Alrededor de 400 han presentado denuncias

Cientos de accionistas navarros estudian sumarse a demandas por la venta del Banco Popular

Alrededor de 400 ya han presentado denuncias para intentar recuperar 1,85 euros por acción
Consideran que sus títulos fueron confiscados sin motivo

Juan Ángel Monreal / Iñaki Porto - Martes, 19 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Arturo del Burgo y Jenaro González del Yerro, en la reunión de ayer en Pamplona.

Arturo del Burgo y Jenaro González del Yerro, en la reunión de ayer en Pamplona. (Iñaki Porto)

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Arturo del Burgo y Jenaro González del Yerro, en la reunión de ayer en Pamplona.

Pamplona- La venta en junio al Santander por un euro del Banco Popular sigue doliendo a miles de accionistas, unos 350.000 en toda España. Miles de ellos se encuentran en Navarra y más de 400 ya han presentado una demanda para intentar recuperar al menos una parte de lo que perdieron. Alrededor de 200 acudieron ayer a una reunión con abogados para analizar las posibilidades de un caso que se juzgará a muy distintos niveles.

Al encuentro de ayer, organizado por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, acudieron los representantes de uno de los bufetes de abogados que está concentrando buena parte de las demandas planteadas hasta el momento. Cremades &Calvo Sotelo, con sede en Madrid y oficina física en Pamplona, ya aglutina a unos 6.000 accionistas en toda España y a más de 200 en Navarra. “Supone cerca del 3% del capital social que tenía el banco”, explicó ayer Arturo Del Burgo, socio director en Pamplona del bufete, quien estuvo acompañado por Jenaro González del Yerro, otro de los socios del bufete.

Esta firma tiene clara la estrategia de actuación y ha presentado un recurso de anulación ante el Tribunal de Luxemburgo y contra la Junta Única de Resolución, la institución europea que decidió liquidar el banco y “confiscar de la noche a la mañana los títulos” de los accionistas, explicó González del Yerro. Según este recurso, la actuación no respeta de manera suficiente el derecho a la propiedad de los 350.000 accionistas y además no resulta proporcionada. “El banco tenía un problema de liquidez -salieron unos 18.000 millones de euros en las últimas semanas- , pero era un banco solvente, el sexto del país, no un chiringuito”, explicó González del Yerro.

El abogado explicó que, pese a no haber tenido acceso al expediente informativo, su firma ha encargado un informe pericial que cifra el valor del Banco Popular en unos 8.000 millones de euros, por lo que reclama ante las instancias europeas que se pague 1,85 euros por acción a cada poseedor de un titular se sume a la demanda, algo que lo que habría tiempo hasta el 5 de octubre. Esta demanda sería compatible con los bonos que ofrece el Santander para quienes acudieron a la ampliación de 2016. La denuncia serviría para todos aquellos que tuvieran una acción, independientemente de su antigüedad.

Junto a ello, el bufete ha interpuesto una denuncia ante la Audiencia Nacional contra el FROB (Fondo de Resolución Ordenada Bancaria), que fue quien ejecutó la orden dada por la Junta Única de Resolución. Y estudia asimismo abrir procesos también contra la CNMV y el Banco de España, por no haber prohibido las ventas a corto, una fuente de inestabilidad para la acción, que sí ha sido vetada en las últimas semanas en el caso de Liberbank.

Además de todo ello, el bufete dirige sus baterías legales contra Emilio Saracho, último presidente de la entidad, quien accedió al cargo a comienzos de 2017 y que en apenas unos meses terminó por liquidarlo. “Es posible no estar de acuerdo con la gestión del anterior presidente, pero había un plan estratégico y se podía haber aprovechado la mejoría económica. Pero lo de Saracho es diferente y entendemos que se ha vulnerado el código penal”, explicó González del Yerro, quien considera que el ejecutivo habría incurrido en un delito de administración desleal. “Se filtraban todas las disputas a la prensa, se arruinó la confianza, que es lo más importante en un banco y, tras la Junta de Accionistas, el valor de acción cayó un 20%, algo nada frecuente”, señaló. Saracho cobró alrededor de cinco millones de euros por sus cinco meses en el cargo de presidente.

apuntes

No al resto del consejo. La denuncia presentada por Cremades &Calvo Sotelo ante la fiscalía afecta solo a Emilio Saracho, independientemente de que si a lo largo del proceso aparecieran otros datos se pueda ampliar al resto.

Ampliación de 2016. Ejecutada por el anterior equipo directivo, el consejo de administración aportó unos 500 millones de euros, lo que probaría la solvencia de la histórica entidad presidida entonces por Ángel Ron. A juicio del bufete sería un caso distinto al de Bankia, donde se considera que la información aportada para la salida a Bolsa no reflejaría el estado real que en ese momento tendría el banco.

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