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Cataluña y democracia

Domingo, 1 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Al margen de las consideraciones que pueda merecernos el denominado proceso independentista catalán, hay un hecho capital que no debería dejarnos indiferentes, pues afecta a la sociedad entera, sea la catalana o cualquier otra. Nos referimos a la actitud que el Gobierno central está mostrando ante el concepto de democracia. Por mucho que este gobierno apele al Estado de Derecho para justificar sus modos dictatoriales de intervención en dicho proceso, lo cierto es que ni la democracia, ni el Derecho, están saliendo bien parados.

Menos aún Rajoy, a quienMaldita hemeroteca le ha recordado lo que defendía en abril de 2006 sobre este asunto. Así recriminaba en la oposición al Gobierno de Zapatero: “Cuando los ciudadanos piden un referéndum porque quieren opinar, la respuesta no puede sertranquilos, no pasa nada, confíen en mí. ¿Qué broma es esta?”. Y proseguía: “Señorías, ante una demanda tan legítima, tan en razón, con un respaldo tan vigoroso, no podemos ni siquiera imaginar que un Gobierno democrático se oponga y la rechace. Esta es la voz de los ciudadanos, señorías, y es muy fácil escucharla y conviene hacerlo”.

Es evidente que no es lo mismo estar en la oposición, pero, menos todavía, defender un referéndum si quienes lo hacen son catalanes y no españoles. Estas martingalas contradictorias suceden cuando la política que se practica es partidista y se anteponen las propias creencias políticas basadas en una concepción místico-religiosa y espiritual de lo que se considera que es España. El PP parece seguir al dictado la denominación de España según la definiera la Falange: “España es, ante todo, una unidad de destino”, homogéneo y uniforme. El concepto de España que tiene el PP está anclado en mitologías incompatibles con la evolución política de estos cuarenta años últimos en Europa. La cacareada transición democrática a la que tanto se apela dejó intacto dicho concepto por considerarlo sagrado e intangible. España sigue siendo una esencia, cerrada a cal y canto a las nuevas maneras de comprender lo político. Como Estado, España es una calamidad. No ha evolucionado un ápice desde Cánovas. España sigue siendo la misma esencia que sustentaban los hombres de la generación del 98, que remachó Franco y mantienen sus herederos, a derecha e izquierda.

A estos políticos les está ocurriendo lo mismo que a esos jueces que, cuando juzgan un caso de naturaleza religiosa -ofensas al sentimiento religioso o actos blasfemos contra imágenes de la virgen o del nazareno-, anteponen sus creencias al articulado constitucional y condenan sin paliativos a quienes se han limitado únicamente a ejercer la libertad de expresión, con ánimo de criticar o de ridiculizar, nunca injuriar, pues no ignoran que a una entidad abstracta, como Dios, es imposible ponerla nerviosa.

Ni siquiera la Constitución ha sido capaz de modificar un átomo la visión providencialista y fundamentalista que estos políticos siguen teniendo de España. No lo dicen, pero coinciden con el Aznar que, cuando emborronaba artículos en un periódico de La Rioja, escribía que las comunidades autónomas eran una charlotada. Desde luego, los distintos gobiernos que se han sucedido las han tratado como Roma trataba a sus colonias. Desde esta imagen, en la que una España mesetaria y carpetovetónica sigue imperando como estructura totalitaria del Estado, la Constitución es una convidada de piedra al uso y beneficio de los políticos. Ya no tienen empacho en enarbolar su articulado para, dicen, preservar la convivencia y la soberanía nacional contra los que mediante “refrendos pretenden aniquilar a los que no son de nuestra raza”, como decía el actor Banderas, mostrando así su enorme capacidad mental para decir idioteces.

El PP ha convertido la Constitución de 1978 en el nuevo Santiago Matamoros para salvar la sagrada unidad de España. Porque esa es la naturaleza de esa unidad a la que apela el Gobierno central. Se nutre de elementos que van más allá de la política del consenso entre las partes, situándola en la estratosfera de un imaginario integrista laico. Es decir, considerando a España como una esencia inmutable.

Aplican la Constitución con el máximo rigor mortis cuando interesa a las creencias de partido, y nada les importa si al hacerlo conculcan la cohesión social y la soberanía popular. El incumplimiento de los gobiernos con el mandato constitucional es ya proverbial. Paradójicamente, no sienten por ello ninguna vergüenza.

Tampoco somos ingenuos. Sabemos bien que la Constitución necesita una profunda reforma para evitar el espectáculo bochornoso actual. El marco político institucional que sanciona no reconoce a las comunidades que se sienten naciones vertebrarse como estados confederados o como desee su masa social.

Lo que está sucediendo en Cataluña, que ha sido posible por la nueva situación política generada en el País Vasco desde 2011, es la prueba más clara de lo que señalamos. El derecho de los ciudadanos -al menos de una parte mayoritaria de Cataluña, pues más del 80% es favorable a la consulta-, está siendo vilipendiado por la aplicación de una ley restrictiva, usada no como derecho sino como correlato penal. La ley en Cataluña no existe para protegerla de las veleidades del Gobierno, sino para inculparla. Pero es obvio que, cuando el Estado de Derecho se sustituye únicamente por la ley, algo no funciona en dicho Estado. Cuando la aplicación del código penal solapa y vulnera los derechos y libertades individuales y colectivas en cualquier marco político o conflicto social dado, es que el Gobierno está haciendo un uso torticero de ese Estado de Derecho. Si éste consiste únicamente en la aplicación unilateral de la ley, y solo la ley en su dimensión coercitiva y punitiva, resulta cínico que por parte del Gobierno se diga que lo hace en nombre del Estado de Derecho, porque significaría que Constitución y Estado de Derecho están colisionando de malos modos.

No es justo ni ético que en nombre de este Estado y de esa Constitución se vulneren derechos y libertades individuales o colectivas de manera tan arbitraria y con fines políticos como se está haciendo en Cataluña: detenciones de cargos públicos, asalto de instituciones con requisas indiscriminadas de documentación, registros de empresas para confiscar impresos que piden el derecho a votar… amarre de tres transatlánticos para albergar a unos seis mil policías y guardias civiles para impedir que la gente vote… ¿Esto es democracia? Más bien parecen medidas propias de un estado de excepción encubierto y un desmantelamiento de la autonomía catalana.

El fin de España no justifica el medio de arrasar la libertad individual y colectiva de los ciudadanos catalanes. Tal comportamiento socava el Estado de Derecho y los Tratados Internacionales que amparan los citados derechos de libertad de expresión y de reunión.

Utilizar la vía del derecho penal como única alternativa coercitiva para cercenar una opinión política no es el mejor camino que tiene una democracia, sino, más bien, expresión heredera de un régimen que se disfrazó de Transición, pero que sigue disponiendo de los mismos resortes judiciales y represivos para utilizarlos cuando ve en peligro su reaccionaria concepción de la democracia. La franquista unidad de la patria sigue en pie y no solo gracias al partido que ha hecho de la corrupción su modus vivendi. Si es así, diremos, entonces, que nos encontramos ante una democracia varada, una democracia que ha perdido su potencial de cohesión social y de participación ciudadana.

Firman este artículo: V íctor Moreno, Fernando Mikelarena, Carlos Martínez, Pablo Ibañez, José Ramón Urtasun, Ángel Zoco, Txema Aranaz, del Ateneo Basilio Lacort

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