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Economía no contempla la independencia pero culpa a Catalunya de la caída del PIB

Rebaja tres décimas el crecimiento para 2018 y alerta de que ya son 700 las empresas fugadas

Miércoles, 18 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

pamplona- La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, sostuvo ayer que el enfriamiento de las previsiones económicas de 2018 por parte del Gobierno, que ha rebajado el aumento del PIB del 2,6% al 2,3%, contempla solo la incertidumbre derivada por la situación política en Catalunya, pero no un escenario de crisis o de independencia. Durante su intervención en el foro Cinco Días, Garrido indicó que el impacto del desafío independentista en Catalunya “acaba teniendo incidencia en el ámbito económico” y puntualizó que en el enfriamiento de las previsiones económicas para 2018 recogido en el plan presupuestario que envió el lunes el Gobierno a Bruselas solo se ha reflejado el efecto de la incertidumbre generada en el mercado por la situación en Catalunya, pero no de una hipotética independencia, ya que los efectos serían “mucho mayores”.

Garrido aseguró que ese escenario “no va a ir más allá”, ya que la independencia “no se va a producir”, por lo que el borrador presupuestario enviado a Bruselas ni siquiera recoge el impacto de la crisis política catalana en el más corto plazo. De hecho, el Gobierno ha elevado en una décima, hasta el 3,1%, la previsión de crecimiento del PIB para este año.

La situación en Catalunya “está generando inquietud, incertidumbre y una situación muy dura, está influyendo en la propia sociedad catalana y en la economía catalana”, advirtió Garrido, quien insistió en que en el corto plazo los indicadores no reflejan una modificación del crecimiento por este asunto y ha destacado que hasta ahora la evolución económica de Catalunya iba “muy a la par” de la española.

En este sentido, recordó que España creció un 3,3% en 2016 y la economía catalana lo hizo una décima por encima, al verse “favorecida” por el proceso de recuperación económica y ser una economía “enormemente abierta”, que aprovechó el impulso de las exportaciones y la que más se ha beneficiado de los fondos de liquidez del Estado.

Según Garrido, el éxodo de empresas de Catalunya es el reflejo de que una hipotética independencia sería un “suicidio económico”, ya que “nadie” puede pensar que se produjese su salida de los tratados comerciales de la UE o que hubiese fronteras físicas entre Zaragoza y Barcelona.

De hecho, unas 700 empresas, la última el fabricante de productos de alimentación Pastas Gallo, han trasladado su sede social desde Catalunya a otros puntos de España desde la celebración del referéndum del 1 de octubre hasta el lunes, según datos del Colegio de Registradores de España conocidos ayer. En sentido contrario, desde el 2 de octubre hasta el lunes han llevado su domicilio social a Catalunya 38 empresas, lo que deja un saldo negativo de 662. El decano del Colegio de Registradores de Catalunya, Luis Suárez, apuntó ayer que la situación política está provocando la salida de unas 150 empresas al día.

Además, la secretaria de Estado advirtió de que la independencia catalana tendría una repercusión “claramente financiera”, ya que conllevaría su salida del euro, de forma que las entidades financieras con domicilio en Catalunya no podrían acceder a ventanas de liquidez europeas, a lo que se suma que el Gobierno central es el principal acreedor de Catalunya y el segundo el BEI, con unos fondos estructurales de 4.600 millones de euros para el periodo 2017-2020 que “se perderían”. En suma, se produciría un “empobrecimiento” de la población, con restricción del crédito, tensiones presupuestarias al haber menos ingresos tributarios, y conllevaría un proceso inflacionista debido a la necesidad de financiar déficit emitiendo deuda, un “desastre” de fuga de capitales y falta de confianza.

presupuestos congeladosPara Garrido, esta crisis catalana también ha paralizado la elaboración de los Presupuestos del Estado para 2018, aunque el Gobierno aún confía en sacarlos adelante “cuando la situación se normalice”, por lo que apeló al consenso de todos los partidos para que “hagamos un esfuerzo”. En este sentido, indicó que la prórroga durante 2018 de los presupuestos de 2017 supondrá la congelación de los salarios públicos y una revalorización de las pensiones (del 0,25 %), lo que además crea incertidumbre en la economía española y catalana.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), por su parte, ha rebajado dos décimas, hasta el 3%, su previsión de crecimiento de la economía española para este año, según informó la patronal, que en julio había pronosticado un alza del PIB del 3,2%. La previsión de la CEOE es una décima inferior a la estimada por el Gobierno.

Y según la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, el turismo español crecerá este año un 3,1%, un punto menos de lo previsto, si persiste la actual tendencia de caída de las reservas de un 20% en Catalunya por el desafío soberanista. - D.N.

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