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Rajoy quiere a Puigdemont en la cárcel

El Gobierno da un paso más en su ofensiva judicial: el fiscal general deja la puerta abierta a pedir prisión para el presidente catalán por malversación
Maza también contempla acusarle del delito de rebelión

Martes, 26 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Puigdemont, durante la firma de la convocatoria de la consulta.

Puigdemont, durante la firma de la convocatoria de la consulta. (Foto: Efe)

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  • Puigdemont, durante la firma de la convocatoria de la consulta.

Pamplona- La Fiscalía está convencida de que el presidente catalán está incurriendo en delitos que pueden conducirle a la cárcel. En un nuevo paso más de la ofensiva judicial del Gobierno contra el referéndum catalán, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, señaló ayer que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está perseverando en un delito de desobediencia y avisó que si incurriese en malversación la Fiscalía podría pedir su detención. Este delito, que contempla una pena privativa de libertad, cosa que no pasa con los delitos de prevaricación y desobediencia, ya figura en la querella que la Fiscalía presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el president, el vicepresident y los otros 12 miembros del Govern. De hecho, fue la primera vez que el delito se introduce en causas relacionadas con el procés. La decisión final, sin embargo, recae en el juez, y aún está por ver cuál sería la petición de la Fiscalía.

En declaraciones a Onda Cero, Maza sostuvo que el presidente de la Generalitat está cometiendo un delito de desobediencia, en el que estaría perseverando dado que ha continuado promoviendo una consulta que la Justicia declara inconstitucional. “Pienso que sí, por eso la Fiscalía está actuando y considera que tiene diligencias con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque está acogida al aforamiento en estos términos, los tribunales se pronunciarán en su día, pero estamos absolutamente convencidos de que es así”, avisó.

advertenciaEl fiscal general recordó que el delito de desobediencia, al igual que la prevaricación, no conlleva pena de prisión, por lo que Puigdemont iría a la cárcel si hubiera incurrido en malversación. Aunque, reitera, que “no quiere decir que se pida o no”. “Tendremos que ver las circunstancias en que se produce en su momento, de momento no lo hemos solicitado”, explicó.

Sobre si una posible declaración de independencia de Catalunya constituiría un delito de rebelión, distinguió que si ésta se produce de manera pacífica y sin recurrir a grandes grupos de personas, sería un caso de desobediencia. Mientras que sería un delito de sedición si ésta involucra a un número importante de personas. Según explicó Maza, estaríamos ante un delito de rebelión si la independencia supusiera la actuación de grandes tumultos y además se incurriera en violencia.

Ello también conlleva que puede haber detenciones por los delitos de sedición o rebelión si se llegara a demostrar un papel de aliento de alguien en potenciales actitudes tumultuarias o violentas en actos o manifestaciones prohibidos y que puedan producirse como consecuencia de la prohibición del referéndum del 1-O.

normas de hace dos siglosEl fiscal acabó aceptando que están aplicando normas de códigos penales del siglo XIX, pero aseguró que “aunque las formas puedan haber cambiado, la sustancia es la misma” y por eso “son totalmente aplicables”. “Desobediencia a un tribunal, intento de separación y utilización del tumulto”, enumeró, apuntando que todo eso deriva de la falsa idea del ‘Tenemos derecho a decidir’.

A todas aquellas personas que creen desproporcionada la actuación del Estado, Maza les recomendó que lo miren con “objetividad y sensatez”. “Nos estamos esforzando para no ir más allá de lo que la ley nos permite”, insistió.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, puntualizó al ser preguntado sobre la posibilidad de que pudiera ser detenido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que cualquier medida de privación de libertad en un Estado de derecho como España “siempre la deberá adoptar un juez”.

El ministro recordó que “se adoptan medidas de limitación de libertad cuando una persona ha cometido un delito y un juez así lo decide” y ha dicho que desconoce si en el caso de Puigdemont “se está en esos términos”. De esta forma, diferenció esta actuación de la llevada a cabo por la Fiscalía con los alcaldes que se han mostrado dispuestos a ceder locales municipales para el referéndum.

“Lo que sí hay es una querella presentada por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, temas muy importantes”, dijo el ministro, que añadió que la semana pasada también se presentó una querella “por un delito muy grave, el de sedición, que tiene una pena de entre 10 y 15 años para las personas condenadas por él”.

Catalá también explicó que, en su opinión, y por lo sucedido hasta el momento, Puigdemont no puede ser acusado de rebelión, aunque este tipo de consideraciones jurídicas “son los jueces y los fiscales quienes las deben hacer”.

El líder de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, hizo un llamamiento dirigido a los Mossos d’Esquadra y a la ciudadanía para impedir mediante “movilizaciones pacíficas” la posible “detención” del president de la Generalitat en el caso de que la Fiscalía lo ordene. “Sería una acción de fuerza fuera de la ley”, dijo - D.N.

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