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La rendija

Salesianos y derecho a decidir

Por Ana Ibarra Lazkoz - Lunes, 2 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

escuchando a Laparra el viernes en el Parlamento uno se da cuenta de lo esperpéntica que es la política y de cómo se recolocan como fichas de un tablero de juego sus diferentes actores. Será la cacareada responsabilidad de gobernar y de tirar adelante con el traslado o las amenazas de quienes dicen tienen la sartén por el mango (los curas) pero lo cierto es que en el caso Salesianos hay contratos firmados y refirmados por todos los gobiernos en secreto y cuentas que se revisan cada X años para reformular nuevos repartos. Mientras el portavoz del grupo parlamentario que postuló al vicepresidente, José Miguel Nuín, hablaba de la oportunidad perdida de haber batallado en los tribunales esta “herencia envenenada”, Laparra defendía con la mayor dignidad que cabe el dinero que puede obtener Nasuvinsa de la plusvalías de la operación para financiar parte del plan de vivienda social asumiendo que no había retorno. En realidad nadie ha visto ese famoso convenio de a tres (Gobierno, Salesianos y Pamplona) y en qué medida ataba de pies y manos a la administración. Había fórmulas de reversión, apuntaba Buil en la misma comisión. De hecho Guenduláin duerme en el sueño de los justos hoy por hoy. La primera salida, quizá, renegociando el convenio que ideó UPN, o llevando a los tribunales el PSIS o las torres del Plan Especial por ser contrarios ambos al urbanismo decente, o separando el volumen edificatorio en diferentes unidades sin amontonarlos en un solar. Lo peor de todo, y lo dejó caer Araiz, es que los beneficios del Gobierno están en el aire. Confían en vender ahora lo no adjudicado hace un mes (subasta)... salvo que lleguen mejores tiempos para otros regidores. Como también tiene miga que UPN y PSN vaya dando lecciones al Gobierno de cómo sacar tajada de subastas después de haber querido asegurar la factura de Salesianos con dinero de Vinsa. Pinchó la burbuja pero los números de esta operación que se inició en 2009 siguen siendo de vértigo. 37 millones para la nueva ciudad educativa y 22 para el Gobierno: 11 millones entre gastos, cesiones a Iruña y parcela, y el resto para invertir en VPO. En Sarriguren se han empeñado en que haya residencia, iglesia, polideportivo, campo de fútbol de hierba artificial y tres pistas deportivas... sin contar los tres talleres educativos (de mecánica, electricidad y de artes gráficas y carpintería) y el aulario. El tema se les fue de las manos a todos. La ambición, como bien dice el aita, rompe el saco. Derecho a decidir de quién?

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