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El Estado del Derecho

Por Miguel Izu - Domingo, 8 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

El Estado de Derecho es aquel donde todos, ciudadanos y poderes públicos, se someten al ordenamiento jurídico. Se diferencia de las formas de Estado donde solo los súbditos están sometidos a la ley y los gobernantes hacen lo que les plazca. Los gobernantes están igualmente sujetos a ella y han de existir mecanismos de control para asegurarlo. La garantía del Estado de Derecho reside no solo en unas instituciones y unas normas jurídicas bien diseñadas, sino también en una adecuada cultura política tanto de gobernantes como de gobernados. Unos y otros han de ser igualmente responsables, es decir, exigirse mutuamente el cumplimiento de las leyes y hacerse cargo de las consecuencias de su incumplimiento. Por desgracia, en España ambos requisitos se cumplen de forma deficiente. El marco institucional diseñado por la Constitución de 1978 se ha ido degradando. Contamos con un Tribunal Constitucional desprestigiado, tanto por el partidismo presente en su forma de elección como por la calidad de sus tardías sentencias, lejos de la que alcanzó en sus primeras décadas de funcionamiento, y que ha de aplicar una norma fundamental obsoleta, que no se ha ido actualizando al compás de los tiempos, ineficaz, por ejemplo, para resolver el problema catalán, pero también para garantizar los derechos sociales. El Poder Judicial, al que nunca se le han concedido suficientes medios por mucho que se cacareara su modernización, sufre un análogo desprestigio, derivado en parte de su ineficacia (tenemos leyes penales solo eficaces frente a los robagallinas pero no frente a los defraudadores, explicó gráficamente un presidente del Tribunal Supremo) y en otra parte de la sospecha de politización partidista y escasa independencia, imposible de compensar solo con el esfuerzo personal de tantos buenos jueces, que los hay. También tenemos una multiplicación de normas europeas, estatales, autonómicas, locales, fruto de una diarrea legislativa que no va acompañada de una evaluación sobre su calidad, su viabilidad ni su eficacia, las administraciones públicas simplemente se ven incapaces de asegurar su cumplimiento. Por no hablar de las leyes hechas a medida de determinados intereses no precisamente públicos. Como las leyes se aplican poco, tampoco preocupa mucho irlas adaptando a la realidad.

Pero si falla el aspecto institucional, todavía falla más el aspecto cultural. No tenemos interiorizado el respeto a la ley, ni gobernantes ni gobernados. No como en esos otros países que solemos tener como ejemplo a imitar. Países donde, por supuesto, también se infringe la ley a diario, pero donde al menos tienen la vergüenza de dimitir de un cargo público si les pillanin fraganti aunque solo sea por una multa de tráfico o por el plagio de una tesis doctoral, donde nadie presume de pasarse la ley por el arco del triunfo. Aquí no, el desprecio por el cumplimiento de las normas no afecta solo a las de menor rango (sí, yo también a veces cruzo el paso de cebra con el semáforo en rojo) sino también a las de mayor enjundia. Desde la factura sin IVA hasta llevarse el dinero a paraísos fiscales, desde la corrupción en cargos públicos, que ni las urnas ni los jueces acaban de castigar suficientemente, hasta el menosprecio directo de la Constitución. De un lado, subsiste cierto espíritu ácrata (lo mismo de derechas que de izquierdas) que lleva a desconfiar de la intervención de cualquier poder público y de la aplicación de cualquier ley como esencialmente opresiva;el caso más extremo son esos ultras norteamericanos que viven en una casa-fortín, lejos de todo, bien provistos de armamento de guerra y que se niegan a pagar impuestos o enviar sus hijos a la escuela rechazando toda intromisión gubernamental en sus vidas;aquí también los tenemos, aunque desarmados. El rechazo de todo poder es compatible con la invocación permanente de los Derechos Humanos en la ingenua creencia de que estos se garantizan por sí solos, sin necesidad de un aparato estatal que los haga cumplir y de normas que los desarrollen;el Derecho es malo, los Derechos Humanos buenos, es una infantil concepción jurídica muy extendida. Por otro lado, reina cierto individualismo que de puertas afuera admite la necesidad de leyes e instituciones pero, esencialmente, para obligar a los demás;los listos eluden la aplicación de las normas, pensadas solo para sujetar a los más pringaos, y en su fuero interno piensan que la única ley válida es la ley de la selva y que para sobrevivir más vale ser un depredador más hábil, más competitivo que los demás.

La medida de cómo los gobernantes desprecian el sometimiento al ordenamiento jurídico y lo ven también como una molestia a esquivar, aunque tengan todo el día en la boca el Estado de Derecho, la dio el ministro Montoro el pasado mes de junio cuando, tras ser declarada inconstitucional la amnistía fiscal que él había patrocinado, no solo no admitió ninguna responsabilidad (años ha algún ministro más pudoroso que él, como Corcuera, en similares circunstancias tuvo la vergüenza de dimitir), sino que acudió al Congreso para defender la medida asegurando que había sido necesaria dada la crisis económica. Que recién el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya condenado a España por las devoluciones en caliente en la frontera de Melilla está pasando inadvertido y, por supuesto, nadie responde por ello, ya sucedió en otras ocasiones de sentencias condenatorias por violación de Derechos Humanos (caso Atutxa, doctrina Parot, condena de Gómez de Liaño, denuncias de torturas, etcétera), da igual que España sea uno de los países más condenados de Europa. Incumplir los compromisos adquiridos por la Unión Europea sobre refugiados tampoco quita el sueño.

No resulta sorprendente, pues, que el Gobierno y el Parlamento de Cataluña, en la mejor tradición jurídica española, hayan decidido por su cuenta dejar de aplicar la Constitución. La aplicación selectiva de sus disposiciones ya venía siendo bien tolerada (qué vamos a decir de lo del sistema tributario justo y progresivo, la lucha contra la especulación del suelo, la vivienda digna o el derecho al trabajo), así que han dado otro paso y han decidido ignorar algunos artículos más. Con el precedente de la alevosa reforma del art. 135 de la Constitución operada en doce días del verano de 2011, el legislativo catalán no tuvo problemas de conciencia en aprobar dos leyes para posibilitar el referéndum y la independencia en un par de días con sus noches. Envolverse en una bandera para justificar lo injustificable también es una técnica que en el pasado ha dado magníficos resultados (cómo no recordar la invasión de Iraq, al margen de la ONU, o el Yak-42). Quienes en el pasado no vieron las vigas en el ojo propio ahora ven, perfectamente, las vigas en el ojo ajeno, y se sorprenden de que tantos miles de irritados ciudadanos, catalanes y no catalanes, puedan salir a la calle a defender propuestas que claramente desbordan en Estado de Derecho sin preocuparse por ello. La pedagogía impartida rinde sus frutos. De aquellos polvos, estos lodos.

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