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Convenio Económico, de palabras a hechos

El anuncio de Montoro de que antes de finalizar el año habrá un acuerdo para la renovación del Convenio Económico es una buena noticia que debe concretarse lo antes posible por su influencia en los Presupuestos de Navarra para 2018

Jueves, 19 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:09h

el anuncio del ministro Montoro de que antes de finalizar el año habrá un acuerdo entre Navarra y el Estado para la renovación del Convenio Económico es una buena noticia, si se cumple ese compromiso anunciado ayer en el Congreso. La renovación del Convenio Económico -que el Estado ha mantenido paralizada unilateralmente desde 2014, incluso cuando sus socios de UPN estaban al frente del Ejecutivo foral- ha sido una de las apuestas políticas claves del Gobierno de Barkos. De hecho, pese a las reticencias iniciales del Gobierno del PP, en este tiempo, sobre todo a partir de la pasada primavera, se ha impulsado una negociación política, técnica y económica sobre el Convenio para actualizar el cálculo de la aportación de Navarra al Estado y el coste de las competencias transferidas. El resultado de las negociaciones técnicas -que mantiene los índices de solidaridad general de Navarra con el Estado e incluye consenso sobre impuestos indirectos como el IVA y los hidrocarburos- estaba pendiente de la firma política y esta, a su vez, de los avatares políticos del Gobierno de Rajoy. Por ello, las buenas palabras de ayer de Montoro, incluidas en una respuesta a una interpelación de Aitor Esteban (PNV) sobre la firma del Concierto de la CAV, y las buenas intenciones no son suficientes, necesitan de hechos objetivos que las avalen y las hagan políticamente creíbles. Porque el Convenio debía haber sido renovado hace tres años y sigue, a la espera de que las palabras de Montoro se traduzcan en una firma oficial, en punto muerto. Más aún cuando los técnicos de Hacienda Foral mantienen que el actual acuerdo es perjudicial para Navarra, que asume un sobrepago en su aportación al Estado cada año que lastra financiera y presupuestariamente la capacidad de inversión pública para la reactivación económica y laboral de Navarra. Se trata de la defensa de los intereses generales de los navarros y navarras y de la defensa de las capacidades del autogobierno. De hecho, Navarra, independientemente de qué partido o modelo político gobierne, se juega -como cada vez que se negocia el Convenio con Madrid- buena parte de su capacidad de desarrollo en un siglo XXI que llega con importantes cambios en el modelo socioeconómico de Europa y en un momento en que las posiciones recentralistas y uniformadores ganan terreno. El autogobierno es garantía de avance social, económico y cultural y el Convenio es, en ese contexto, un instrumento político, fiscal y financiero fundamental.

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