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Periko Ibarra catedrático jubilado de ciencia política de la UPV

“La vía para derogar la Ley de Amnistía de 1977 está en el derecho internacional”

I. Fradua - Domingo, 15 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

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pamplona- ¿La Ley de Amnistía de 1977 puede considerarse una ley de punto final?

-Se consideró por muchos, sobre todo por los que se mantuvieron en el poder con el cambio de régimen, como una ley de punto final. Desde luego, y desde mi punto de vista, es muy discutible. Luego hay legislaciones y organismos internacionales que dicen que no, porque algunos delitos de los amnistiados son delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles y por lo tanto deben de ser investigados.

¿Cuál era el contexto en la que se cocinó esta ley?

-Conviene recordar, y me siento parte de ese recuerdo, que los años 1976 y 1977, conseguir la amnistía era como un símbolo de que se había acabado el régimen. En eso se centró toda la lucha, con movilizaciones, huelgas, protestas... Ese era el objetivo. Y creo que cuando se logró mucha gente que no hubiese tolerado la condonación de los tribunales del franquismo en circunstancias menos emotivas o menos tensas. Quizás, debíamos haberlo pensado un poco más, en sentido de que ciertamente los presos salieron pero también fue una ley que establece un punto final para crímenes de un régimen entero, no de personas concretas.

¿Es posible derogar esta ley?

-Hay vías legales con las que se puede derogar, pero no es fácil. No solo por razones legales, sino por razones políticas evidentes. El actual régimen español es evidente que no va a dejar que eso pase.

¿La Ley de Amnistía choca con algún artículo de la Constitución, como algunos juristas afirman, o la derogación se podría abrir paso?

-La vía para la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 está en el derecho internacional, que establece que determinados crímenes que no prescriben por su carácter de genocidio, graves violaciones de derechos humanos o torturas. Ahí está el agarradero para dar vuelta a la ley. Pero, claro, es un agarradero que, como toda ley, está sujeta a interpretación y son los jueces los que deben interpretarlo. Y, francamente, no veo a los jueces de la Audiencia Nacional condenando a policías o políticos de la época franquista. Me parece un escenario impensable en la actualidad. Y repito, no solo por razones legales, sino por una cuestión política evidente.

Varias instancias de la ONU han pedido su derogación. ¿Qué opinión le merece?

-Ha habido y hay presiones de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entidades institucionales y sociales de gran peso. Pero la verdad es que soy muy pesimista. Está abierta la vía argentina, y por ahí se está viendo un poco de luz. Ha avanzado, porque hace algunos años no había nada y hoy en día hay algunos jueces que parece que podrían asumir este asunto. En todo caso, es un camino muy difícil.

¿Cómo es posible que la Justicia española condene al exmilitar Adolfo Scilingo a 640 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina pero que la jueza María Servini, de ese mismo país sudamericano, vea obstaculizada su causa contra algunos crímenes de la etapa franquista?

-Es una paradoja. Demuestra que lo que está en juego no es tanto un debate legal, porque con el debate legal en la mano habría que condenar unos hechos y otros bajo el mismo rasero. El genocidio en Argentina está castigado en cualquier Estado, porque para eso está la Justicia universal, por lo que aquellos delitos producidos en el franquismo deberían de ser castigado igual. Es un debate político y el Estado español no está dispuesto a condenar bajo ningún concepto a sus anteriores gobernantes.

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