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Forn alerta de que la Fiscalía se "excede en sus competencias" al precintar los colegios

EFE - Miércoles, 27 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 13:09h

El consejero del Interior de Catalunya, Joaquim Forn.

El consejero del Interior de Catalunya, Joaquim Forn. (EFE)

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BARCELONA. El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha criticado la orden de la Fiscalía Superior de Catalunya a los Mossos d'Esquadra de precintar los colegios electorales para el 1-O, que ha calificado de "aberración" y ha afirmado que el órgano "se está excediendo en sus competencias" al actuar "como la policía".

En declaraciones a Rac1, Forn ha explicado que, ante esta medida, la Generalitat está estudiando convocar la Junta de Seguridad Catalana que "es la que coordina las fuerzas de seguridad en Cataluña" y cuenta con representantes del Govern y el Ejecutivo central.

El conseller ha calificado la orden de la Fiscalía a los Mossos de "enorme error" y ha afirmado el Govern está "muy preocupado" por el papel de la Fiscalía, que "va en contra del sentido común y cualquier legalidad", tras lo que ha dicho que el Govern denunciará la situación.

Forn también ha lamentado que el objetivo del Gobierno al enviar efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil a Cataluña es el de "alterar el orden" para que "el 1-O haya una reacción que no se pacífica hasta ahora", tras lo que ha pedido a los ciudadanos que "no caigan en su trampa" y se manifiesten "de forma cívica".

El conseller de Interior ha denunciado que "no sabe "cuántos de estos efectivos se encuentran en Cataluña" ya que "nadie le ha informado", y ha apuntado que "la salida de furgonetas de policías que parece que vayan a la guerra" es inaceptable.

También ha recordado que el Gobierno tardó "meses" en enviar 20 efectivos de la Guardia Civil al aeropuerto de Barcelona en verano, pero "ahora han enviado miles en solo unos días".

Forn ha explicado que la policía catalana ha expresado su "malestar" por medidas como esta, que obliga a los Mossos a precintar colegios, y ha afirmado que el objetivo del Gobierno es "ponerlos en contra de la población catalana".

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