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Bruselas se reserva la opción de intervenir si el 'caso Alsasua' vulnera el principio de proporcionalidad en las penas

La Comisión, que sigue con "interés" el caso, explica que si bien las causas penales son competencia de los Estados miembros, "estos deben respetar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión"

D.N. - Viernes, 29 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 11:10h

Un momento de la manifestación celebrada en Alsasua en apoyo de los encarcelados a finales de noviembre de 2016.

Un momento de la manifestación celebrada en Alsasua en apoyo de los encarcelados a finales de noviembre de 2016. (Javier Bergasa)

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PAMPLONA. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha informado esta semana en una nota a las diputadas y diputados del Parlamento Europeo Marina Albiol (IU), Xabier Benito (Podemos), Izaskun Bilbao (PNV) y Josu Juaristi (EHBildu) que “sigue con interés” el caso de los cinco jóvenes de Altsasu, detenidos e imputados por un delito de supuesto terrorismo.

Timmermans añade que en el caso de que el proceso judicial abierto incumpla principios que consagran los tratados y la legislación comunitaria como el de las proporcionalidad de las penas, “se reserva el derecho a tomar las acciones apropiadas”.

El presidente Juncker ya consideró que los hechos denunciados merecían un seguimiento por parte del propio Timmermans. Éste, en su respuesta, explica que si bien las causas penales son competencia de los Estados miembros, "estos deben respetar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando implementan la legislación europea", y coincide, tal y como habían subrayado los y las diputadas, en que las penas impuestas a las personas deben ser "proporcionales a las acciones por las que puedan ser condenadas". “La Comisión está siguiendo el resultado de este caso con interés y se reserva el derecho a tomar las acciones apropiadas como guardiana de los tratados”, concluye Timmermans.

Timmermans ha apuntado que "la Comisión Europea no tiene competencias para intervenir en el día a día del funcionamiento del sistema judicial penal de ningún Estado miembro" y que la cuestión de determinar la culpabilidad o inocencia en relación con un delito penal "es una cuestión de las que sólo son responsables los Estados miembro, en este caso España".

Representantes de PNV, EH Bildu, IU y Podemos presentaron una iniciativa en el Parlamento Europeo en la que ponen sobre la mesa la "incorrecta trasposición" en el Estado español de la legislación europea que define el delito de terrorismo. La instrucción del caso sobre la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre en un bar de Altsasu se ha ido enrevesando a medida que se conocían nuevos detalles.

La jueza de la Audiencia Nacional asumió la investigación tras observar indicios de un delito de terrorismo al encuadrar la acción en la estrategia del movimiento Alde Hemendik para lograr expulsar de Euskadi a las fuerzas policiales estatales.

En esa línea, el representante del Ministerio Público planteó recientemente penas de entre 12 y 62 años para los presuntos autores. La iniciativa, presentada por los eurodiputados Izaskun Bilbao (PNV), Josu Juaristi (EH Bildu), Marina Albiol (IU) y Xabier Benito (Podemos), pone en duda que las calificaciones realizadas por el fiscal encajen con las definiciones comunitarias sobre el delito de terrorismo y con la aplicación que hace el Código Penal sobre otros casos de agresiones contra agentes policiales.

De esta forma, consideran que el Estado español no importa correctamente las leyes europeas y plantean la vulneración del artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales, que hace referencia directa a la proporcionalidad de las penas. En concreto, la iniciativa de los cuatro partidos solicita una respuesta escrita de la Comisión Europea a tres preguntas.

Las dos primeras se refieren precisamente a la traslación de las previsiones comunitarias en el campo del delito de terrorismo y el ajuste de las penas al precepto recogido en la Carta de Derechos Fundamentales.

Por último, en la tercera se interesan por los planes del órgano ejecutivo de la UE y la Unidad de Cooperación Judicial (Eurojust) para armonizar criterios en este terreno con la finalidad de evitar casos similares en el futuro. Esta pregunta a la Comisión no es la primera acción que acometen sus firmantes para trasladar el caso Altsasu a las instituciones europeas. Anteriormente informaron de los hechos al presidente, Jean-Claude Juncker, y organizaron una visita de los padres de los jóvenes encausados a Bruselas, donde pudieron mantener encuentros con representantes de diferentes grupos parlamentarios.

Durante todo este tiempo, además, los eurodiputados de PNV, EH Bildu, IU y Podemos han alertado de las "graves vulneraciones de derechos fundamentales" que se están registrando en el Estado español por la aplicación de una reforma del Código Penal efectuada para encarar la creciente amenaza yihadista.

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