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El Parlamento foral reclama mayor proporcionalidad en las penas del caso Alsasua

Exige comprobar si las peticiones del fiscal se ajustan a la Carta de Derechos Fundamentales

A. Irisarri Unai Beroiz - Viernes, 15 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

El parlamentario Rafa Eraso (Geroa Bai) y, al fondo, Bakartxo Ruiz (EH Bildu) y Unai Hualde (Geroa Bai), quienes defendieron la moción.

El parlamentario Rafa Eraso (Geroa Bai) y, al fondo, Bakartxo Ruiz (EH Bildu) y Unai Hualde (Geroa Bai), quienes defendieron la moción.

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  • El parlamentario Rafa Eraso (Geroa Bai) y, al fondo, Bakartxo Ruiz (EH Bildu) y Unai Hualde (Geroa Bai), quienes defendieron la moción.

pamplona- El caso Alsasua volvió al Parlamento en el primer pleno del tercer curso político. Lo hizo para que la Cámara, a iniciativa de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, aprobase una moción en la que, en esencia, pedía al Gobierno foral que active los mecanismos necesarios para averiguar si las penas de cárcel solicitadas por el fiscal de la Audiencia Nacional (de 375 años de prisión para 8 encausados) se ajustan a las previsiones de tratamiento penal que exige Europa.

El texto era sencillo y se componía de otros dos puntos. En uno de ellos se pedía también al Ejecutivo foral que determine si es compatible la petición del fiscal (que en algunos casos solicita penas de hasta 50 y 60 años de cárcel) se ajusta al artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales. Y por último, solicitaba también que a partir de ahora se aunen criterios para evitar situaciones desproporcionadas como esta. A juicio del cuatripartito, lo que ha sucedido es una “incorrecta transposición de las leyes europeas”, tanto en la calificación de los hechos (calificados como actos terroristas) como en lo referido a la proporcinalidad, en una denuncia que va en la línea de lo que han denunciado los eurodiputados Izaskun Bilbao, Josu Juaristi, Marina Albiol y Xabier Benito.

9.560 casos el año pasadoEl encargado de defender la moción por parte de las fuerzas del cambio fue Unai Hualde. En su discurso, el parlamentario de Geroa Bai y exalcalde de Alsasua consideró que la agresión a los guardias civiles es un “atentado contra la autoridad”. Uno más de los 9.560 que se registraron en el Estado el año pasado, y que se saldaron con la detención de más de 3.000 personas a las que se impusieron penas muchísimo más leves, incluso a veces sólo con multas, aunque las consecuencias de muchos fuesen más graves que en el caso de Alsasua. Por eso, y haciéndose eco de los juristas y expertos en la materia que han discrepado de las peticiones de Fiscalía (entre ellos Baltasar Garzón), pidió volver a cotejar el caso con las transposiciones europeas.

Bakartxo Ruiz (EH Bildu) lamentó que, a su juicio de su partido, se haya hecho en torno a Alsasua un “montaje político, policial y jurídico” digno de un “Estado bananero”, como denominó a España, y pidió “proporcionalidad” en un país en el que se detiene “a tuiteros y titiriteros”. Tere Sáez, de Podemos, consideró que el desarrollo del caso difícilmente “ayudará a la convivencia”. José Miguel Nuin (I-E) añadió que el caso es paradigmático de “justicia ausente” y lamentó que todo comenzase “con un tuit en el que Rajoy aseguró que no habría impunidad”.

Por último, la oposición hizo bloque común en su rechazo a la moción. UPN, PSN y PPN consideró que no corresponde al Parlamento “inmiscuirse” en la Justicia.

pacto antiyihadista

UPN pide reforzar el código penal

Para penar más el terrorismo. De la misma manera, el pleno decidió no apoyar una iniciativa no vinculante de UPN con respecto al pacto antiyihadista. Esparza consideró que contra el terrorismo “hay que actuar sin fisuras”, y celebró que en Navarra se haya permitido a los agentes de Policía Foral fuera de servicio portar su arma reglamentaria. Pero lo más importante a su juicio es reformar el Código Penal para endurecer la calificación penal de terrorismo, y penar con la máxima condena cuando haya atentados. Recibió el apoyo de PSN y PPN, pero el cuatripartito consideró que supondría “un recorte de libertades” y un “cheque en blanco al Estado”.

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