Ruptura de España

Por Patxi Aranguren Martiarena - Jueves, 12 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

En 1906 había 24 estados en Europa, hoy son 50. El último en nacer fue Kosovo, una exprovincia de Serbia, a la que no reconocen todavía varios países, entre ellos España. 50 estados pueden parecer muchos para el continente más pequeño de la Tierra, pero hay sitio para más, según expertos en Historia contemporánea y Derecho internacional.

La república catalana quiere volver a nacer de nuevo. Ya fue proclamada en dos ocasiones: en 1640 por Pau Clarís y en 1931 por Francesc Maciá. Ahora le toca el turno a Carles Puigdemont. Este gerundense va a declarar la independencia en cumplimiento de las leyes aprobadas por la Cámara catalana. Según la ley de referéndum, el resultado de la votación tiene carácter vinculante. Basta con que el sí obtenga más votos que el no para que se proclame la independencia. Si el president proclama la independencia en el Parlament, habrá consumado el delito de rebelión. Esa proclamación sería la consumación del delito con el acto formal. Sin embargo, hay fuentes que explican que en realidad ya se puede perseguir a Puigdemont por un delito de sedición. Desde luego, si el president ya ha cometido delito de rebelión, poco más se le va a agravar su pena aunque declare el Estat catalá. Eso sí, pasará a la historia para muchos como un gran héroe.

El artículo 472 del Código Penal recoge que son reos del delito de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de los fines siguientes (...) “como el de declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. El tipo penal añade: “los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo”.

Que la declaración de independencia de una nación sea ilegal no es un obstáculo insalvable para que, si la desconexión de facto se prolonga, acabe produciendo consecuencias políticas y jurídicas, e incluso el reconocimiento internacional. Teniendo en cuenta que casi todas las constituciones del mundo proclaman la indisoluble unidad de cada Estado, y que en los últimos 20 años se han creado solo en Europa más de 20 estados, habrá que concluir que el nacimiento de un Estado es una cuestión de hecho y puede proclamarse de facto y acabar teniendo consecuencias políticas. La práctica totalidad de las independencias consolidadas en Europa en el último medio siglo eran ilegales conforme a la Constitución interna.

¿Cuándo sería efectiva la independencia catalana? En el momento en el que el ordenamiento español dejase de aplicarse en Cataluña sin que el Estado pudiera hacer valer su autoridad. Esto nos remitiría a una insurrección generalizada. La única posibilidad que tendría el Estado es enviar el Ejército para imponer el orden. Es decir imponerse por las armas, porque sin el despliegue de las Fuerzas Armadas del Estado, los catalanes seguirían sin cumplir las leyes españolas. Si la situación de rebeldía es aceptada por la ciudadanía durante un tiempo prolongado, el suficiente como para desarrollar la desconexión total con el ordenamiento español, entonces la independencia se haría efectiva. Ante la eventualidad de una situación prolongada del Ejército español en territorio catalán, muchos países acabarían reconociendo al nuevo Estado para evitar dejar desprotegidos sus intereses en Cataluña.

¿Qué consecuencias económicas tendría la ruptura con Cataluña? El Banco de España ya ha reconocido que la tensión política generada por el desafío independentista es un riesgo para la economía. Las tensiones nunca son buenas para la economía, no tanto por lo que se deja de crecer, sino por las oportunidades que se pierden. Para continuar con este ciclo de crecimiento económico lo que necesita el Estado español es que las empresas crezcan y atraigan inversión, pero para conseguirlo se necesita en primer lugar estabilidad. Esa falta de estabilidad podría traducirse en un aumento de la prima de riesgo.

Según los expertos, la desconexión catalana tendría un efecto catastrófico desde el punto de vista económico para el Estado español. En economía, el tamaño importa, y mucho. Cataluña representa en torno al 19% del PIB español, esto es, prácticamente una quinta parte de la riqueza nacional. Además, es una región con un peso muy destacado en las exportaciones. En concreto, el 26% de los bienes totales que exporta España proceden de Cataluña. Y de esas exportaciones más de la mitad -alrededor del 54%- son realizadas por empresas grandes, muchas de las cuales son multinacionales que ya han anunciado que ante un escenario de desconexión trasladarían su sede a otra localización que podría ser fuera de España. Por tanto, de consumarse el plan secesionista, la balanza comercial española, que tanto ha mejorado en los últimos años, sufriría un duro revés.

Todos los sectores económicos sujetos al comercio se verían afectados, sin ninguna excepción. La salida de Cataluña de España obligaría a reorganizar todas las redes de distribución del Estado. Hay empresas españolas que operan en varias comunidades autónomas o que tienen redes repartidas por todo el territorio español. Todo esto se vería agravado por el hecho de que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea. Esto significaría nuevos aranceles para el comercio y las exportaciones. Pero donde el shock sería mayúsculo es en el sector industrial por el destacado peso que éste tiene en Cataluña. La industria catalana sufriría un gran impacto que contagiaría a todas las empresas e industrias de suministro que nutren a esas industrias desde otros puntos de España. Junto al comercio y la industria, también sufrirían los servicios.

España también sufriría en el ámbito fiscal. Cataluña es la comunidad más rica, lo que implica que hay una transferencia neta de riqueza desde Cataluña al resto de España. La consolidación fiscal saltaría por los aires y el PIB también sufriría sin la riqueza catalana, por lo que el desfase del gasto público en relación a la riqueza nacional empeoraría. En este escenario, las alternativas del Gobierno español serían subir impuestos, reducir gastos o incurrir en default.

La ruptura entre Cataluña y España también sería perjudicial para la primera: Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea y ello implicaría cerrarse por mucho tiempo las puertas de un mercado formado por 28 países que suman una población de más de 500 millones de personas. La pregunta que surge es: ¿por qué no negocian?

El autor es economista de la Universidad Pública de Navarra