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¿Repensar la Constitución o involución centralizadora?

Por Joseba Santamaria - Domingo, 15 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

la crisis institucional, política y social abierta en Catalunya ha puesto de nuevo sobre la mesa de debate la necesidad de reformar la Constitución de 1978. Pero no para modernizar su contenido para atender las necesidades de las nuevas generaciones y para recuperar los derechos sociales, políticos y laborales que se han ido laminando o eliminando en estos 40 años. Al contrario, la reforma constitucional se plantea una vez más con un cierre de filas autodefensivo de PP, PSOE y Ciudadanos que excluye a una buena parte de los ciudadanos del Estado que suman cerca de 6 millones de electores. El intento de continuar con el régimen bipartidista de 1978 con una blanda restauración está destinado al fracaso y apunta a que si no se toman medidas de regeneración democrática puede derivar en un Estado fallido. O hay una reforma regeneracionista profunda del sistema político, que separe con absoluta transparencia y control democrático la gestión pública de las exigencias privadas, o todo acabará en el garete. Es necesario poner fin a todo este gigantesco entramado de hipocresía, cinismo y falsedades que abarca a los dos principales partidos españoles y a buena parte de las instituciones del Estado y al entramado económico y financiero. El modelo democrático instaurado en 1978 se ha revelado como una enorme impostura en el que el cruce de los intereses particulares se impusieron a la ética democrática y acabaron irrumpiendo en el control de la toma de decisiones políticas y en un asalto indigno a los recursos públicos, a la separación de poderes y a las principales instituciones garantistas de un Estado democrático. La democracia exige una profunda renovación, pero es evidente que quienes han venido protagonizando esta interminable sucesión de escándalos y abusos -empezando por el propio presidente Rajoy-, no pueden liderar ese proceso, si lo que se pretende es recuperar la credibilidad social, organizar un nuevo modelo de vertebración social y territorial, recuperar la independencia de los altos tribunales o reimpulsar la influencia de los valores democráticos de la ética humanista y la justicia social. Y en ese contexto de cambio constitucional reaparece el guadiana foral de la eliminación de la Transitoria 4ª. A Navarra, a la mayoría de su sociedad, no le preocupa la Transitoria 4ª, más allá de que es la única garantía constitucional que avala un derecho de decisión propio en el Estado. La matraca política de su supresión es sólo un residuo del discurso más viejo de UPN, que pasea cuando no tiene otra cosa que decir. Lo que a Navarra le debiera empezar a preocupar es la ofensiva del PP y Ciudadanos -y quién sabe si también del PSOE de Sánchez-, para impulsar, con la excusa de Catalunya, una reforma de la Constitución que ya se desvela en sus objetivos principales como un nuevo impulso centralizador y uniformador. El Estado aún tiene importantes transferencias pendientes de trasladar a Navarra y el Gobierno del PP sigue sin firmar la renovación del Convenio Económico, pero su pretensión indisimulada es laminar el autogobierno y poner límite al reconocimiento constitucional de los derechos históricos. Una vía de confrontación política antes que un camino para solucionar los problemas de vertebración territorial y social y de modelo de gobierno -la continuidad de la Monarquía estará excluida del debate-, que siguen pendientes en el Estado.

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