP y PSOE pretenden pese a que tampoco estaba contemplado inicialmente por las leyes insertas en el denominado bloque constitucional. El recurso que el PP presentó en 2006 al Estatut de Catalunya, al que solo se opusieron entonces sus 15 parlamentarios (de 135), y que es el origen de todo el actual conflicto, así como la sentencia ¡4 años después! de un Tribunal Constitucional ya bajo control partidista del PP que anuló 14 artículos y reinterpretó 27 tras un debate por bloques para poder llegar a una decisión que, sin embargo, fue dividida, es quizá el mejor ejemplo, no el único, de dicha perversa utilización, que amenaza con convertirse en modelo perenne de actuación y, por tanto, exige de una inmediata revisión constitucional que incluya la reforma profunda de la Justicia.

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