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El auto del juez: “Busquen cajas fuertes ocultas”

El magistrado que ordenó la detención de 14 cargos investiga si el Govern ha destinado 6,2 millones al 1-O

Viernes, 22 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Pamplona- El juez que dirige la operación contra el desarrollo del referéndum del 1 de octubre ordenó a la Guardia Civil que buscara en las Consellerías, domicilios y empresas registradas sistemas de ocultación de información como “cajas fuertes” o cualquier otro método destinado a mantener reservada documentación y otros efectos. El juez investiga si el Govern ha destinado a la organización del 1-O las partidas presupuestarias de 6,2 millones de euros que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.

En uno de los autos de entrada y registro dictados por el instructor solicita a los agentes que “localicen y abran” cualquier otro habitáculo, mueble o archivo utilizado de forma privada por la quincena de investigados en el operativo.

En el documento, difundido por El Confidencial y fechado el 19 de septiembre -un día antes de que estallara la operación-, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer explica que los graves hechos con los que se relaciona a los 14 detenidos justifican la rigurosidad de las medidas acordadas. Existen riesgo “de posible destrucción de todo tipo de pruebas”, de ocultación de los fondos que se han destinado a la consulta y de eliminación de indicios “que puedan vincular a otras personas y organismos” con el procés, dice. Por ello, autoriza registros en 41 despachos, domicilios, empresas y naves industriales, seis de ellos en las Consellerías de Economia, Hacienda y Exteriores. Pide que se examinen todos los archivos allí guardados y ordena incautar la documentación que se localice. El objetivo, “descubrir a todos los autores, colaboradores, participantes o encubridores en todas las actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras del Estado e independencia de Cataluña”.

contratosTambién manda aprehender, “en las dependencias de todos y cada uno de estos organismos públicos y empresas”, los dispositivos informáticos y teléfonos “tanto del investigado como de sus familiares o simplemente conocidos”. Alerta sobre la posible existencia de repositorios remotos y ordena acceder a ellos y prestar atención a los documentos relacionados con la contratación con entidades públicas o privadas de todos lo relacionado con el referéndum y con las partidas de los presupuestos catalanes que se destinaron a su organización. - D.N.

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