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el referéndum del 1 de octubre

El Gobierno interviene Catalunya

Toma el control de las cuentas y el Govern denuncia que Rajoy intenta activar el artículo 155 “por la puerta de atrás”

D.N. - Sábado, 16 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Rajoy, en Barcelona entre Soraya Sáenz de Santamaría, Xavier García Albiol, Dolores de Cospedal y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.

Rajoy, en Barcelona entre Soraya Sáenz de Santamaría, Xavier García Albiol, Dolores de Cospedal y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. (EFE)

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Rajoy, en Barcelona entre Soraya Sáenz de Santamaría, Xavier García Albiol, Dolores de Cospedal y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.

Pamplona- El Gobierno ha intervenido las cuentas de la Generalitat al asumir el pago de los servicios esenciales en Catalunya y ha dado 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto que garantice que no se desvíen fondos al 1-O. La Generalitat considera que la decisión del Gobierno de asumir el control de los gastos de los servicios básicos en Catalunya supone que el Ejecutivo “ha aplicado el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás”, y anunciado una “batalla jurídica” en el Estado y en la UE contra esta medida. El control afecta a gran parte de los 1.400 millones mensuales de la financiación.

El Gobierno aprobó ayer un mecanismo de control de pagos para Catalunya, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, definió como “novedoso” y que, según anunció, explicará la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados. Además de comprometerse a no disponer de las partidas presupuestarias no destinadas a los servicios esenciales -nóminas, sanidad, educación y servicios sociales- Puigdemont deberá acreditar los pagos pendientes de la Generalitat y certificar que no van destinados al referéndum secesionista.

“El Estado sustituye en los pagos a la comunidad, no completamente, pero sí en la mayoría de pagos esenciales”, dijo Montoro quien especificó que el Gobierno pagará directamente “todos los servicios públicos fundamentales”, incluidas las nóminas de los funcionarios que los presten. De esta manera, el Estado no enviará nuevas transferencias a Catalunya para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios a los proveedores una vez que la Generalitat certifique los gastos que tiene pendientes.

ExcepcionalidadMontoro precisó que esta medida de control de pagos se prolongará durante el tiempo que dure la “situación de excepcionalidad que han provocado los dirigentes de la Generalitat con la convocatoria de un referéndum ilegal y mientras éstos se sigan negando a cumplir la ley”. “No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal”, remarcó Montoro que se ha mostrado convencido de que la Generalitat terminará cumpliendo el requerimiento del Gobierno central.

Además, el Ejecutivo enviará el acuerdo a las entidades de crédito para que exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General, y si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. El Gobierno también limita todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, ya que deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros.

El plazo de 48 horas al Govern comienza a partir de la publicación en el BOE del acuerdo, que se materializará a principios de la próxima semana, según Montoro. El ministro ha dejado claro que, con este mecanismo, el Gobierno establece “la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer en función de la seguridad que da el Estado”, ante la “incertidumbre” que está generando el proceso independentista.

El Gobierno ha adoptado este mecanismo de control de pago después de que el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, enviara el jueves una carta al Ministerio de Hacienda en la que comunicaba que la Generalitat dejaba de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo haría el mensual, con lo que no remitirá ninguna información más hasta pasado el 1 de octubre. El Tribunal Supremo, no obstante, ha rechazado la petición de la Generalitat de suspender cautelarmente la obligación que le impuso el Gobierno de informarle de sus gastos.

Además, Montoro ha puesto en manos de la Fiscalía la actuación de la interventora general de la Generalitat, por acatar la orden de “un superior situado fuera de la legalidad”.

La Generalitat entiende que la decisión adoptada por el Gobierno es “ilegal”, porque no tiene “amparo legal”, dado que el Gobierno usa la ley de estabilidad presupuestaria para aplicar “por la puerta de atrás el artículo 155 de la Constitución”. Este artículo es el que precisa que el Estado, tras una serie de trámites y con el aval del Senado, puede “adoptar las medidas necesarias para obligar” a una comunidad al “cumplimiento forzoso” de una serie de obligaciones, es decir, que puede intervenirla en la práctica.

El Govern ha culpado también al Gobierno de “poner en riesgo el funcionamiento de los servicios públicos en Catalunya” y le ha acusado de “secuestrar los impuestos de los catalanes” y de pretender “paralizar la economía catalana”.