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Puigdemont declara hoy la independencia bajo amenaza de ser detenido

El Govern se prepara para afrontar hoy una jornada histórica - Alta tensión entre Catalunya y Madrid, que amaga con la cárcel mientras el PDeCAT apunta a una declaración simbólica

Martes, 10 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Carles Puigdemont.

Carles Puigdemont. (EFE)

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Carles Puigdemont.

“Señor Rajoy, esconda a sus pirómanos y permita hablar al pueblo catalán” “Los resultados del 1-O no pueden ser un aval para proclamar la independencia”

pamplona- El Govern de Catalunya se prepara para afrontar hoy una jornada histórica, no solo porque vaya a llevar al Parlament una declaración de independencia, sino porque sus consecuencias son imprevisibles. El president Puigdemont va a comparecer en el legislativo para poner sobre la mesa una declaración de independencia tras el referéndum del 1 de octubre, donde ganó el sí a la ruptura con un 90,18% de apoyos y una participación del 43% del censo. De esa forma, cumplirá lo establecido en la Ley del Referéndum aprobada por los soberanistas, aunque dejará una puerta abierta al diálogo.

Todo apunta a que ese pronunciamiento será simbólico, y no tendrá consecuencias prácticas inmediatas que se traduzcan en una toma de control de las fronteras o la recaudación de todos los impuestos. En su lugar, el Govern podría iniciar un proceso constituyente que se alargue en el tiempo. Se habla ya de un plazo de seis meses para dar margen a que aflore algún tipo de mediación internacional y de la Unión Europea. Sin embargo, el Gobierno español no ha dado muestras de que vaya a modular su reacción ni dejar correr la declaración si es más genérica.

El PP amagó ayer con enviar a Puigdemont a la cárcel, aunque el tiempo dirá si es solo una estrategia comunicativa y una advertencia para disuadir al Govern de que apruebe la declaración, o si verdaderamente el Gobierno de Mariano Rajoy quiere encaminarse al choque absoluto y sin paliativos con el Govern. Las penas de cárcel se sumarían a la previsible suspensión de la autonomía de Catalunya y dinamitarían todos los puentes.

Puigdemont ha aclarado en las últimas horas en una entrevista concedida a TV3 que habrá declaración de independencia: “La declaración de independencia está prevista en la Ley del Referéndum como aplicación de los resultados. Por lo tanto, aplicaremos aquello que prevé la ley. Que nadie se llame a engaño. Nadie se puede sorprender por que hagamos lo que dijimos que haríamos”. La incógnita radica en el alcance que tendrá el pronunciamiento. Es una cuestión que ha generado debate en el PDeCAT, el partido de Carles Puigdemont. La consigna es actuar con inteligencia evitando una declaración muy contundente que no sea reconocida por nadie en el mundo, y que sería contraproducente para sus promotores. La idea es medir su contenido y, de alguna manera, hacer tiempo y abrir un periodo de negociación para propiciar que surja una mediación internacional.

Hay tres factores que apuntan en esa dirección. Por un lado, la coordinadora general de la antigua Convergència, Marta Pascal,declaró el domingo a la cadena británica BBC que se va a aprobar una declaración “simbólica”. En segundo lugar, el eurodiputado Ramón Tremosa mencionó ayer en Onda Vasca el ejemplo de Eslovenia, que “hizo unas elecciones al Parlamento con una especie de Junts pel Sí, sacó mayoría absoluta;intentó negociar con Belgrado, no hubo manera;convocó un referéndum unilateral, lo ganó, y después declaró la independencia y la suspendió durante unos meses con el fin de negociar un referéndum acordado con Belgrado”. En tercer lugar, la Ley de Transitoriedad Jurídica aprobada por los soberanistas habla precisamente de una primera fase de seis meses de negociación. Después llegarían unas elecciones para conformar un Parlament constituyente, esa asamblea redactaría una Constitución catalana que se votaría en referéndum, y se convocarían las primeras elecciones del Estado propio catalán.

El problema para el Govern es la actitud del Gobierno español, que no va a prestarse a negociar la independencia ni un referéndum pactado. Quiere responder con el Código Penal en la mano, aunque hoy se apruebe una declaración más ligera que ponga en suspenso la independencia durante unos meses. El PP especula abiertamente con encarcelar a Puigdemont, una decisión que llevaría el conflicto a un nuevo nivel y multiplicaría la tensión. En círculos soberanistas hay quien habla ya de muros humanos para evitar que el president sea arrestado.

La ANC y Òmnium, de momento, llamaron ayer a concentrarse en las inmediaciones del Parlament para blindar la sesión de hoy, que arrancará a las 18.00 horas. Se da la circunstancia de que la concentración tendrá lugar en la avenida Lluís Companys, el president encarcelado por proclamar la independencia en la República, y posteriormente fusilado por el franquismo. El PP trajo ayer a colación ese ejemplo en unas declaraciones que contribuyeron a caldear los ánimos. También amenazó con penas de entre 15 y 25 años de cárcel.

Mariano Rajoy se reunió ayer con el comité de dirección del PP y le trasladó su apuesta por actuar con “mano firme y sin complejos”. “Vamos a impedir la independencia de Catalunya. Tomaremos las medidas que sean necesarias para impedirla. La separación de Catalunya no se va a producir, y el Gobierno hará lo que haga falta para que así sea”, dijo el vicesecretario Pablo Casado, leyendo textualmente la intervención de Rajoy.

Moncloa quiere utilizar los resortes de la Constitución española y el Código Penal. La Constitución le faculta a suspender la autonomía catalana en aplicación del artículo 155. Puede tomar las medidas que considere oportunas, porque la Constitución no fija límites y el PP tiene la mayoría absoluta necesaria en el Senado.

Además, Casado rechazó de plano la mediación internacional porque España “no es Sudán” ni “Yugoslavia”. “Nadie tiene que mediar nada porque no cabe mediación de España con España, porque Cataluña es también España, una parte esencial hasta el tuétano”, enfatizó, para insistir en que no tienen nada que “mediar ni negociar con los golpistas” porque “no se puede dar nada a cambio para que alguien deje de incumplir la ley”.

“Igual que el 23-F, Don Juan Carlos y la sociedad española no negoció ni con Armada ni con Tejero, está muy bien que el Rey y el presidente del Gobierno ya hayan dicho que no hay nada que ceder y pactar con Puigdemont y Junqueras, que son unos golpistas”, exclamó el vicesecretario de Comunicación del PP.

Así pues, lo más probable es que la intervención del Estado sea total, con la suspensión del Govern en pleno, su eventual detención y la convocatoria de elecciones en Catalunya. El PP también citó ayer las penas de “15 años por sedición y de 25 años por rebelión”, que podrían aplicarse al Govern y a la ANC y Òmnium.

En las últimas horas ha sobrevolado la idea de activar los estados de excepción y sitio, dos escenarios muy críticos que supondrían la quiebra de libertades y derechos fundamentales, y facultarían al Gobierno español a realizar registros domiciliarios, violar el secreto en las comunicaciones y detener a sospechosos de alterar el orden público. - D.N.