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Pierde el Estado, solo frente a su tren vaporoso

Por Víctor Goñi - Miércoles, 20 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

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en época de escasez, en la Administración del Estado aflora una irrefrenable tendencia a incumplir los compromisos con Navarra. Porque, cuando no se pueden atender todos los cronogramas de las obras otorgadas en el vasto territorio ibérico, en la Moncloa se ponderan los votos en riesgo por la vulneración de lo pactado y los navarros constituimos una masa crítica comparativamente escasa que disfrutamos de un régimen de Convenio considerado un privilegio por el alto funcionario capitalino.

En ese marco de realismo político cabe inscribir la lastimosa trayectoria de la alta velocidad ferroviaria de Navarra, una entelequia por las vacuas promesas desparramadas por la vía durante dos décadas largas. Hasta el punto de que el único acuerdo intergubernamental con un mínimo de solidez firmado en 2010 por el ministro socialista Blanco y el presidente regionalista Sanz -los protocolos del ministro Álvarez Cascos (PP) obedecían a un mero voluntarismo propagandístico- ha deparado la exigua ejecución de catorce de los 75 kilómetros que debían estar finalizados para 2015, en el contexto de una obra total de 214 kilómetros con un coste mínimo de 3.000 millones de euros de los que únicamente se han invertido 80.

Con la ruptura unilateral del pacto por el Ministerio de Fomento bajo la égida del PP este proceloso proyecto sufre una regresión de siete años pero con peores perspectivas ahora para quien contradictoriamente denuncia aquel acuerdo. Para empezar, porque la gestión integral que el Estado se arroga para sí supone de raíz la asunción sin intermediarios del coste de las obras. Es decir, Navarra ya no tiene por qué adelantar la inversión como hasta la fecha, con la infausta derivada de unas pérdidas de 5,12 millones en gastos financieros para el erario foral puesto que Adif no formalizó el reintegro de 44,5 millones por la construcción del tramo Castejón-Villafranca en los dos años estipulados.

Más allá de que, ante el autorreafirmado protagonismo exclusivo del Estado como competente en materia ferroviaria -y, en consecuencia, sujeto de responsabilidades en caso de errores y retrasos-, Navarra debiera quedar exonerada de afrontar cualquier gasto si con los derechos urbanísticos derivados de la construcción de viviendas en Etxabakoitz no se alcanzara el montante necesario para la nueva estación y para suprimir el bucle ferroviario de Pamplona. Además de que el Ministerio de Fomento aparece para los restos y en estricta soledad bajo el foco con su juramento a efectos declarativos de que el TAV recorrerá Navarra de Sur a Norte, conexión con la Y vasca inclusive, para 2024. Todo un reto presupuestario incluso en tiempos de vigor económico, habida cuenta de que el grueso de la financiación debe consignarse en la próxima legislatura, en particular entre 2021 y 2023, una concentración contable con mayúsculas y para un territorio periférico.

La resultante es que el Estado se erige en el único actor de todo este entramado de intereses que sale perjudicado respecto a su posición en 2010, cierto que mediatizado por la presión de UPN para que prevalezcan sus compromisos como socio del PP, en concreto, de que este mismo ejercicio se liciten los tramos Villafranca-Peralta y Peralta-Olite, aun cuando de los proyectos constructivos se encarga el Gobierno foral. En efecto, Fomento tendrá que asumir los trabajos -aunque pretenderá que se los ceda el Ejecutivo navarro-, con lo que el regionalismo enarbolará ese cumplimiento específico que se materializará en movimiento de tierras en 2018, lo que tampoco garantiza una continuidad en las obras, como la historia acredita fehacientemente.

Por añadidura, UPN podrá revestir su argumentario de palo y tentetieso al Gabinete de Barkos como gobernante sin cuajo, aunque los documentos demuestran que ha procurado la mejora del convenio vigente tanto en cuanto al modelo de infraestructura, explicitando la apuesta por un corredor para mercancías y pasajeros en su integridad, como en lo que atañe al sistema de financiación, con la demanda de que las devoluciones se vehiculizasen vía Convenio y en el mismo ejercicio, al estilo de la CAV. Y todo ello con un marcado perfil institucional, aun a costa de avivar un contencioso público con tres de los socios del cuatripartito que ahora queda sofocado, cuando EH Bildu, Podemos e I-E ya habían avisado a Geroa Bai de que incluir partidas en el Presupuesto foral para este tren hipotecaba el formato mismo de Gobierno.

La paradoja radica en que merced a UPN-PP pasa el cáliz del TAV para el cuatripartito, que además podrá recuperar sin ambages la dialéctica del incumplimiento ajeno, vertiendo sobre el regionalismo la carga de la prueba cuando su socio no plasme en hechos la palabra dada. Será la historia del tren de nunca acabar, un tren si no de vapor sí vaporoso que bajo ningún concepto debe costar a Navarra ni un euro más de los 5,12 millones ya dilapidados.