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Disuelta la junta electoral para evitar multas

La sindicatura desaparece y el Govern da el control del 1-O a observadores internacionales, académicos y entidades públicas
Libres todos los detenidos y la Generalitat cesa al número dos de Junqueras para que no abone los 12.000 € diarios

D.N. - Sábado, 23 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Junqueras, con sus colaboradores Josep Maria y Jové Lluís Salvadó.

Junqueras, con sus colaboradores Josep Maria y Jové Lluís Salvadó. (EFE)

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  • Junqueras, con sus colaboradores Josep Maria y Jové Lluís Salvadó.

Pamplona- La Sindicatura Electoral, órgano clave encargado de supervisar el referéndum del 1-O, cederá el relevo a “otros entes de observación” a petición del Govern, que da ya por finalizados sus trabajos, tras las multas impuestas por el Tribunal Constitucional (TC). El Ejecutivo catalán ha pedido a la Sindicatura que, antes de su disolución, ceda sus funciones a entes públicos, académicos e observadores internacionales del referéndum, Ayer, el TC decidió multar con 12.000 euros diarios al número dos de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, que ayer quedó en libertad, y a los síndicos electorales del 1-O, que según la ley del Referéndum debían desempeñar unas funciones análogas a las de una junta electoral. Justamente, ayer el Govern acordó destituir de su cargo a Jové, detenido como uno de los organizadores del 1-O, para librarlo de la multa prevista por el TC, si bien formalmente no puede hacer lo mismo con los miembros de la Sindicatura Electoral, porque fueron nombrados por el Parlament.

El Govern agradeció a la Sindicatura Electoral de Catalunya la “finalización de sus trabajos de supervisión del referéndum” y pidió a sus miembros que cedan el testigo a “entes públicos, académicos e internacionales”, para que “sigan observando el desarrollo efectivo” del 1-O, suspendido por el TC. Asimismo, denunció la “ofensiva autoritaria de los organismos político-judiciales del Estado español contra un ente electoral escogido por el Parlament e integrado por profesionales académicos de reconocido prestigio”.

A los síndicos electorales, señalaron desde el Govern, se les quería “imponer más de dos millones de euros de multa por seguir desarrollando sus funciones como organismo independiente”, mientras “están siendo perseguidos penalmente por una querella de la Fiscalía”. Esta petición, han explicado fuentes de la Generalitat, “ha sido atendida” por la Sindicatura Electoral, que formalizó la renuncia de sus miembros ayer mismo para ceder el testigo de observación del referéndum a otros entes públicos y académicos que se comunicarán en los próximos días”.

GarantíasEl gobierno catalán sigue asumiendo “todas las funciones” como administración electoral, así como la “coordinación con otras instituciones catalanas que serán seguidas por las dos misiones de observación internacional y las decenas de visitantes que ya han sido acreditados para garantizar el normal funcionamiento del referéndum”. Según la Generalitat, el traspaso de funciones de la Sindicatura Electoral no merma las garantías del 1-O, porque todos los procesos y medios que lo sostienen ya han sido debidamente supervisados y validados por este órgano. El Govern ofrecerá asistencia a las acciones que la Sindicatura prevé elevar a instancias internacionales “por la persecución judicial y la falta de garantías procesales a los que el TC y la Fiscalía han sometido” a los síndicos electorales.

El pasado 6 de septiembre, ya de madrugada y después de aprobar la ley del Referéndum, el pleno del Parlament eligió, con el rechazo de la oposición, a los cinco candidatos presentados por Junts pel Sí y la CUP para comandar la Sindicatura Electoral. Sus cinco miembros han sido: Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UB, que ha presidido el órgano;Marc Marsal, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat desde febrero de 2016;la abogada Marta Alsina;Tània Verge, profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF;y Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional de la UAB.

El cese del secretario general de Vicepresidencia y Economía adoptado por el Govern por unanimidad, no le librará automáticamente de la multa, pues el Tribunal Constitucional examinará antes si ha acatado sus resoluciones, como hará también con cada uno de los afectados.

Libertad condicionalAdemás de a Jové, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona dejó en libertad con cargos a todos detenidos por participar en los preparativos del referéndum del 1 de octubre. Después de que el jueves la Guardia Civil liberara a ocho personas, ayer el juez lo hizo contras otras seis, entre ellas, de forma que las catorce personas detenidas el miércoles por organizar este referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional están en libertad provisional.

En un principio, el juez imputa a todos los detenidos los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación, aunque en las órdenes de detención la Guardia Civil atribuían a algunos de ellos el de sedición, castigado con penas de hasta 15 años de cárcel.

Tanto a Lluís Salvadó, que es también secretario general adjunto de ERC, como a Jové, ambos parte del núcleo duro del departamento de Economía que dirige Oriol Junqueras, les ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente.

El vicepresidente del Govern y varios consellers y cargos de ERC se desplazaron hasta la Ciutat de la Justícia para apoyar a Salvadó y a Jové, cuyas defensas han solicitado la recusación del juez instructor por cuestionar su imparcialidad, una petición que resolverá la Audiencia de Barcelona.

Los seis detenidos que pasaron ayer a disposición judicial se acogieron a su derecho a no declarar ante el titular del juzgado. No contestaron, por tanto, ni las preguntas de la Fiscalía ni las del propio juez instructor, que mantiene la causa bajo secreto de sumario. Tras comparecer ante el juez, quedaron libres, también con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, Rosa Maria Rodríguez Curto, directora de servicios de T-Systems, y Pep Masoliver, director del área de información de la fundación Punt.cat. También quedaron en la misma situación el responsable de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Josuè Sallent, y el trabajador del Consorci d’Administració Oberta Juan Manuel Gómez.

En su causa, el magistrado investiga si el Govern ha gastado en los preparativos del referéndum suspendido por el TC los 6,2 millones de las dos partidas presupuestarias que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).

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