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Transferencia necesaria y razonable

Navarra vuelve a reclamar la recuperación de la gestión íntegra de instituciones penitenciarias -con la atención sociosanitaria y un módulo para jóvenes como prioridades-, demandada desde hace un siglo e incumplida en el Amejoramiento de 1982

Miércoles, 20 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

el Parlamento de Navarra volvió a reclamar una vez más la histórica reivindicación de recuperar la gestión de las competencias en materia penitenciaria ya incluidas en las demandas del Amejoramiento del Fuero e incumplida por el Estado desde su aprobación en 1982. Como expuso el colectivo Salhaketa, no es una cuestión menor ni baladí, sino una reivindicación política y social que tiene que ver con los compromisos de atención y reinserción social que defiende la mayoría política de Navarra. Más aún cuando Navarra cuenta con un nuevo centro penitenciario infrautilizado -dos de sus cuatro módulos están sin uso pese a los 11 millones de euros invertidos en su construcción-, con carencias en la atención sociosanitaria y sin la disponibilidad de un módulo para jóvenes, como defendieron ante la Cámara foral los representantes de los trabajadores. Fueron -el traspaso de la atención sanitaria, educación y servicios sociales dentro de prisión y un espacio especial para los jóvenes presos- las dos principales reivindicaciones a la espera del cumplimiento de la demanda de Navarra de la transferencia íntegra de la gestión penitenciaria. Una reclamación al Gobierno español, la de la transferencia “íntegra” de las competencias de Instituciones Penitenciarias con el fin de desarrollarlas hacia “la reeducación y la reinserción social”, que supone en sí misma una enmienda a la totalidad a la política penitenciaria puesta en práctica durante décadas en el Estado español y una exigencia política en la defensa de la capacidad de autogobierno que Navarra lleva reclamando al Estado desde hace más de un siglo. En este sentido, el ordenamiento jurídico foral es claro en cuanto a que Navarra puede y debe recuperar estas competencias propias históricas, tal y como recoge el Acuerdo Programático firmado por los partidos que apoyan el Gobierno de cambio político y social desde 2015. De hecho, sólo el PP dejó claro que esa posibilidad no está en la agenda del Gobierno de Rajoy, aunque matizó su disponibilidad a dejar en manos de Osasunbidea la atención sanitaria de las personas presas. Sin olvidar que la asunción de las competencias penitenciarias permitiría también que se pudiera desarrollar una política propia y garantizaría el derecho de todas las presas navarras a cumplir condena en la cárcel de Pamplona. O que hoy, más de cinco años desde el final de la violencia de ETA, es si cabe más necesario y razonable dar cumplimiento a lo que estipulan de forma expresa el Amejoramiento y la Constitución.

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