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Los tribunales elevan la presión sobre los medios e intentan limitar el derecho de información sobre el 1-O

El Constitucional prohibe a TV3 dar difusión al 1 de octubre ni informar sobre actuaciones que permitan celebrar la consulta - Un juez suspende un acto en Madrid en favor del derecho a decidir al admitir el recurso del PP.

Miércoles, 13 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Miles de manifestantes se concentran en la Plaza de Catalunya el lunes con motivo de la Diada.

Miles de manifestantes se concentran en la Plaza de Catalunya el lunes con motivo de la Diada. (EFE)

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pamplona - Los tribunales han aumentado la presión contra los medios de información por el referéndum catalán del 1 de octubre en lo que parece un indisimulado intento de limitar el derecho a la información. Dos son los hechos que apuntalan esta teoría. El primero, la prohibición del Tribunal Constitucional a TV3 de dar difusión al 1-O con la consiguiente advertencia al director de la cadena pública catalana de que no puede informar sobre actuaciones que permitan celebrar la consulta. El segundo, la decisión del juez de lo contencioso número 3 de Madrid de suspender de manera cautelar el acto en favor del referéndum del 1 de octubre, anulado a su vez por el Tribunal Constitucional, que se iba a celebrar este domingo, 17 de septiembre, en una sala del centro cultural Matadero, propiedad del Ayuntamiento de la capital.

El Constitucional notificó ayer a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo respectivamente, la resolución en la que les advierte de que no debe dar difusión al referéndum de independencia suspendido por el alto tribunal que la Generalitat pretende realizar el 1-O.

Según informó ayer el ente público catalán, funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han trasladado ya a Sanchis y Gordillo la resolución del Constitucional que suspende la convocatoria del referéndum y advierte de la obligación de impedir las iniciativas encaminadas a celebrarlo. En concreto les recuerda que las cadenas públicas catalanas no deben informar de acuerdos o actuaciones que permitan la celebración de la consulta el próximo 1 de octubre. El aviso del Constitucional incluiría el anuncio oficial del referéndum del 1-O, que hasta ahora está difundiendo la cadena autonómica, pero no afectaría al derecho a la información de ambas cadenas, sino que se refiere a la difusión de la campaña de publicidad de la Generalitat del 1 de octubre, que actualmente emiten TV3 y Catalunya Ràdio en sus bloques publicitarios.

“Le advierto de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Particularmente, que se abstenga de iniciar, tramitar, informar y/o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña (...)”, reza la notificación recibida por Sanchis, tal como se aprecia en la web del canal 3/24-TV3.

De este modo, el alto tribunal les advierte de que puede incurrir en “eventuales responsabilidades, incluida la penal” si colaboran con la preparación u organización del referéndum del 1 de octubre.

Cuando se querelló contra el Govern y la Mesa del Parlament, la Fiscalía ya pidió que el Constitucional se dirigiera a los directores de todos los medios de comunicación con sede en Catalunya para que “impidan la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum”

El Constitucional decidió que se notificara el acuerdo a más de 1.000 cargos públicos catalanes: el president Carles Puigdemont, y todos los miembros de su gobierno; el secretario del Govern, Víctor Cullell; 60 altos cargos más de la administración catalana, entre los cuales se encuentran Sanchis, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; el director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, y el major de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, así como los 948 alcaldes de los municipios de Catalunya.

el polémico juez yusty Mientras, el juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid ha suspendido la cesión por parte del Ayuntamiento de Madrid de un local del centro cultural Matadero para la celebración este domingo de un acto a favor del referéndum de Catalunya, como pidió el PP en un recurso. El acto, cuya solicitud tramitó en nombre de la asociación La Comuna el número 41 de la lista de Ahora Madrid, Pedro Casas, pide que “se realicen consultas sobre los necesarios cambios que hay que introducir en el régimen del 78, surgido de una transición tutelada”.

En el auto del juez José Yusty, se indica que la cesión del local implica “favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida por el Constitucional (...). Se trata de un referéndum ilegal”, sostiene el auto.

Criticada por la cesión de este local de titularidad municipal, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, señaló ayer que considera “lógico y natural” que Pedro Casas pertenezca a una asociación vecinal, como la que ha solicitado un acto a favor de un referéndum en Catalunya, y precisó que este trámite cumplió con todos los requisitos.iene “toda la documentación correcta y no hay ninguna incidencia”. Preguntada si cedería locales para una posible consulta independentista, Carmena respondió que el Ayuntamiento de Madrid tiene “muy claro cuál es la legalidad que impone el Constitucional” y siempre se ha posicionado en contra “de cualquier tipo de ilegalidad”. - D.N.

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