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Las detenciones desatan una ola de protestas en Catalunya

La Guardia Civil abandona Economía de la Generalitat tras 20 horas de registros y la protesta se instala en la calle: “Esta noche os vais sin coche” - El Estado intenta cortocircuitar el 1-O con arrestos al núcleo duro del referéndum - La operación policial desata la tensión

Humberto Unzueta - Jueves, 21 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Un coche de Guardia Civil cubierto con banderas y pancartas VER VÍDEO Reproducir img

Aspecto de uno de los coches de la Guardia Civil que realizaban un registro con motivo del 1-O en la sede de la consellería de Economía de la Generalitat.

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pamplona - Un grupo de agentes de la Guardia Civil que se encontraba en la sede de la conselleria de Economía de la Generalitat desde las ocho de la mañana del miércoles ha abandonado estas dependencias, después que los Mossos d'Esquadra han logrado crear un pasillo de seguridad.

Cinco agentes de paisano han abandonado el departamento pasadas las tres de la madrugada y, tras recorrer un pequeño tramo de Rambla de Catalunya, han girado por Gran Vía, donde han subido a unos vehículos sin logotipos policiales, en los que se han marchado escoltados por los Mossos d'Esquadra.

Un reducido grupo de manifestantes seguía ante la sede de la conselleria y han lanzado objetos e increpado a los agentes que abandonaban el lugar, tras haber participado en el registro realizado por orden judicial con relación a los preparativos del referéndum del 1-O, convocado por el Govern y suspendido por el Tribunal Constitucional.

La salida de los guardias civiles ha sido recibida con gritos de protesta por parte de los manifestantes que se han sentado en el suelo para intentar impedir la operación y los Mossos han comenzado a retirarles arrastrándolos de brazos y pies.

Tras la salida de este grupo de guardias civiles, dos agentes uniformados han salido de la conselleria y han comprobado que los tres vehículos que hay aparcados fuera están inservibles, ya que algunos tienen las ruedas pinchadas y los vidrios rotos y todos ellos están llenos de pegatinas y propaganda.

Poco después, unos guardias civiles que se hallaban en el interior de la consellería han vuelto a salir para fotografiar los vehículos dañados.

En el interior de la consellería quedan todavía unos quince guardias civiles uniformados.

La salida de estos agentes de la Guardia Civil se ha convertido a lo largo del día en una operación delicada para la policía catalana, después de que el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha pedido a los agentes que sean "especialmente restrictivos y cuidadosos en el uso de la fuerza".

UNA JORNADA DE MUCHA TENSIÓN A once días del referéndum del 1 de octubre, Catalunya vivió ayer una jornada de mucha tensión y alto voltaje en la calle y en los despachos oficiales de la Generalitat, protagonizado por una oleada de gente que salió de sus casas y centros de trabajo para protestar con la macrooperación de la Guardia Civil contra el núcleo duro del Govern que ha estado dirigiendo y organizando la operativa de la consulta.

En total se practicaron al menos 14 detenciones, una decena de ellos altos cargos de la Generalitat y los agentes efectuaron hasta 41 registros, entre consejerías, instituciones y naves, para recabar indicios relacionados con el referéndum. Al menos tres de les consejerías en las que se producen registros son de ERC, pero la Guardia Civil también entró en la Consejería de Gobernación, dirigida por Meritxell Borràs, y en el Departamento de Presidencia de Jordi Turull.

Los registros más minuciosos los realizó en la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat que dirige el vicepresidente del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras; en la Consejería de Exteriores que dirige Raül Romeva y en el Departamento de Asuntos Sociales.

Los detenidos son el secretario general de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové, hombre de confianza de Junqueras, y sus compañeros de departamento Lluís Salvador i Tenesa y Juan Manuel Gómez; a David Palanca, de la Oficina de Asuntos Exteriores; el director general de Patrimoni, Francesc Sutrias; Josué Sallent, responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI) y su compañero de sección David Franco; Xavier Puig, responsable del área de Tecnologia y Comunicaciones que depende de Exteriores; Pau Furriol Fornells, aparentemente vinculado a una nave que presuntamente contiene material electoral; y Mercedes Martínez por el mismo motivo. También fue detenida en Madrid Rosa María Rodríguez Curto, responsable de desarrollos informáticos de la Generalitat, que quedó arrestada en los calabozos de la comandancia de Madrid hasta que el juez de guardia autorizase su traslado a Barcelona para ponerla a disposición del juez.

Los guardias civiles también accedieron a las oficinas de varios organismos dependientes de la Generalitat que gestionan tributos, finanzas y telecomunicaciones, así como algunas empresas contratadas por el Govern como T-Systems, que proporcionó apoyo logístico para la consulta del 9-N y que tiene entre sus clientes a la Generalitat, así como en la fundación privada PuntCAT, dedicada a la gestión de dominios “.cat”.

golpe a la logística Se trata de una operación policial milimétricamente calculada para golpear la logística y operativa del referéndum y tratar así de cortocircuitar la organización de la convocatoria electoral neutralizando a sus organizadores y máximo ejecutores. La estrategia del Gobierno español pasa por desbaratar la consulta por todos los medios, impedir su celebración, pero, de momento, sin tocar a los máximos dirigentes del Govern, con su president Carles Puigdemont a la cabeza, para no ofrecer así al mundo la fotografía de un presidente esposado entrando al furgón policial.

La macrooperación policial provocó un enorme rechazo popular. Primero en Barcelona y Catalunya, donde de manera espontánea se movilizaron miles de personas durante toda la jornada pese a tratarse de una día laborable; y conforme avanzaba el día también en el resto del Estado, incluida Madrid. La onda de las movilizaciones en protesta por las detenciones llegó hasta Euskadi, en cuyas capitales se celebraron concentraciones.

En Catalunya miles de personas se concentraron ante la sede de la Consejería de Economía para expresar su rechazo a la actuación de la Guardia Civil. Los asistentes a las concentraciones presentaban perfiles de todo tipo, por edad o estatus social y cultural, y no estaban monopolizados por radicales o antisistemas. También miles de personas se reunieron en la plaza de Sant Jaume. Hasta 40.000 personas llegaron a juntarse en el centro de Barcelona en protesta por las detenciones al filo de las nueve de la noche que prosiguieron hasta bien entrada la madrugada.

denuncia de vox Las detenciones y los registros se enmarcan en la causa que investiga desde febrero el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Los arrestados e investigados podrían enfrentarse a penas incluso penales por desobediencia, prevaricación y malversación. En el auto, el juez justifica las detenciones por el “incumplimiento de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional en la preparación del 1-O. La investigación arrancó por dos denuncias, una de ellas del Vox, contra el exsenador de ERC Santi Vidal por sus polémicas declaraciones sobre que el Govern poseía de forma ilegal datos fiscales de los catalanes y una partida secreta para crear estructuras de Estado.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la causa se investiga desde febrero por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y hay una veintena de investigados por desobediencia, prevaricación y malversación.

A la hora de cerrar esta edición seguían detenidos 11 de los 14 arrestados. Los tres detenidos que han quedado en libertad, aunque con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean citados, son Joan Ignasi Sánchez, asesor del Departamento de Gobernación, David Palanques y David Franco, ambos cargos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI).

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