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El Govern se querella contra el fiscal general por usurpar funciones

El Gobierno recurre al Constitucional la ley embrión de la seguridad social catalana

Sábado, 30 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

pamplona- El Govern de la Generalitat presentará una querella contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y otra contra el fiscal superior de Cataluña, Jose María Romero de Tejada, al entender que hicieron suyas funciones que no le corresponden en la investigación del referéndum del 1 de octubre.

Según explicó en una rueda de prensa ayer el conseller de Justicia, Carles Mundó, la primera querella se presentará ante el Tribunal Supremo (TS) y la segunda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ambas por los presuntos delitos de prevaricación y usurpación de funciones.

Mundó presentó un decálogo con diez violaciones de la legalidad que considera que el Estado ha cometido, y acusó al Gobierno central de haber suspendido la separación de la división de poderes para combatir el referéndum: “Se continúa escondiendo detrás de las togas”.

escalada judicialEl Gobierno central prosiguió con su ofensiva judicial contra las leyes catalans. Consejo de Ministros acordó presentar tres recursos ante el Tribunal Constitucional contra tres normas autonómicas, entre ellas la ley de hacienda y protección social, que pretendía ser el embrión de una hipotética seguridad social catalana tras la independencia.

Así lo avanzó el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que adelantó que las otras dos leyes impugnadas son la ley catalana de derecho a la vivienda, por afectar a las competencias del Estado, así como la ley de voluntades digitales. En este último caso, el Estado solicitó una reunión previa de la comisión bilateral con la Generalitat para solventar el contencioso, a la que el Gobierno catalán no respondió.

Méndez de Vigo explicó que, cuando hay una discrepancia por la aplicación de una norma autonómica, existe ese trámite previo de consultas antes de la presentación del recurso de inconstitucionalidad. “No hubo respuesta, y el Gobierno entiende que no hay voluntad de acuerdo”, descartó. - D.N.

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