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investiga los comicios de 2011 y 2007

El juez imputa a la tesorera del PP por la financiación ilegal de dos campañas electorales

El magistrado investiga los comicios de 2011 y 2007, año este en el que los populares valencianos gastaron 2,5 millones y solo declararon 133.762 en toda la provincia

Viernes, 22 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Carmen Navarro, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Carmen Navarro, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados. (EFE)

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  • Carmen Navarro, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

pamplona- La implicación de los tesoreros en la presunta financiación irregular del PP es una constante en las últimas décadas. Y la actual responsable, Carmen Navarro, no es una exceptión. El magistrado del juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga el caso Imelsa y su derivado conocido como Taula, ha citado a declarar como investigada a la actual tesorera del PP nacional, Carmen Navarro, y al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en la pieza relativa a la financiación de las campañas del PP de la capital valenciana de 2007 y 2011. También han sido citado como investigado el exgerente del PP provincial José Moscardó.

Grau declarará como investigado por los delitos de cohecho, malversación y delito electoral el 6 de octubre en relación con la financiación de las campañas del PP de la ciudad de 2007 y 2011 a través de la empresa Laterne Product Council (LPC). Los otros dos investigados están citados para el 16.

El auto, fechado el 20 de septiembre, se basa en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del que se desprende que el que fuera administrador de Laterne Vicente Sáez, ya fallecido, y Alfonso Grau acordaron “utilizar el entramado empresarial” del primero para “alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros”.

Esta operativa se llevaba a cabo, según se explica en la resolución, “velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral”.

Las cantidades que según la documentación aportada por la UCO se habrían canalizado “tanto para financiar como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas” figuran en una relación de eventos de la campaña electoral de 2007, junto con sus importes.

En el epígrafe Coste total campañaaparecen gastos por un total de 2.538.731 euros y, a continuación, se consignan otras cantidades de entradas de dinero asignadas a ciertas personas jurídicas que son tratadas como Aportacionespor un total de 2.683.750 euros. Sin embargo, el magistrado resalta que el gasto declarado en la contabilidad electoral por el Partido Popular en aquellas elecciones, en toda la provincia de Valencia, ascendió a la suma de 133.762 euros.

procedimientosEl instructor de esta causa desgrana también los distintos procedimientos empleados para canalizar dichas entregas de dinero. En primer lugar, señala que se producían a través de aportaciones provenientes de fundaciones y organismos vinculados al Ayuntamiento de València y que “no obedecerían a servicios efectivamente prestados a los mismos por Laterne u otras empresas del grupo empresarial de Vicente Sáez”.

Por este procedimiento concreto, el juez dice que existen indicios suficientes para citar como investigado a Juan Eduardo Santón -exconcejal del PP- por su actuación en representación de una de estas fundaciones.

El segundo método lo constituirían aportaciones de una serie de empresas privadas, todas ellas relacionadas contractualmente con el consistorio en el que gobernada el PP de Rita Barberá, con las que se habría acordado “sufragar y financiar los gastos de campaña”.

Otra vía de entrada de efectivo, por un importe de hasta 620.000 o hasta 1.119.600 euros, según diversos documentos incorporados a la causa, provendría de firmas supuestamente implicadas en la constitución de una empresa, Product Management Council SL (PMC), que fue constituida en 2007 pero de la que “no hay ninguna justificación” en el empleo de esos fondos, “no contó con trabajadores”, ni aparecen “datos que revelen la devolución” de esos importes, por lo que “cabe pensar razonablemente que su destino fuera la financiación de la campaña de 2007”, apunta el juez. - D.N./E.P.

la conexión

la implicación de bárcenas

El delito de 2007 estaría prescrito. El juez indica que las posibles responsabilidades penales por falsedad en la contabilidad de los administradores electorales de 2007 estarían igualmente prescritos. La persona que figura como administrador único de las candidaturas en las municipales de 2007 es Luis Bárcenas. Por esta circunstancia, en caso de que se considera procedente que preste declaración, lo haría en calidad de testigo. Sin embargo, esta conducta “podría entroncar con los hechos ya imputados de 2011” y, en consecuencia, el exgerente del PP en la provincia de Valencia, José Moscardó, sí debe declarar por estos hechos en calidad de investigado.

los 7 tesoreros del pp

Carmen Navarro. A propuesta de Rajoy es desde mayo del 2012 tesorera nacional. Está procesada por la destrucción de los discos duros de Bárcenas y citada como testigo en el juicio que comenzará en la Audiencia Nacional en enero del 2018 sobre la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana.

José Manuel Romay Beccaría. Tras la “dimisión” real de Bárcenas fue nombrado en mayo del 2010 tesorero por Rajoy cargo que ocupó hasta abril de 2012. Según declaró ante el juez Ruz su predecesor Bárcenas, Romay Beccaría era conocedor de la existencia de una Caja B en el PP.

Luis Bárcenas. A propuesta de Rajoy fue tesorero entre junio del 2008 y julio 2009 , si bien, según relató en el juzgado el propio Bárcenas, “ejerció” de hecho sus funciones hasta el 2010 y hasta enero del 2013 figuró en la nomina del PP. Está procesado en 2 de las 12 piezas separadas del caso Gürtel. En una de ellas también lo está su mujer Rosalía Iglesias.

Álvaro Lapuerta. El 15 de febrero de 1993 Aznar le nombrótesorero, vacante durante tres años tras el caso Naseiro. Ocupó el cargo hasta el 2008. Está procesado, al igual que Bárcenas, en 2 de las 12 piezas del caso Gürtel. En una de ellas se ha archivado su causa por acreditar su defensa una demencia senil sobrevenida. En la que está pendiente de celebrar juicio (Caja B del PP) previsiblemente sea también archivada.

Rosendo Naseiro. En 1989 Fraga le nombra tesorero, cargo que ocupó hasta abril de 1990, siendo Aznar presidente del PP, ya que tuvo que dimitir tras ser detenido por orden judicial tras ser investigado por varios delitos relacionados con las finanzas de Alianza Popular dentro del denominado caso Naseiro. Ha declarado como testigo en la primera época 1999-2005 del caso Gürtel. Se le relaciona con una operación de Bárcenas de blanqueo de dinero.

José Ramón del Río. Fue tesorero nacional entre 1987-1989, a propuesta del entonces presidente Antonio Hernández Mancha. Según declaró “Fraga había pignorado las subvenciones a los grupos parlamentarios y, no es exageración, había dos mil pesetas en la caja del partido”.

Angel Sanchís. A propuesta de Fraga ejerció de tesorero entre 1982 y 1987. En su etapa aparecen los primeros indicios de financiación paralela de AP/PP. Se hace publico un informe interno de él que admite que la CEOE les financiaba generosamente. En 1990, siendo diputado por Madrid su nombre aparece en las grabaciones policiales del caso Naseiro por lo que fue encausado por delitos de cohecho. Está procesado una pieza separada del caso Gürtel por sus irregulares vínculos financieros con Bárcenas fuera de España.

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