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Catalunya sin miedo

Por Kristian Cervilla - Viernes, 29 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

El viernes de la semana pasada, 22 de septiembre, en el acto de apertura del año judicial, Joaquín Galve, el presidente del TSJN, lamentaba la “falta de respeto” a los fallos judiciales que se están dando en Catalunya.

El pueblo catalán lleva dando avisos de la situación en la que se encuentra y hacia dónde quiere dirigirse desde hace muchos años, como bien apuntó Aitor Esteban en su discurso del día 20 de septiembre en el Congreso, pero el Gobierno central nunca ha querido escuchar sus reivindicaciones. Ya son varias las diadas nacionales en las que miles de personas, llegando en casi todas a la cifra del millón de personas y sobrepasándola en algunas otras, se manifiestan para exigir ser oídas y poder ejercer el derecho a decidir su futuro.

El pueblo de Catalunya se ha empoderado mediante todas estas movilizaciones masivas. Se ha empoderado, y en las elecciones autonómicas de 2015 legitimó a los partidos políticos que apoyaban en su programa la realización un referéndum (Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, CUP) a gobernar y pactarlo. Pero el Gobierno central ha desoído el mensaje que ha recibido desde Catalunya, y también los avisos que se le han lanzado desde el PNV, eludiendo el diálogo. Este empoderamiento ha hecho que una parte de la sociedad catalana haya llegado a la desconexión mental con el Estado español, utilizando la reflexión que Jordi Évole apuntó el día 22 de septiembre en el programa Al Rojo Vivo. A su vez, este periodista apuntaba que hay personas en Catalunya que “ya viven en otro país”.

Por ello, es posible afirmar que el pueblo catalán ha perdido el miedo a las instituciones españolas porque no le atribuyen poder alguno. Jaques Lacan apuntaba en 1946 que “un hombre normal que se cree rey está loco, pero no menos loco está el rey que se cree rey”. Con ello quería decirnos que una persona que ostenta un puesto, cualquiera que sea la persona o el puesto, lo lleva a cabo porque la sociedad así se lo permite. El poder, entonces, reside en el pueblo que decide cuándo, cómo, dónde y porqué ha de una persona llevar a cabo su profesión. Por consiguiente, si la sociedad desestima a un rey, juez, científico, Gobierno, etcétera, o no les otorga su debido poder, entonces estos no estarán legitimados a ejercer como tal, y por consiguiente no serán vistos como reyes, jueces, científicos o gobierno.

Por lo tanto, no creo que la sociedad catalana esté siendo irrespetuosa con las instituciones españolas, sino que lo que está ocurriendo es que no les otorgan poder alguno y, en consecuencia, no están legitimadas por la mayoría del pueblo catalán. Luego nos encontramos ante la relación respeto-poder, aquellos que otorgan algún poder a las instituciones españolas y ven que otros no lo hacen, creen que los segundos están siendo irrespetuosos con dichas instituciones. Pero lo que realmente está sucediendo es que los segundos no le otorgan poder alguno, por lo que no tienen en cuenta los dictámenes de dichas instituciones ya que carecen de legitimidad.

Ahora le surgirá al lector/a la duda de que si unos, catalanes, no respetan las instituciones de los otros, españoles, ¿cómo podría haberse evitado llegar hasta este punto? O ¿cómo se puede solucionar esto? Podría haberse evitado si el Gobierno español hubiera iniciado el diálogo político con el Govern catalán y pactando una manera de integrar el problema catalán o vasco en el Estado, o modificando la ley. Desde luego, como no se soluciona es apelando a leyes que permanecen inactivas desde 1978.

En resumen, el futuro del modelo de Estado caduco en el que vivimos pasa por reformularlo como bien ha apuntado en varias ocasiones el lehendakari Iñigo Urkullu para convertirlo en una confederación, en la que todas las naciones miembro muestren su libre adscripción a la misma y siempre con las garantías de que todas las naciones miembro se vean de igual a igual y con la libertad de poder decidir su futuro en cualquier momento. Otra de las soluciones, pasaría por cambiar la ley para poder pactar un referéndum, con garantías, tanto para ciudadanos vascos y catalanes, para que ambas naciones puedan decidir su futuro cuando así lo crean necesario. Pero lo que es evidente es que la solución no se dará con el uso de la fuerza o con el uso de medios coercitivos tal como desde la semana pasada se viene dando en Catalunya. Así lo han recogido muchos medios de comunicación internacionales, y del mismo modo lo han denunciado por carta miembros del Parlamento danés.

El autor es antropólogo por la UPV/EHU

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