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UPN y PSN, responsables de la operación “especulativa” de Salesianos, cuestionan ahora las plusvalías públicas pactadas

Laparra defiende que el Ejecutivo recupera los 11 millones invertidos y confía en lograr 11 más para vivienda social
EH Bildu reprocha al Gobierno no modificar el plan, y Podemos e IE el no batallar en los tribunales

Ana Ibarra / Patxi Cascante - Sábado, 30 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

El consejero Miguel Laparra, en una comisión de Derechos Sociales.

El consejero Miguel Laparra, en una comisión de Derechos Sociales. (Patxi Cascante)

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  • El consejero Miguel Laparra, en una comisión de Derechos Sociales.

Pamplona- Riesgo “cero” para la Administración, plusvalías “directamente vinculadas a las más de 500 familias destinatarias del nuevo plan de vivienda social” y una primera subasta que va a posibilitar el traslado del colegio. El vicepresidente del Gobierno foral Miguel Laparra defendió ante los diferentes grupos parlamentarios la gestión de su departamento en una operación “heredada”, con la marca de “urbanismo intensivo e interés privado”, que arranca en 2009 con el acuerdo político entre UPN, PSN y CDN -y la oposición de NaBai e IU- que tuvo reflejo los presupuestos de 2010. Aquel pacto suprimía la reserva de VPO en el solar del Ensanche, incrementaba “significativamente la edificabilidad”, garantizaba “plusvalías privadas con riesgo público”, y se ataba a través de un PSIS que dejaba en manos del Gobierno su gestión. Un proyecto con “graves riesgos jurídicos y económicos” (indemnizaciones) si el Gobierno se echaba atrás, reiteró.

Ocho años después, lejos de suponer un coste para el Gobierno de Navarra, subrayó Laparra, con el nuevo contrato (julio 2017) se va a poder recuperar el dinero ya invertido o comprometido, es decir, los 4,7 millones de gastos previstos, y los otros 6,4 millones que Nasuvinsa ha pagado en Sarriguren por la parcela urbanizada. En total, más de 11 millones de los 25,5 obtenidos en la subasta van a quedar en manos de las arcas públicas que, a su vez, espera lograr otros 11 millones para financiar el plan de vivienda destinada a alquiler social. En cambio, en el acuerdo de 2011, Vinsa pagaba 41,6 millones (más 4,7 de gastos) y asumía los riegos del “resultado” de la subasta. Y en el contrato de mayo de 2015 se fijaba un mínimo de 26,4 millones a pagar a Salesianos tras la subasta y Nasuvinsa pagaba 4,7 millones. Con el nuevo contrato, el Gobierno no asume gastos y se lleva a partir de 37 millones el beneficio, del que también recibe parte a partir de 31.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz criticó la “posición errática” del Gobierno “tratando de confundir a la opinión pública” sobre posibles indemnizaciones si se alteraba el proyecto. “Había un planteamiento del Ayuntamiento de Pamplona que no se ha querido profundizar”, abundó. “Con un diseño de manzanas daba para pagar al colegio y, si no había plusvalía, ¡pues no había!”, dijo. En este momento la situación de la subasta es, dijo, “peligrosa” y puede ocurrir que no llegue más que para pagar a Salesianos y “no salga ni para el Ayuntamiento”. “El único que va a ganar es Salesianos”, dijo poniendo en duda las posibles plusvalías del Gobierno.

Para Luis Zarraluqui (UPN), la finalidad que debe guiar esta operación es la construcción del nuevo colegio y lo que la dificulta es “el ansia de dinero y de ganar más a costa de Salesianos”. A su juicio, la subasta ha sido “una chapuza”, se han “vendido las parcelas más baratas” y agrupar las parcelas 2 y 3 en un lote para 92 viviendas es “terrorífico”, como introducir “usos hoteleros” en la P5. Entiende además que las condiciones del nuevo contrato “empeoran” ya que antes “con 45 millones Salesianos cubría gastos y ahora necesita 51”. Considera a su vez que la propuesta de rebaja de alturas es “un globo sonda que puede retrasar otro año el proceso”. No cabe, dijo, un estudio de detalle sino otro trámite que pasa por el Ayuntamiento.

Desde el PSN, Ainhoa Unzu acusó a Laparra de “especular” con la operación elaborando un plan de vivienda de 80 millones que se ha cuadrado con las “plusvalías” de Sarriguren. Recordó además que existe otra denuncia vecinal contraria al estudio de impacto ambiental y acústico. El Ayuntamiento a su vez muestra una doble cara porque, dijo, se beneficia con una parcela para vivienda, otra comercial y un Civivox cuando podía haber “renunciado” a dar la licencia. Respecto a las indemnizaciones, acusó a Laparra de caer en contradicciones, además de poder cambiar el Plan Especial para uso hotelero. “Calculaban 65 millones para la operación y llevan 25”, remarcó. Se ha creado tal “inseguridad” a las empresas que “no me extraña que no vengan a pujar”.

Para Mikel Buil, de Podemos, Salesianos tenía que haberse añadido a la lista de proyectos heredados que se rechazan y “se le pasa la factura a UPN”. Había alternativas, dijo, desde la batalla judicial o la indemnización a Salesianos y “construir desde el Ejecutivo lo que necesita un barrio que es precisamente rejuvenecerse y no vivienda de lujo” para ahondar en la “desigualdad social”. Se ha tratado de “confundir”, dijo, el interés general y el del Gobierno. “La bomba de relojería que dejó el consejero saliente hubiera requerido de un compromiso de todo el Gobierno para rechazar esta herencia envenenada”, aseveró. José Miguel Nuín (IE) aseguró que el Gobierno debía haber liderado una “pelea jurídica muy firme” contra este gobierno para “revertir el PSIS y el Plan Especial”. Y tildó de “antidemocrático” que en junio de 2015 se firmara el Plan Especial tras las elecciones. “No responde al interés general, responde al interés de una congregación religiosa”, señaló para responsabilizar a UPN y PSN. Javier García (PPN) defendió “un proyecto que permite a Salesianos tener más y mejores instalaciones para mantener la calidad de la FP”.

“clientelismo” Koldo Martínez de Geroa Bai echó en cara a EH Bildu que no hiciera lo mismo que demanda al Gobierno cuando dio la licencia de parcelación de los solares: “No lo hicieron por motivos de seguridad jurídica y económica, pero lo fácil es firmar y echar la pelota”. El “clientelismo” y “corralito” de UPN diseñó una operación de “riesgo público y beneficio privado” que se ha logrado revertir, dijo, consiguiendo que Salesianos tenga “un centro adecuado a las necesidad de la sociedad”.

En el segundo turno, Laparra preguntó a la oposición qué es lo que sugiere cuando plantean disminuir la expectativa de ingresos del sector público porque ello va en beneficio de los promotores. “No vamos a regalar una parcela a nadie”, recalcó en relación a una posible rebaja de los precios de subasta. Le produce además “sonrojo” que el PSN no haga “autocrítica” después de renunciar a la VPO. Y agregó que la opción de reorientar el proyecto con manzanas en vez de torres suponía la “desaparición de las plusvalías del Gobierno”.

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