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promulgada en plena Transición como norma básica

Una ley sin punto final

La Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, ideada para pasar página de la Guerra Civil y la dictadura, cumple hoy 40 años de vigencia sin satisfacer a aquellos que buscan arrojar luz sobre la sombra de los crímenes franquistas

Un reportaje de Imanol Fradua - Domingo, 15 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Exhumacion de la fosa donde estaba enterrado un gudari en Mendata.

Imagen de archivo de una exhumacion de una fosa donde estaba enterrado un gudari en Mendata. (DEIA)

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Exhumacion de la fosa donde estaba enterrado un gudari en Mendata.Exhumacion de una fosa en Mendataen la que se halló el cadáver de un gudari.

promulgada en plena Transición como normativa básica para la consolidación de la entonces incipiente democracia española, la Ley de Amnistía de 1977 cumple hoy 40 años. Presos políticos, pero también innumerables funcionarios y agentes del orden público, obtuvieron la extinción de la responsabilidad criminal derivada de los delitos de intencionalidad política cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976. Pasadas cuatro décadas, la trayectoria de la ley ha generado más sombras que luces, al menos a la vista de las críticas vertidas por organizaciones de los derechos humanos, entidades en defensa de las víctimas del franquismo y de organismos internacionales, como el Comité de los Derechos Humanos de la ONU. Ideada como ley de punto final, miles de crímenes de la Guerra Civil y la dictadura han quedado en la más absoluta impunidad.

La lista de delitos borrados por la Ley de Amnistía es larga. Entre ellos están la rebelión, la sedición, la objeción de conciencia a la prestación del servido militar, la denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política o los actos de expresión de opinión. Pero también quedaron sin efecto “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público”, a los que les fueron restituidos sus derechos activos y pasivos, así como la reincorporación a sus respectivos cuerpos. En ese borrón y cuenta nueva se incluyen los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil, por lo que la Ley de Amnistía es un obstáculo imposible de saltar para quienes incluso 80 años después buscan la memoria, la reparación y la justicia para sus fallecidos. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial han obstaculizado cualquier intentona de investigarlos.

La de 1977, no obstante, no fue la primera amnistía. Un año antes se decretó otra, aunque parcial y que no incluía los delitos tipificados como terroristas. No satisfizo a la mayoría política de entonces. Menos gustó a las aspiraciones que en la CAV brotaban y que tuvieron su punto álgido en la semana proamnistía de mayo de 1977, que se prolongó del 8 al 16 de mayo de ese año. Las movilizaciones, duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, generaron 7 muertos. La tensa situación impactó de lleno en un revuelto contexto político, lo que hizo que se promulgaran otros dos decretos reales que ampliaron la amnistía hasta llegar a indultar a 3.905 personas, con medidas de gracia para algunos encarcelados por pertenencia a ETA que estaban recluidos por delitos de sangre. En todo caso, Francisco Aldanondo, Ondarru, fue el último indultado por la amnistía de 1977. Según cifras de medios de comunicación de la época, unos 150 presos políticos vascos fueron liberados ese mismo año. Aldanondo murió tiroteado por la Guardia Civil dos años después.

A pesar del amplio número de presos que obtuvieron exenciones a sus penas, la Ley de Amnistía de 1977 ha estado rodeada de críticas prácticamente desde su nacimiento. Pero ha sido en los últimos años cuando más controversia ha generado, especialmente por las denuncias de colectivos memorialistas, entidades en defensa de los derechos humanos e incluso instancias internacionales como la ONU. Muchas han sido las voces que se han alzado contra esta normativa por ser la herramienta perfecta para archivar de manera sistemática las denuncias contra los crímenes de la dictadura y la Guerra Civil, tales como las desapariciones forzosas o las torturas. Amnistía Internacional, de hecho, contabiliza hasta nueve obstáculos impuestos por los poderes judicial, legislativo y ejecutivo en menos de 15 años.

denuncias de la ONUAmnistía Internacional apela a que desde 2003 “al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han recordado a España que las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, son incompatibles con sus obligaciones internacionales”, adquiridas incluso antes de que la Ley de Amnistía de 1977 entrara en vigor. Además, lamentaron a que “se tomen las medidas legislativas necesarias para asegurar que no sea un mecanismo de impunidad”.

La normativa ha sido tratada en numerosas ocasiones en las instituciones estatales, pero nunca se ha logrado derogar la normativa. Además de diversas iniciativas parlamentarias que cayeron en saco roto, la Audiencia Nacional también ha examinado casos concretos. “En el ámbito judicial, en noviembre de 2008, la Audiencia Nacional se inhibió de la querella presentada en 2006 por crímenes contra la humanidad en España entre 1936 y 1951 (que recogía 114.266 casos de violaciones de derechos humanos) a favor de numerosos juzgados territoriales. 47 causas que afectaban a miles de casos se abrieron”. Amnistía Internacional tuvo acceso a 38 de ellas, “todas archivadas, y en al menos 11 de las resoluciones se hizo mención expresa a la Ley de Amnistía”. En lo que respecta al Tribunal Constitucional, este órgano judicial “invocó la Ley de Amnistía para cerrar la puerta en España a investigaciones judiciales” con su sentencia de 2012 del caso Garzón. El que fuera conocido como superjuezfue investigado -y absuelto- por excederse en sus competencias al investigar crímenes del franquismo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por último, rechazó en dos ocasiones las solicitudes de extradición a Argentina de 19 españoles acusados de cometer crímenes de derechos internacional en la Guerra Civil y el franquismo, entre los que se encuentran los exministros Rodolfo Martín Villa -por los sucesos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-;o exmiembros del Ejercito y las fuezas de seguridad el Estado como el capitán Jesús Muñecas o el agente Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, en ambos casos por denuncias de torturas. “La Fiscalía General del Estado emitió una orden interna el 30 de septiembre de 2016 instruyendo a los fiscales territoriales para que rehusaran las peticiones de auxilio judicial internacional desde Argentina -la causa abierta por la jueza Servini-, amparándose, entre otros argumentos, en la Ley de Amnistía”, concluyen.