Editorial de diario de noticias

Retroceso hacia la desdemocracia

La prisión incondicional contra Sànchez y Cuixart confirma una involución sostenida para desactivar los preceptos legales que deberían proteger los derechos individuales y colectivos democráticos perseguidos durante el franquismo

Miércoles, 18 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

la orden judicial de ingreso en prisión incondicional de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, emitida por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela constata mucho más que la utilización de la justicia por el Gobierno del Estado en el conflicto político que mantiene con Catalunya y, en consecuencia, el quebranto del principio fundamental de la división de poderes. Más incluso que la desvergüenza en la interpretación de las leyes y sentencias -el procedimiento exagerado con medidas penales graves y de excepción como la prisión preventiva incondicional se asemeja mucho, además de ser la misma magistrada, a lo ocurrido hace casi un año con los jóvenes de Alsasua implicados en una pelea nocturna con dos agentes de la Guardia Civil-, y la ignorancia de principios fundamentales de la Constitución en su aplicación con el único fin de que conduzcan a un determinado objetivo político, como muestra un auto judicial repleto de contradicciones e interpretaciones sui géneris sobre lo acontecido en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre -únicos actos sobre los que se debía pronunciar la juez-, basta para achacar a Sànchez y Cuixart responsabilidad en la organización del 1-O (la nulidad de cuya ley no la dictó el TC hasta ayer) obviando preceptos constitucionales. Por ejemplo, los explicitados en el art. 9.3 (que garantiza la irretroactividad de disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica...), en el 10.2 (las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos....), en el 16.1 (se garantiza la libertad ideológica...) y en 16.2 (nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología...), en el 20.1.a (libertad de pensamiento y opinión), en el 21.1 (derecho a reunión pacífica y sin armas sin autorización previa), el 24.1 (derecho a tutela efectiva de los jueces) o en el capítulo IV sobre las garantías de las libertades y derechos fundamentales. En realidad, lo que confirma el auto de la juez Lamela es un gravísimo y sostenido -ahora acelerado- proceso que se ha venido llevando a cabo durante décadas en el Estado español mediante la ignorancia, anulación o tergiversación de principios legales que cuando fueron incluidos en la Constitución de 1978 pretendían servir de protección a los derechos democráticos individuales y colectivos que habían sido coartados y perseguidos durante la dictadura franquista. La desdemocracia.

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