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Por Aingeru Epaltza - Martes, 10 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Aunque oyendo a Esparza y Beltrán pudiera parecer lo contrario, lo cierto es que a día de hoy, 10 de septiembre de 2017, continúa vigente la normativa con la que UPN logró la práctica desaparición del euskera de la Administración Foral. Un decreto de la época de Miguel Sanz (2003) que circunscribía todo vestigio de oficialidad para el idioma a la zona considerada como vascófona y dejaba sin derecho alguno a la mitad de la población euskaldun de Navarra. Por descontado, que al mismo se llegó sin consulta ni negociación con los principales interesados, sino más bien pasando por encima de ellos. Curiosamente, el Consejo de Navarra, órgano consultivo del Gobierno Foral encargado de dictaminar sobre la legalidad de sus disposiciones, no encontró nada objetable en un texto a veces lindante con el macarrismo normativo y bajo el que subyacía una obsesión: que saber euskera no suponga nunca a nadie bajo ninguna circunstancia la menor ventaja para nada. Saber inglés, francés o alemán, sí. Saber macramé, estenotipia, taekwondo y manejo de carretilla elevadora, también. Euskera no. El Gobierno que salió de las urnas en 2015 lleva más de un año con su proyecto de nuevo decreto foral para el que ha recabado la opinión de agentes sociales, partidos, sindicatos, órganos de todo tipo y ciudadanía en general. Ha acabado resultando el decreto más consultado e informado de esta parte de la galaxia. También el más sujeto a correcciones y enmiendas. Sólo faltaba el último trámite, el informe del Consejo de Navarra. Y mira por dónde, con una honrosa excepción, aquellos campechanos togados, coleguitas del yo te pongo y tú me la pones que hace 14 años le hacían la ola a un texto infumable, se disfrazan ahora de severos jurisconsultos pidiendo justificaciones que antes no hacían falta y permitiéndose valoraciones de dudoso carácter jurídico. Más herencia recibida. Menos mal que hay papeleras.

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