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Rajoy agiliza el cambio de sedes sociales tras buscar el respaldo de PSOE y Ciudadanos

El Gobierno culpa de la aprobación de la norma a la “irresponsabilidad” de las autoridades catalanas

Sábado, 7 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

pamplona- El Gobierno agilizó ayer el procedimiento para el posible cambio del domicilio social de las empresas catalanas cargándolo en las espaldas del gabinete que lidera Carles Puigdemont, y lo hizo además con el beneplácito del PSOE y Ciudadanos, con quienes aseguró haber abordado el real decreto debido a la demanda desde “amplios sectores empresariales”. El Consejo de Ministros aprobó un decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional, con el que se establece un nuevo marco para agilizar el cambio de sedes sociales de las empresas.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, calificó de “triste” que “empresas importantísimas de Cataluña” hayan decidido abandonar la comunidad autónoma, empujadas por la inestabilidad del proceso independentista. “Esto no es culpa de las empresas”, sostuvo, sino de la “política irresponsable” de la Generalitat, que genera “incertidumbre, inquietud”.

Ante esta situación y a petición de las propias empresas, según fuentes oficiales, el Consejo de Ministros dio luz ver a la norma que se elimina en la práctica que un eventual traslado tenga que pasar por la junta de accionistas. Esta cuestión solo tendrá que abordarse en junta en las empresas cuyos estatutos incluyan una “mención expresa” por la que el consejo de administración no pueda ser competente para el cambio de sede, una puntualización que tendría que incorporarse tras las entrada en vigor del real decreto, prevista para mañana. Al eliminar este requisito, se evita tener que convocar la junta, lo que conlleva generalmente un plazo mínimo de un mes hasta la celebración y la incertidumbre sobre el resultado de la votación en este punto, lo que facilita el procedimiento.

La normativa completa el cambio legislativo de 2015, cuando se modificó la Ley de Sociedades de Capital para permitir que los administradores pudieran cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, si bien incluía una “excepción”, que consistía en que existiera una “disposición contraria” en los estatutos, salvedad que ahora se restringe.

El cambio de domicilio social no implica el movimiento físico de oficinas o empleados y además no tiene que coincidir con el domicilio fiscal. En materia fiscal, los principales gravámenes, impuesto de sociedades e IRPF son estatales y no cambian con el traslado, mientras que los impuestos locales, IBI y actividades económicas, se refieren a establecimientos físicos y no se verían alterados por un cambio de sede. - D.N.

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