Buenas intenciones, desastroso procedimiento

Por Rosa Delgado - Viernes, 22 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGJP) aprobó la especialización de 54 juzgados de Primera Instancia el 1 de junio. A partir de esa fecha los juzgados han llevado de manera exclusiva y no excluyente los litigios relacionados con las “condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física”, es decir: cláusulas suelo, cláusulas de vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca e hipotecas multidivisa.

Este plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial sobre los juzgados provinciales bises que lleva en funcionamiento desde el 1 de junio empezaron a funcionar para hacer frente a la avalancha de demandas de cláusulas abusivas, sin embargo, su implantación de forma rápida y desordenada presupone que esta medida esté condenada al fracaso.

El centralizar las reclamaciones bancarias en un solo juzgado, necesariamente ha contribuido a ralentizar la tramitación y resolución de esos procesos produciendo grandes retrasos en el tiempo de respuesta judicial. Con este plan, los afectados tardarán años en obtener una sentencia favorable que les permita recuperar su dinero.

Por ejemplo, el caso del Juzgado Provincial de Navarra, ya se están reclamando más medios humanos y materiales para la justicia navarra. Gracias a la intervención del presidente del TJSN se ha adjudicado a ese órgano un juez específico y se ha reforzado el órgano con varios funcionarios. Pero aún así es insuficiente. Los jueces navarros reclaman la creación de un segundo juzgado especializado para así poder atender y tramitar todas las demandas.

Esta circunstancia únicamente beneficia a los bancos, que ganarán muchísimo tiempo mientras se dicta una sentencia condenatoria que les obligue al pago de lo cobrado de más a sus clientes. Además, este plan supone un sobrecoste añadido a los ciudadanos afectados de localidades ajenas a las capitales de provincia, que tendrán que destinar más recursos económicos, además del tiempo para los desplazamientos, para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre sus cláusulas abusivas.

A todos ellos les tocará asumir la enorme carga de trabajo que se les avecina y lidiar con la improvisación, falta de transparencia y organización que se denota en esta puesta en marcha de los juzgados especializados. Mención aparte merece la falta de acondicionamiento de las oficinas.

Los propios funcionarios no saben qué va a pasar. La falta de información y la incertidumbre es una de las quejas y sensaciones que rodeó la creación de estos juzgados cuya decisión de creación fue para garantizar el tiempo de respuesta normal de un juzgado de primera instancia ante el previsible aumento de litigios.

Aunque es cierto que el CGPJ evalúa mensualmente, junto al Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencia en esta materia, la eficacia del plan y la necesidad de aportación de medios personales y materiales por parte de estas administraciones, lo que en principio puede parecer una buena iniciativa para no colapsar el resto de juzgados puede tornarse en una pesadilla.

El CGPJ tomó esta decisión cuando quedaba una semana para que finalizasen los tres meses que había concedido el Gobierno a los bancos y clientes para encontrar una solución extrajudicial a las reclamaciones sobre estas cláusulas abusivas. Con más de un millón y medio de afectados y muchos requerimientos aún sin resolver, las demandas se multiplicarán, según las previsiones.

En definitiva, con este plan de urgenciadel Consejo General del Poder Judicial, los juzgados bisesque nacen sin medios materiales y humanos, se han visto colapsados en menos de seis meses. Están destinados a convertirse enjuzgados cementerio, donde quedarán enterradas las demandas de cláusulas abusivas, algo que solo beneficia a las entidades bancarias.

La autora es abogada y socia fundadora de Voy a Defenderte