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La Justicia desconfía de los Mossos y blinda el TSJC con la Policía

El presidente del TSJC ordena que la Policía Nacional dirija la seguridad del Palau de Justicia ante la posibilidad de que Puigdemont declare la DUI y se cree el Tribunal Supremo de Catalunya

Carlos C. Borra - Martes, 10 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

El jefe de los Mossos, durante los actos de la pasada Diada. Fotos: Efe

El jefe de los Mossos, durante los actos de la pasada Diada. Fotos: Efe

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El jefe de los Mossos, durante los actos de la pasada Diada. Fotos: EfeFurgonetas de los Mossos y la Policía, en el TSJC.

pamplona- El pasado viernes, mientras el major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, declaraba en la Audiencia Nacional como investigado por sedición, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, adoptaba una decisión inédita y de alcance. Se trata de la orden de que la Policía española se encargue de dirigir la protección del Palau de Justicia -donde se ubica este tribunal y la Audiencia de Barcelona- en lugar de los Mossos, que seguirán custodiando el inmueble pero supeditados al Cuerpo español. La razón para ello, explicitada por Barrientos en su auto, es la posibilidad de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, declare la independencia esta tarde en el Parlament. La aplicación de la Ley de Transitoriedad Jurídica, recuerda el juez, supondría suprimir el TSJC y la figura de su presidente, para convertirse en el Supremo catalán. Llama por ello a “extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento”.

La resolución del presidente del Tribunal superior catalán fue dictada con la vista puesta en el pleno sobre el que planea la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que, según la hoja de ruta independentista, debía seguir al referéndum del 1-O. Sin embargo, bajo ese auto subyace otra cuestión: la desconfianza hacia los Mossos d’Esquadra, que ya provocó la investigación de Trapero por los sucesos que siguieron a la detención de 14 cargos del Govern el 20 de septiembre. Miles de personas se movilizaron frente a la sede de la Conselleria de Economía, dejando encerrada en la misma a la comitiva judicial que estaba registrándola, incluidos guardias civiles. Solo pudieron abandonar el lugar en la madrugada del día siguiente después de que el juez que ordenó los arrestos llamara a Trapero exhortándole a que los Mossos facilitaran su salida.

malestarLa actuación de los Mossos volvió a quedar en entredicho durante la misma jornada del 1-O, con acusaciones de inacción en los primeros momentos de la apertura de los lugares de votación. Ello podría provocar la incorporación de estos hechos a la causa abierta en la Audiencia Nacional tras la aportación de un voluminoso informe de la Guardia Civil sobre lo sucedido en esa jornada, en cuyo transcurso este Cuerpo y la Policía española cargaron contra los ciudadanos para impedir que pudieran votar.

La orden del presidente del TSJC de otorgar la seguridad del Palau de Justicia a la Policía entró en vigor ayer mismo, y furgonetas de este Cuerpo acudieron al inmueble situado en el paseo de Lluís Companys, donde ya comparten espacio con los vehículos de los Mossos.

Jesús María Barrientos comunicó también ayer su decisión, en su despacho y por separado, al major Trapero y al jefe superior de la Policía en Catalunya, Sebastián Trapote. La trasladó a su vez al CGPJ y a la juez del TSJC que investiga al Govern por convocar la consulta. En su auto, el presidente del alto tribunal insta a ambos Cuerpos a “preservar la integridad del Poder Judicial y el normal funcionamiento” del TSJC, así como “la independencia de todos los magistrados que lo integran y el ordinario cumplimiento de sus deberes jurisdiccionales”. Ante la “determinación de los responsables políticos de la Generalitat de dar los pasos necesarios para la vigencia y aplicación” de la Ley de Transitoriedad Jurídica, Barrientos busca garantizar “el normal funcionamiento del TSJC y el ordinario cumplimiento de sus deberes judiciales por todos sus integrantes”.

Fuentes de la Policía catalana citadas por Efe destacaron el gran malestar que esta decisión ha provocado en su seno. Agregan que la acatan pese a no compartirla y subrayan que siempre han demostrado su “lealtad absoluta” a los estamentos judiciales, que pretenden mantener.