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El juicio por la violación grupal arranca el 13 de noviembre y durará 15 días

Cobra fuerza la posibilidad de que toda la vista se celebre a puerta cerrada

Enrique Conde - Sábado, 16 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Los acusados, en la avenida Roncesvalles, después de los hechos.

Los acusados, en la avenida Roncesvalles, después de los hechos.

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  • Los acusados, en la avenida Roncesvalles, después de los hechos.

pamplona- El juicio por la presunta violación grupal cometida sobre una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016 y por la que se encuentran en prisión cinco sevillanos arrancará el próximo lunes 13 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que preside José Francisco Cobo y cuyo tribunal lo completan los magistrados Ricardo González y Raquel Fernandino. La Sala tiene previsto que el juicio se prolongue unos quince días en sesiones que serán, en principio, solo en horario de mañana. Lo que queda por dilucidar por parte del tribunal es si el juicio será en audiencia pública, es decir si ciudadanos (que no sean testigos) y medios de comunicación pueden presenciarlo en la propia sala de vistas como público, o si por el contrario se opta por no dar publicidad al proceso y este se realiza finalmente a puerta cerrada. Así, sin presencia de público ni prensa, discurren por ejemplo los juicios en el Juzgado de Menores y también así se han realizado varios asuntos de violación que se han celebrado en la Audiencia navarra. Por tanto, no sería extraña una decisión en ese sentido.

A ello hay que añadir que Jesús Perez, el letrado de uno de los acusados, en concreto el miembro de la Guardia Civil Alfonso Manuel G.E. presentó un escrito solicitando que “la vista del juicio no sea pública y que no accedan a ella los medios de comunicación, sobre todo cámaras que puedan tomar imágenes de mi representado”. Dicha cuestión ha sido trasladada ahora por el tribunal al resto de las partes personadas en el proceso, que deberán responder al planteamiento de “si todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada”, y responderán también a si se restringe la presencia de los medios de comunicación audiovisuales en las sesiones del juicios y prohibir que se graben todas o alguna de las audiencias.

En sus escritos, el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares de que la declaración testifical de la denunciante “se practique sin publicidad”, así como que el visionado de los vídeos o fotogramas relativos a los hechos ocurridos en el interior del portal que sean proyectados en la Sala se realicen sin publicidad, una cuestión a la que deberán responder ahora también las defensas. Dicha declaración de la víctima discurrirá casi con toda seguridad a puerta cerrada, así como la exhibición de las pruebas gráficas antes mencionadas, que, como en casos precedentes, solo podrán visionar los miembros del tribunal y las partes personadas en el procedimiento.

Los procesados se sentarán en el banquillo enfrentándose a penas que oscilan entre los 22 años y 10 meses de cárcel que solicita la Fiscalía y los 25 años y 9 meses que reclama el Gobierno de Navarra, que es quien pide la pena más elevada. El Ayuntamiento de Pamplona exige 25,5 años mientras que la acusación particular reclama 24 años y 9 meses.

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