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Un voto particular de una de los cinco miembros respalda el decreto original

Socorro Sotés discrepa del dictamen y considera que el texto se adecúa a la legalidad y la realidad social cambiante

Miércoles, 4 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

“El proyecto de decreto no contraviene la normativa vigente en materia de personal”

“No se produce una desproporción en los baremos de méritos teniendo en cuenta la evolución de la lengua”

Pamplona- El Consejo de Navarra no ha tenido una postura unánime. De hecho, una de sus cinco componentes ha dado el paso de adjuntar un voto particular en el que discrepa de las críticas emitidas por sus compañeros de órgano en la parte más sensible del decreto. Al contrario, considera que encaja en normativas superiores como la Constitución, la LORAFNA o Carta Europea de las Lenguas así como en el espíritu de varias sentencias y la evolución social. A la vista de estas discrepancias parece que el decreto es susceptible de diferentes valoraciones jurídicas -el Gobierno también tiene sus propios informes- con las mismas mimbres y referencias por lo que en cualquier caso, si se da un recurso como han anunciado algunos partidos o sindicatos, serían los tribunales quienes se pronunciarían.

Pero aún no se ha llegado a esta fase ya que lo que se ha conocido esta semana es un dictamen, es decir, una interpretación experta pero consultiva. Y la jurista Socorro Sotés, así como el resto de miembros pone “peros” a varios apartados, los apoya jurídicamente con distintas sentencias. Su argumentación incluye también aportaciones que tienen que ver con el devenir histórico de las normas y también de la propia sociedad a la que se deben. En este sentido, no observa cambios tan extremos como señalan sus compañeros respecto a otras normas pasadas en regulaban este campo (en todo caso ve aportaciones para cubrir “vacíos legales”) así como la evolución de la sociedad en 30 años que quiere hacer efectivos sus derechos lingüísticos. Respecto a los derechos como aspirantes a funcionarios, cree que el decreto no cuestiona la normativa más específica para este campo de la función pública. - J.I.C.