Energía manifiesta que el acuerdo sobre peaje eléctrico no vulnera la competencia

La CE investiga la eliminación de la tarifa en líneas de 30 kv que beneficia a empresas de Navarra, la CAV y otras cuatro comunidades

Sábado, 16 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

pamplona- El Ministerio de Energía considera que la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de 30 kilovoltios (kv), utilizada sobre todo por empresas de la CAV y sobre la que la CE ha abierto una investigación a instancias de la Generalitat de Catalunya, no vulnera la competencia. Fuentes del Ministerio indicaron ayer que hasta el momento no han tenido conocimiento oficial de la investigación abierta por la CE por la eliminación de esa tarifa, que se incluyó en el acuerdo entre el Gobierno central y el PNV, por el que la formación apoyó los Presupuestos Generales del Estado.

Las mismas fuentes señalaron que la eliminación de esa tarifa no vulnera la competencia y no privilegia a unas zonas de España respecto a otras, pues afecta no sólo a empresas de la CAV, sino también de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y parte de Andalucía.

El acuerdo presupuestario de 2017 entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de esa tarifa de peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 Kv y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones para las industrias de la CAV afectadas. Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario, tras lo que la Generalitat decidió denunciarlo ante la CE. La supresión de la tarifa beneficia a cinco comunidades, pero no a las catalanas, que están conectadas a un nivel de tensión de 25 kv.

El viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandia, confirmó ayer que la CE ha abierto una investigación por el acuerdo que alcanzaron el Gobierno y el PNV. Zarraonandia dijo que el acuerdo no puede considerarse una ayuda pública o una ayuda de Estado ni un trato de favor a la industria de la CAV, sino que homologa a sus empresas, que en 2013 soportaron un sobrecoste de cien millones por la aplicación de esa tarifa, con otras industrias del Estado. - Efe