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UPN y PSN intentan extender ahora al resto de grupos la responsabilidad de Oncineda

La situación del Ayuntamiento, que varios grupos calificaron de “grave”, llegó ayer al Parlamento

M. González | Oskar Montero - Miércoles, 13 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Koldo Leoz, alcalde de Estella-Lizarra (izda), explicando los detalles del caso junto al parlamentario Maiorga Ramirez.

Koldo Leoz, alcalde de Estella-Lizarra (izda), explicando los detalles del caso junto al parlamentario Maiorga Ramirez. (OSKAR MONTERO)

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ESTELLA-LIZARRA - El denominado caso Oncineda llegó ayer al Parlamento de Navarra, donde los grupos pudieron conocer los detalles tras la comparecencia solicitada por Izquierda-Ezkerra, Podemos, EH Bildu y Geroa Bai. El alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, representó al Ayuntamiento para explicar la situación ante la comisión de Administración Local. A petición de UPN, también compareció el secretario municipal desde hace apenas 14 meses, José Luis Navarro.

En la comisión, UPN y PSN trataron de extender al resto de grupos municipales y al equipo de gobierno en particular la responsabilidad del caso. Por su parte, el resto de grupos recordaron los anexos y convenios firmados con los propietarios de los terrenos por las entonces alcaldesas Mª José Fernández (PSN) y Begoña Ganuza (UPN), y calificaron de “grave” y “complicada” la situación para el Consistorio.

Leoz relató cómo empezaron a firmarse los convenios de la mano de Fernández “asumiendo competencias que no le correspondían” y cómo la firmas de documentos siguió con Ganuza. “Entendemos que la entonces alcaldesa del PSN actuó por encima de sus competencias y es curioso ver cómo UPN sigue firmando unos anexos que comprometen bastante al Ayuntamiento”. Para Leoz, el entonces equipo de gobierno regionalista “si no quería los terrenos, lo que tenían que hacer era renunciar a la expropiación. No hicieron nada, lo que le puede costar a Estella-Lizarra una millonada, 11 millones de euros, el presupuesto de todo un año, si todos los propietarios reclaman”. Leoz aseguró que el Consistorio se halla ante una cuestión “de vida o muerte”, que achacó a un gestión urbanística “deficiente”, y criticó que UPN Y PSN “activen el ventilador” para tratar de extender las responsabilidades.

Tras él, los grupos parlamentarios mostraron sus puntos de vista. Especialmente crítica fue la parlamentaria y ex alcaldesa Ganuza. “El Parlamento no puede utilizarse para hacer oposición municipal y es inaudito que este equipo de gobierno venga al Parlamento a hacer oposición de la oposición. Exijo un respeto a la autonomía municipal”. Ganuza añadió respecto a Leoz que “esperaba que tuviese la honestidad y valentía de reconocer que no ha hecho nada por reconducir el tema. Usted prefiere lavarse las manos, tirar la piedra, esconder la mano y dar la estocada a UPN y PSN”, a lo que Leoz contestó que “lo estamos haciendo con luz y taquígrafos, dando todos los pasos a nuestro alcance, con tres asesorías distintas e informando en todos los plenos”. Sin embargo, en opinión de Ganuza, “su inacción deja la puerta abierta a futuras reclamaciones. Conocía los recursos desde 2015 y no hizo nada. ¿Por qué no lo llevó a casación? Si lo hubiera hecho a día de hoy se hubiesen solucionado todos los problemas”, aseguró Ganuza.

Desde el PPN, Javier García aseguró que el hecho de que el tema llegue al Parlamento responde “a la intención de hacer propaganda política. Poco le importa al alcalde el coste para cada estellés cuando toma decisiones como colocar la ikurriña, cuyas consecuencias van a afrontar todos los vecinos”.

Inmaculada Jurío (PSN) también intervino con dureza contra el primer edil. “Usted ha venido aquí como alcalde, no como representante de una formación política para hacer una valoración política”. Para Jurío, Leoz “ha hecho una descripción alarmista y como viene siendo habitual, únicamente habla de la herencia recibida como justificación de la incapacidad de gestionar”.

“situación grave” Desde Geroa Bai, Unai Uhalde calificó de “grave” el caso, “por el que puede haber unas consecuencias económicas muy graves y en el que hay unas responsabilidades, unas autoridades responsables del daño. A algunos los veo muy tranquilos, yo no lo estaría. No sabemos si es dejación, lo calificaríamos de desidia temeraria, porque en 8 años no se actuó”. Uhalde aseguró que los documentos suscritos por las exalcaldesas “se firmaron sin que consten informes técnicos ni jurídicos que lo avalen ni tampoco aprobación por parte de ningún órgano competente” y se mostró sorprendido porque “una de las fincas pase a valorarse de 43 a 108 euros el m2 basándose únicamente en la valoración que presenta la parte privada, que se da por buena”.

Adolfo Araiz (EH Bildu), dijo que la situación “es más grave que lo que pensábamos” y que “llama poderosamente la atención el cambio de precio”. Consideró importantes los últimos pasos dados. “Es interesante que el Ayuntamiento logre paralizar esto declarándolo nulo de pleno derecho”.

Rubén Velasco (Podemos) insistió en que “hay muchas razones para replantearse todo el proceso. Somos plenamente conscientes de la gravedad de la situación”, dijo, y recordó que “en proyectos de este tipo entran los estudios de viabilidad y esta forma de actuar ha provocado descalabros tanto a nivel estatal como municipal”.

José Miguel Nuin (I-E) añadió que “estamos ante otro ejemplo de hacer las cosas al calor de la burbuja inmobiliaria y con una gestión nada transparente sobre decisiones que comprometen al Ayuntamiento”. Para él, “responsabilidades políticas las hay. Si Estella tiene que se rescatada, esa es la consecuencia. En su opinión, “lo que queda es pelear en los tribunales para que el daño sea el mínimo posible”.

Por su parte, el secretario municipal aseguró que “la situación jurídica es delicada, los efectos no van a ser neutros, pero también considero que tenemos instrumentos jurídicos para intentar minimizar las consecuencias para el Ayuntamiento”. Con respecto a la situación actual, relató que “en el caso de las sentencias no tenemos más remedio que ir a la ejecución, porque es lo que los propietarios han instado del juzgado y han obtenido, y así hemos hecho”. Además, con otros propietarios, que habían firmado los convenios “hemos iniciado un expediente de desistimiento de la expropiación”, y añadió que “procede iniciar expediente de determinación de justiprecio”.

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