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el referéndum del 1 de octubre

La Policía irrumpe en el acto pro 1-O de la CUP en Vitoria por orden judicial

El juez argumenta para impedir la charla que es ilegal defender el referéndum convocado por el Govern

D.N. - Sábado, 16 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

La diputada de la CUP Anna Gabriel atiende a los agentes de la Policía Municipal de Vitoria cuando le comunican la prohibición del acto.

La diputada de la CUP Anna Gabriel atiende a los agentes de la Policía Municipal de Vitoria cuando le comunican la prohibición del acto. (EFE)

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  • La diputada de la CUP Anna Gabriel atiende a los agentes de la Policía Municipal de Vitoria cuando le comunican la prohibición del acto.

Pamplona- La portavoz de la CUP en el Parlament de Catalunya, Anna Gabriel, se vio ayer obligada por orden judicial a suspender la charla que estaba dando en un local municipal de Vitoria en defensa del referéndum del 1 de octubre al considerar el juez Manuel Castro, del Juzgado de lo contencioso-administrativo de la capital alavesa, que el acto era ilegal en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional. Al tratarse de un recinto municipal, el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, dio orden a la Policía Local de que hiciera efectivo el mandato judicial. Tras la suspensión de un acto similar en Madrid y otro en Asturias, es la primera vez que una prohibición judicial de una conferencia pro referéndum catalán tiene lugar en Euskadi.

El acto de Gabriel comenzó a las 11.30 horas, como estaba previsto, con la sala abarrotada. La portavoz de la CUP fue informada por los periodistas de la decisión del juzgado minutos antes del inicio de la conferencia, pero decidió continuar la charla. Urtaran recibió la orden judicial poco antes de las doce del mediodía, mientras ofrecía la habitual rueda de prensa de los viernes en el Ayuntamiento, y movilizó a la Policía local. Minutos después del mediodía los agentes municipales entraron en el centro cívico Aldabe y comunicaron a la parlamentaria catalana y a los organizadores del acto la orden judicial. Les dieron un margen de diez minutos para suspenderlo.

El abandono de la sala se produjo sin incidentes y entre gritos de independencia y los asistentes, con Anna Gabriel a la cabeza acompañada de varios parlamentarios y cargos públicos de EH Bildu -Iker Casanova, Jasone Agirre y Mikel Otero- se concentraron en una plaza próxima exhibiendo papeletas de la consulta del 1 de octubre.

En declaraciones a los periodistas, Gabriel denunció la “ilegalización del acto” y, en referencia entre otros al PNV, criticó a “todos los que hayan hecho de correa de transmisión de las decisiones demofóbicas y represivas del Estado español”. Asimismo señaló que “pueden ilegalizar un acto pero no van a ilegalizar a todo un pueblo”. “Siempre habíamos escuchado que sin violencia se puede hablar de todo, pero parece que no es verdad”, apostilló.

El alcalde de Gasteiz explicó que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la resolución judicial una vez que el acto había comenzado y que fue entonces cuando decidió enviar a la Policía Local para hacer efectivo el auto. El regidor gasteiztarra justificó su actuación argumentando que “el Ayuntamiento cede sus locales para cualquier actividad si no hay una medida que la paralice, y hemos recibido la notificación con el acto ya en marcha”.

Recurso del gobiernoSus explicaciones no convencieron ni al PP ni a EH Bildu, aunque por razones contrapuestas. El presidente de los populares en Álava, Iñaki Oyarzábal, le acusó de “mirar para otro lado” al permitir la celebración de la conferencia porque, a su juicio, podría haber actuado antes. Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento, Miren Larrion, tachó de “represiva” la prohibición del acto y emplazó al PNV a aclarar si apuesta por “apoyar sin sonrojo” este tipo de actuaciones promovidas por el Gobierno español.

La decisión del juez de prohibir la conferencia se produjo como consecuencia del recurso presentado por el delegado del Gobierno español en la CAV, Javier de Andrés, que pidió que se adoptase una “medida cautelarísima” para suspender la cesión de una dependencia municipal para “un acto de campaña electoral de promoción del referéndum” del 1 de octubre. El auto recuerda que el Tribunal Constitucional ha ordenado “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir” la suspensión de esa consulta independentista como a su juicio ocurría con la charla la diputada de la CUP. 

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