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UPN intenta bloquear en Madrid los acuerdos estratégicos entre Navarra y el Estado

Presiona al PP para que no pacte con el Gobierno foral los asuntos clave que dejó sin resolver
El TAV, el Convenio, el Canal y los recursos al TC, pendientes de un acuerdo entre administraciones

Ibai Fernandez - Domingo, 24 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Esparza observa la intervención de Mariano Rajoy, reflejado en su sombra, en la presentación del pacto electoral UPN-PP.

Esparza observa la intervención de Mariano Rajoy, reflejado en su sombra, en la presentación del pacto electoral UPN-PP. (Javier Bergasa)

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Pamplona - El Gobierno de Navarra encara unos meses de otoño que van a ser determinantes en el devenir de la legislatura. Por un lado, los presupuestos de 2018, prioridad principal en la medida en que su aprobación garantizaría la estabilidad institucional prácticamente hasta el final del mandato. Todo un salvoconducto para el Gabinete de Uxue Barkos, que pese a las diferencias puntuales y notorias entre sus socios ha logrado mantenerse cohesionado en torno al acuerdo programático, y que con el tercer presupuesto consecutivo podrían ofrecer un nivel óptimo de cumplimiento en 2019.

Y por otro, la negociación con el Estado de varios asuntos de calado y de corte estratégico para Navarra que el Gobierno foral confía en solventar, o al menos dejar encarrilados en este curso político recién iniciado. Inversiones importantes que quedan pendientes de la pasada legislatura, incluso de años atrás, y cuya resolución darían al Ejecutivo un aval de gestión en un ámbito donde UPN creía no tener competencia. Desmontando además, cuando las elecciones asoman ya en el horizonte, una estrategia de oposición basada casi en exclusiva en que el Ejecutivo foral solo busca al desaparición de la comunidad.

Es el caso del Convenio Económico, que determina cuánto debe pagar al año Navarra al Estado. La cifra, que varía según múltiples factores, se mantiene prorrogada de forma unilateral por el Estado desde 2015, lo que supone un saldo negativo para la Hacienda navarra cercano a los 100 millones anuales. Su actualización, por lo tanto, resulta vital para la estabilidad de las cuentas públicas de Navarra.

Algo similar pasa con el tren de alta velocidad y el Canal de Navarra, dos costosas infraestructuras que dependen de la financiación del Estado y de las que UPN siempre ha hecho bandera, pero que estaban paralizadas desde 2013. Ambas las quiere desarrollar ahora el Gobierno foral desde la premisa de que son buenas para el “interés general” de Navarra, y de que se pueden sacar adelante de una forma más sostenible y planificada de como había proyectado el Gobierno anterior.

Tres retos a los que se suman también los recursos a leyes navarra pendientes en el Tribunal Constitucional, y que Navarra quiere desbloquear desde la negociación con el Ejecutivo de Rajoy. Pero que se han encontrado con la actitud de bloqueo de UPN. Los regionalistas han aprovechado el peso de sus dos diputados en Madrid para condicionar cualquier negociación y fijar condiciones que entorpezcan un acuerdo que les pueda lastrar electoralmente.

Las trabas de UPN Han sido suficientes un par de semanas de septiembre para comprobar que el objetivo que se ha fijado el Gobierno, por muy voluntarioso que sea, no va a ser sencillo. La polémica suscitada en torno al TAV y las formas con las que Fomento ha tratado al Gobierno de Navarra han puesto en evidencia los intereses políticos que están en juego en la negociación. Algo demasiado importante para UPN, que aspira a recuperar el poder en 2019 y que tiene en Madrid su último ámbito de influencia política.

Allí cuenta con dos diputados que fueron en la lista del PP en las pasadas elecciones, pero que tienen cierto margen de presión en la aprobación de los presupuestos. No es que su voto en contra de Rajoy sea una opción real -nadie entendería que el Gobierno del PP cayera por la falta de apoyo de UPN-, pero sí le deja espacio para ganar protagonismo junto al PP, que accede a las exigencias de quien es su aliado natural.

El pasado abril UPN hizo valer el peso de sus dos diputados para pedir que Fomento licitara obras del TAV en 2017 y pusiera las máquinas a trabajar en 2018. Aunque al anunciarlo se dijera lo contrario, el acuerdo no garantizaba la llegada del tren a Navarra en la medida en que solo comprometía una mínima inversión. Pero dejaba al Ejecutivo foral entre el dilema de abrir un cisma interno con sus socios o rechazar la propuesta de Fomento dejando espacio para la crítica de la oposición. Una pinza de la que el Gobierno de Barkos ha querido salir delegando en el Gobierno central los trámites más urgentes pactados con UPN, pero sin renunciar un convenio más amplio que garantice una inversión sin riesgos para Navarra y con la perspectiva de un corredor hasta la Y vasca, y no solo entre Castejón y Campanas.

La propuesta, que encajaba en el planteamiento inicial de Fomento, ha sido sin embargo rechazada de raíz y con unas formas especialmente duras. ¿El motivo? Que no incluye un partida en los presupuestos de Navarra para 2018, objetivo irrenunciable para el Gobierno del PP por exigencia de UPN. Una victoria política puntual a costa de la firma de un convenio de 1.000 millones de inversión para Navarra en los próximos seis años. El TAV queda así supeditado al Gobierno central de turno y a sus prioridades, que no siempre pasarán por Navarra.

El canal a la ribera La actitud de bloqueo de UPN en Madrid amenaza también la segunda fase del Canal de Navarra, la otra gran infraestructura que el Gobierno ha de pactar con el Estado estos próximos meses. Una obra que debe garantizar la llegada de agua de calidad y a buen precio a la Ribera, y que el Ejecutivo foral ha redimensionado para hacerla menos costosa y adaptarla a las necesidades tanto de regadío como de agua de boca.

Pero el Canal es otra de las banderas de UPN. Una obra que no pudo desarrollar cuando estaba en el Gobierno y que ahora enarbola como ejemplo de desagravio del Gabinete de Barkos hacia la Ribera. De momento, los regionalistas han fijado la cifra de 21.000 hectáreas regables como hito innegociable. Una estimación de riego de difícil cumplimiento porque el agua de Itoiz es limitada, por lo que una distribución así exigiría un nuevo reparto de concesión de agua para muchos regantes de la primera fase.

A ello se suma también la demanda de un canal a cielo abierto con la premisa de que eso puede abrir otra brecha ente los socios del cuatripartito. Mucho más caro que tubería que plantea el Gobierno, ya utilizada en la ampliación de la primera fase del canal, pero que se agita como nuevo ariete político.

La negociación queda ahora en Canasa, la empresa pública responsable de la gestión del agua de Itoiz que comparten Navarra (40%) y el Estado (60%). Una sociedad deficitaria que va a exigir un importante esfuerzo a ambas administraciones y que el Estado no siempre ha estado dispuesto a asumir. Por lo que, a fin de cuentas, resulta tan interesado como su socio electoral en que no haya un acuerdo, sobre todo si puede ser achacable al Gobierno Barkos.

De momento, Esparza ya ha anunciado que introducirá el Canal en la negociación de los presupuestos del Estado, al tiempo que el PP avanza su “preocupación” por la poca voluntad de desarrollar el Canal que dice ver en el Gobierno de Navarra. Un escenario que se parece mucho al que los últimos días se ha visto en torno a la alta velocidad, y que ha despertado cierta preocupación en el Gobierno de Navarra. Sobre todo porque llega con el Convenio Económico pendiente de cerrar. Y aunque las negociaciones, largas, iban bien encaminadas, el acuerdo no se acaba de concretar. Lo que ha hecho sospechar al Ejecutivo foral (que en este tema no ha recibido ningún apoyo de UPN ni del PP), que tras el retraso pueda haber una motivación política. Porque un acuerdo garantizaría la estabilidad económica de Navarra para los próximos años, con margen incluso para mejorar la inversión pública en el último tramo de la legislatura. Y eso es más importante incluso que aprobar los presupuestos.

Refugio político. La pérdida del poder político en Navarra y los principales ayuntamientos a dejado a UPN con Madrid como único ámbito de influiencia. Allí acude habitualmente Javier Esparza en busca de la complicidad de los medios de comunicación, de los poderes económicos y también de los políticos. El de La Moncloa en lo que se refiere a los acuerdos institucionales con el Gobierno Navarra, y el del Congreso para limitar el impacto legislativo del Parlamento foral. El último ejemplo ha sido la moción presentada por el diputado Carlos Salvador en contra de la presencia de la ikurriña en el balcón consistorial el pasado 7 de julio. Una propuesta que iba más allá de la crítica política y con la que UPN llegó a reclamar a la mayoría del Congreso una legislación que supere la decisión mayoritaria del Parlamento de Navarra, que en marzo decidió derogar la Ley de Símbolos. “Creemos que los símbolos están insuficientemente protegidos y que deberemos de hacer algo más para que lo estén”, emplazó Salvador desde la tribuna, reclamando el apoyo de los diputados del conjunto del Estado para revocar la decisión mayoritaria del Parlamento foral. - I.F.

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