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Negativa al actual proyecto de Ley de Policías de Navarra

Por Juan Zabalza Erviti - Domingo, 1 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

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en estos últimos días los medios de comunicación se han hecho eco del apoyo al Proyecto de Ley de Policías de Navarra por parte de diversos alcaldes de diversas localidades navarras -Egüés, Barañain, Tafalla, Estella, Villava, Huarte, Berriozar, Ansoáin, Zizur Mayor y Pamplona-, todos ellos pertenecientes a los partidos políticos Bildu y Geroa Bai. Entendiendo el juego de intereses que ahora mismo están sobre la mesa, desde el sindicato APF queremos realizar unas breves consideraciones sobre esta situación. Consideraciones que nos servirán para reiterar ante la opinión pública nuestro rechazo a dicho proyecto.

No obstante lo dicho, queremos manifestar en primer lugar que estamos totalmente de acuerdo con los primeros ediles de esas localidades cuando afirman que este proyecto ley es santo y bueno para los policías locales. Pero no así para Policía Foral. Y no sólo por discrepancias en asuntos de naturaleza laboral -como dicen los alcaldes-, sino por el propio modelo policial. De hecho, creemos que la apuesta en este Proyecto no es por una Policía Foral integral y de referencia -en todo momento se ha evitado el compromiso de convocatoria de OPEs-, sino por el desarrollo y la potenciación de las policías locales, asegurando sus crecimientos y aumentado sus competencias para convertirlas en referencia de seguridad en sus municipios. En este sentido, tenemos que aludir al art. 39 de la LOFCS 2/86, y reiterar que en APF consideramos incompatible desarrollar las policías municipales al tiempo que la Policía Foral, ya que la ratio policial tan elevada de Navarra lo impide. APF defenderá siempre el crecimiento de efectivos para nuestro colectivo, y que cada policía se ocupe de las competencias que la legislación nos tiene asignadas.

Cualquier persona que se haya visto en labores sindicales entenderá que rechacemos este Proyecto de Ley de Policías. En él se establecen modificaciones retributivas y condiciones de trabajo de determinadas unidades, pero en ningún momento se nos han detallado y especificado con la debida claridad. Todo lo anterior conlleva el incumplimiento de una importante petición sindical: la de que, paralelamente a la aprobación de la Ley se tramitara un decreto foral de Jornadas, Horarios y Retribuciones. Por otro lado, el mandato parlamentario de trabajar en el adelanto de la edad de jubilación para Policía Foral -como derecho que ya tienen reconocidos la práctica totalidad de las policías nacionales, autonómicas y locales-, era pieza fundamental, clave, para llegar a un acuerdo, no entendiendo que la Consejera no se haya comprometido a que en el plazo de un año, por ejemplo, se apliquen los coeficientes reductores en la Policía Foral. Y en este punto, si tenemos que hablar de dinero, convendría recordar el «negocio» que históricamente se ha hecho con Policía Foral, detrayendo el Gobierno de Navarra del Convenio Económico con el Estado una cantidad sensiblemente mayor a la que finalmente repercute en nuestro colectivo.

Atendiendo a las manifestaciones de los alcaldes, es claro que esta proyecto de ley permite el crecimiento en todos los aspectos a las policías locales. Sin embargo, al colectivo de Policía Foral la negociación con la señora Beaumont sólo ha reportado el mantenimiento de unas condiciones generales de trabajo que ya están reconocidas en el Estatuto de la Función Pública. Y sólo gracias a la rotunda negativa sindical hemos podido evitar el empeoramiento de las mismas. Por lo demás, sin poder siquiera abordarlos, han quedado asuntos tales como el Reglamento de segunda actividad, la consideración de los sábados y de las fiestas patronales como festivos, el reconocimiento del Servicio Militar Obligatorio o Prestación Social Sustitutoria, la regulación de interinidades y comisiones de servicio, la recuperación de la indemnización del vestuario de paisano, la restricción de las convocatorias de ascenso a policías forales, o la bolsa de hora para la formación policial. Ya por último, el porcentaje por la compra de las 126 horas por compensación de superación de pruebas físicas se aproxima, pero no llega al 20 % que habíamos solicitado.

Realmente sentimos una sana envidia de los alcaldes de esos ayuntamientos navarros cuando elogian el proceso abierto y participativo que se ha seguido en la redacción del proyecto de Ley, al tiempo que ensalzan el trabajo y la actitud constructiva de la consejera Beaumont. A nosotros nos debieron quedar sólo las migajas, pues la imposición y los documentos cerrados han sido una constante en las escasa reuniones de trabajo que hemos mantenido con ella. Este sindicato estima que la Consejería de Interior no ha mostrado el interés debido por la negociación quizás porque ésta, la negociación, se ha sentido como un mero trámite para sacar adelante su idea de Proyecto de Ley de Policías. La Consejería ha planteado las reuniones de manera caótica, desorganizada, sin documentos claros de negociación, y su talante ha resultado impositivo y prepotente, con esas decisiones unilaterales del 20 de junio y el 31 de agosto de cerrar las conversaciones, y con tan sólo dos reuniones en ese tiempo. Así podríamos explicar también esa actitud de la señora Beaumont de echar balones fuera, afirmando que todo el mundo, menos ella, es responsable de la falta de acuerdo, e incluso faltando al respeto a los policías forales. Para la historia quedan esas declaraciones suyas afirmando que “el personal de la Policía Foral no quiere trabajar más y no quiere que se asuman competencias”.

El autor es Presidente de la APF

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