Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Un decreto y la vía de en medio

El proyecto ha superado un complejo terreno político, sindical y jurídico

con críticas desde posturas contrarias

Un reportaje de Txus Iribarren. Fotografía Iban Aguinaga - Jueves, 5 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Las consejeras Ana Ollo y María Solana tras la sesión de Gobierno.

Las consejeras Ana Ollo y María Solana tras la sesión de Gobierno.

Galería Noticia

  • Las consejeras Ana Ollo y María Solana tras la sesión de Gobierno.

Se cuenta que el Conde de Romanones acuñó la frase esa de que “ustedes hagan la ley, que yo ya haré el reglamento”. Nadie sabe cómo transcurrieron las reuniones previas al acuerdo programático entre las cuatro fuerzas que apoyan el actual Gobierno ni si la sombra de este político de finales del siglo XIX estuvo encima de la mesa, pero el caso es que la decisión fue dejar como estaba la Ley Foral del Vascuence (luego rebautizada como del Euskera y mejorada gracias a la iniciativa municipal en su redacción) y tratar de desarrollar su normativa inferior revirtiendo la involución realizada por UPN tras los primeros gobiernos de Alli y Sanz en compañía de toda una estrategia de apoyo mediatico-jurídica al constatar que el euskera despegaba. El objetivo era de mínimos y el camino, tortuoso. En parte porque el decreto toca materias muy sensibles (la visibilidad de la lengua por un lado y el acceso a la función pública, por otro) y es un cruce entre dos derechos legítimos: el derecho de una población euskaldun creciente (ya casi más de 100.000 entre hablantes pasivos y activos) y el derecho a ser funcionario en igualdad de méritos;el ciudadano ante una ventanilla y el ciudadano ante una oposición, vamos. Para ponerlo un poco más difícil todavía, el punto de partida -a tenor de los datos expuestos por el Gobierno- no es que era de cero, sino de bajo cero. Por tanto, todo lo que se hiciera parecería mucho para unos (el dictamen habla de aumentos “exponenciales) y muy poco para otros. Y este ha sido el sino que ha acompañado al proyecto de decreto en todo su viaje por los diferentes foros de negociación o discusión: el político, el sindical y, ahora el jurídico. En el primer nivel hubo un fuerte debate interno en el cuatripartito -con I-E y Podemos reticentes y EH Bildu, exigente-, que concluyó con un pragmático consenso. También se dio una discusión externa, en el Parlamento y ruedas de prensa, donde PSN, PPN y UPN lo rechazaron, pero sin amenazar a la mayoría del cambio, mientras desde la otra orilla ideológica, diferentes entidades de euskalgintza lo criticaron por insuficiente. En el plano sindical se repitió el panorama ya que en las mesas de la Administración logró el apoyo crítico de ELA, la abstención de CCOO y el rechazo de LAB, por un lado y, de UGT o Afapna, por otro. Salió de este trance con aportaciones y una mayoría justa. Por eso no es nuevo que esta dicotomía de diferentes visiones haya saltado al ámbito jurídico: dentro del propio Consejo (con el voto particular) y fuera, pues el dictamen choca con los informes del Gobierno. Llegados a este punto, al Ejecutivo le tocará decidir en clave de futuro y servicio público. Si el asunto vuelve al ámbito jurídico -vía recurso- quizá llegaría el momento de contradecir a Romanones. Pero la palabra la tendrían de nuevo los votantes y la mayoría resultante.

Herramientas de Contenido